Ciudad de México — Luego de una serie de fracasos administrativos y de reformas a la ley eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente Andrés Manuel López Obrador juega su última carta para lograrlo: cambiar la Constitución mexicana.
El político tabasqueño envió la semana pasada una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para su revisión y votación, pero que antes será analizada por la Comisión de Energía, presidida por Manuel Rodríguez González, un personaje clave que junto con el resto de los integrantes del grupo determinará los primeros cambios a la iniciativa, o bien, dejar pasar sin filtro al Pleno para su aprobación o rechazo.
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Bloomberg Línea conversó con el diputado sobre la propuesta y sus implicaciones, ampliamente criticada en los últimos días por el gremio empresarial mexicano, el cual aglutina inversiones por US$44.000 millones en el sector eléctrico del país.
Rodríguez González es diputado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante y fundado por el propio López Obrador en 2014, un año después de promulgarse la reforma energética que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto para impulsar la apertura del sector en temas de petróleo y electricidad.
El legislador asegura en entrevista que, al igual que Morena, están abiertos a negociar la reforma.
“Todas las iniciativas tienen algún tipo de cambio y normalmente es para mejorar la propuesta. Seguramente, lo que finalmente se dictamine va a estar enriquecido, sobre todo porque vamos a escuchar a todos, y si son planteamientos que puedan mejorar y robustecer la iniciativa, así será”.
El diputado se inclinó por la importancia de hacer ajustes a la Constitución ante escenarios y modelos del sector energético que están cambiando. Considera la pretensión del Estado de que CFE tenga el control y regule el sistema eléctrico nacional como “un cambio vital” para garantizar la seguridad eléctrica del país, “sin hacer una nacionalización”, dijo, pero sí con un cambio de reglas.
El Gobierno ha iniciado campañas publicitarias los últimos días para enfatizar la postura de que con la iniciativa no solo gana el Estado y el sector privado, sino los usuarios con servicio de calidad y tarifas más económicas.
Bloomberg Línea: Se habla de modificar las reglas y que ganen todos, pero la iniciativa propone desaparecer reguladores y regresar al operador del sistema eléctrico, el Cenace, a las filas de CFE. ¿No es un abuso que CFE sea juez y parte en el despacho eléctrico?
Manuel Rodríguez: El modelo que defienden los privados es el que está haciendo crisis en Europa. Habría que preguntarle a los británicos, por ejemplo, qué piensan de que en tan solo un año se haya incrementado la tarifa eléctrica en 362% o de agosto a septiembre haya aumentado 77%. Dejar un sector estratégico como el eléctrico a los privados solamente genera este tipo de problemas. Hay una crisis profunda también en Alemania, Portugal, Francia y España, prácticamente en toda Europa precisamente por dejar las cosas de un área tan sensible como es la energía eléctrica en manos de los privados. Acá, primero que todo, se garantiza que las inversiones que están en marcha van a continuar y van a tener su espacio de participación, no se va a cuestionar o afectar las inversiones.
A veces cometemos el error de decir, “han traído tantas inversiones”. Honestamente, la inversión ha sido infinitamente menor a lo que anuncian en sus comunicados, porque la mayor parte de los recursos que han empleado ha salido de la banca mexicana, es decir, recursos de los propios mexicanos, han traído sus empresas y tecnologías, pero el recurso mayoritariamente ha sido mexicano, de acuerdo a los informes de las autoridades competentes.
Ellos han traído los proyectos y han conseguido créditos en México de bancos mexicanos, incluso banca de desarrollo mexicana. No tienen de qué preocuparse, está garantizado en la propuesta que la CFE tendrá un 54% del mercado y ellos 46%, es un mercado enorme el mexicano, muy atractivo.
“En otras latitudes, las empresas privadas participan con reglas muy severas y, aun así, allí están porque es negocio”
Manuel Rodríguez González, diputado y presidente de la Comisión de Energía
Ningún país fuera de México les ofrecía tantas ventajas económicas. En algunos casos, llegan a tener utilidades que pueden llegar hasta 500%.
BL: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dijo que los legisladores mexicanos tienen la responsabilidad de velar por el interés del país. ¿Qué significa para usted ese interés nacional en materia del sector eléctrico?
MR: Significa que el bien a tutelar es de las grandes mayorías. En ese sentido, tenemos que ser congruentes con el mandato ciudadano en nuestros respectivos distritos de que velemos y cuidemos por sus intereses. En este caso, yo soy de Tabasco. Una de las principales exigencias de la gente, por el clima que tenemos, es que bajen las tarifas eléctricas y eso no ha sido posible porque como están las leyes en la materia, no permiten que eso suceda, por el contrario, han venido subiendo de manera consistente. Tan solo de 2012 a 2018, las tarifas domésticas se incrementaron en 35%. La tarifa de alto consumo (DAC), la que normalmente tiene la clase media, se incrementó en 178% durante ese periodo.
En tres años de administración del presidente López Obrador no habido incrementos por un esfuerzo administrativo y político para evitar más aumentos. Ha habido un deslizamiento en función de la inflación, pero hasta allí, sin embargo bajarlas no ha sido posible. Esta reforma persigue ese propósito.
Algunas empresas ven en riesgo un mercado sumamente jugoso que generaba ganancias que en ninguna parte tenían. Es entendible que no quieren que se les escape un negocio tan bueno, pero la responsabilidad es con los ciudadanos, con todos los estratos económicos, no unos cuantos nada más.
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BL: ¿Cómo lograr que bajen las tarifas cuando CFE tiene costos más elevados de generación, no solo contra renovables sino en centrales de gas natural, con un promedio de MXN$700 pesos por MegaWatt-hora (MWh) contra los MXN$ 1.400 de CFE? Si la intención es bajar tarifas, parece que no tiene los incentivos para lograrlo. Además está el incremento en el precio del gas.
MR: Habría que preguntarle a los privados ¿por qué si producen más energía, más barata que CFE, la venden más cara? Los que establecen el precio en las subastas diarias son privados, no la CFE.
Ese es el tema. Si fuera así estaría bajando la tarifa, y no baja, al contrario, sube porque de acuerdo a las reglas existentes quienes fijan el precio son privados y lo hacen al alza, no a la baja, estando los precios mucho más arriba del costo de producción de CFE. Maravilloso sería que ellos dijeran que el costo de CFE es de 2 pesos por kilowatt y el de ellos es 1.50, pero no, lo venden a 5 pesos. Esa lógica que manejan no aplica porque no se ve reflejado en el costo de la tarifa para el usuario.
BL: ¿Cómo van a establecer el mecanismo de cancelación de contratos como propone la iniciativa presidencial?
MR: El Régimen de autoabasto era motivar a consumidores importantes a que invirtieran en una planta y que les permitiera satisfacer su necesidad de energía ellos mismos, pero encontraron una vuelta a la ley y buscaron socios, por no decir clientes que los sumaban a la sociedad y les ofrecían energía que producían.
Ese es un tema: revisarlos y decidir quién puede generar para autoabasto, pero no pueden estar compitiendo a CFE con condiciones como el autoabasto muy favorables porque no pagan la red de transmisión ni distribución ni la energía de respaldo. Se tiene que regular y ajustar. En el caso de contratos compra de energía (PIE), las negociaciones fueron como los gasoductos, contratos leoninos que se tienen que revisar, no quiere decir que CFE no va a comprar electricidad, pero lo hará en condiciones justas para ambas partes.
BL: ¿Cómo define el concepto de “justo”?
MR: Esos contratos obligan a comprar energía a CFE aunque no la necesite a precios muy caros. ¿Es eso justo para los consumidores? CFE tiene plantas que en vez de generarla, las para para comprarle a privados porque si no tiene que pagar por algo que no va a usar.
BL: ¿Cómo va a definir la iniciativa algunos temas como la salida de centrales eléctricas, donde haya nodos congestionados si no hay autoridades autónomas que den confianza al sector privado para que haya equilibrio en el porcentaje de participación que definió el presidente?
MR: La mayor garantía es la demanda. El sector eléctrico en México, de acuerdo al desarrollo y crecimiento que tiene nuestro país, en números redondos es de aproximadamente 6%, esto significa que una parte la tendrá que atender CFE y la otra el sector privado.
Vemos lo que ha sucedido en años recientes: la inversión propia de CFE para generar más electricidad sabemos que no tiene lo suficiente ¿cómo lo va a cubrir? Seguramente con contratos con la iniciativa privada, pero tutelados por la Comisión. De manera directa o indirecta habrá participación privada. Habrá que quien financie corra el riesgo de hacer los proyectos en esquemas con la fórmula donde ganan todos, especialmente los usuarios.
BL: ¿Qué va a pasar con la metodología de las tarifas eléctricas si desaparece la CRE?
MR: Cuando se hacen reformas constitucionales, después tiene que haber una serie de reformas legales para ajustar el marco jurídico. Este tipo de temas vendrán en la siguiente etapa. Es decir, cuando se autorice la reforma constitucional, tendremos que adaptar las leyes para que haya claridad y precisión de cómo se va a instrumentar, además de los mecanismos que tendrán los ciudadanos para que en caso de que sientan que sus derechos son vulnerados puedan ser escuchados y ser vencidos en un juicio. Eso no se va a discutir en esta parte, pero vendrá más adelante.
BL: El sector privado considera que si se aprueba la iniciativa, esta terminará en una discusión en el poder judicial. ¿Qué piensa sobre este escenario?
MR: Si se refieren a amparos, una vez modificada la Constitución, el marco vigente sería en función de esa reforma, ese sería el marco donde empieza la protección o normatividad en la materia. En ese sentido, no tendrían procedencia los amparos porque la propia norma máxima ya estaría modificada. En los términos actuales, obviamente, por esa razón la reforma que hicimos a la Ley de la Industria Eléctrica en un principio tuvo el amparo de algunos jueces aunque posteriormente se cayeron los amparos, sin excepción.
“No le veo futuro a una vía jurídica como esa porque ya no tendría sustancia siendo una reforma constitucional”
Manuel Rodríguez González, diputado y presidente de la Comisión de Energía
BL: ¿Qué hay de las advertencias del CCE a violaciones del T-MEC en el capítulo de inversiones sobre el trato a empresas privadas y expropiaciones indirectas por esta iniciativa?
MR: Es una interpretación que respeto, pero no comparto porque es exagerada, si fuera como tal, ya hubiesen existido acciones legales internacionales con la reforma que se aprobó a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), cosa que no ha sucedido, por lo tanto, pretenden alarmar a la gente con este tipo de temas cuando en realidad están protegiendo sus intereses.
Por ejemplo, las tiendas Oxxo, de Femsa, que pagan cinco veces menos energía eléctrica que la ya inexistente ‘tiendita’ de la esquina en el barrio que lucha por sobrevivir y paga muy cara la energía. No la tiene subsidiada como las tiendas de conveniencia. No me extraña que estén defendiendo ese tipo de intereses, es legítimo, son sus negocios, pero no representan a las mayorías de este país.
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BL: Su partido carece de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ¿cómo van a convencer a los legisladores de oposición necesarios para aprobar esta reforma a la Constitución?
MR: El propósito es tratar de convencer a todos. En la Cámara de Diputados, durante las asambleas legislativas, hay que tratar de convencer con argumentos sólidos de que se sumen. Evidentemente, hay algunos que no van a poder convencer porque su visión del mundo, su vocación económica es totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Es prácticamente imposible. Hay otros que tienen una posición más afín a este tema. A esos los podemos convencer. Esa es la misión que tenemos. No se trata de perjudicar a nadie.
Yo confío en que con argumentos convincentes vamos a lograr ese apoyo del número de diputados que nos hacen falta, alrededor de 58 para poder cumplir, en el caso de la Cámara, con las dos terceras partes presentes durante esa sesión, suponiendo que fueran a votar los 500 en total.
BL: El presidente López Obrador ha mencionado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como posible aliado, incluso para reivindicarse con su base nacionalista.
MR: Es entendible que haga esa precisión porque si nos vamos a la historia del México moderno, quien construyó las instituciones y principales políticas públicas que permitieron el desarrollo del país fue precisamente el PRI en esa etapa donde eran muy apegados a sus documentos básicos, es decir, a su ideología, que es catalogada de centro izquierda progresista.
“Ahora hay muchos políticos del PRI, es más probable poder convencerlos que cuando abundaban los tecnócratas que controlaban el PRI
Manuel Rodríguez González, diputado y presidente de la Comisión de Energía
Su tendencia ideológica era totalmente incongruente con los principios que representaban, pero que tenían el control del partido. Ahí es donde hace hincapié el presidente hacia causas sociales y justas.
La iniciativa presidencial tendrá Parlamento Abierto durante su discusión en el Congreso. El próximo viernes llegará a la Comisión de Energía para revisión y aprobación. En caso de aprobarse, la propuesta pasará al pleno de la Cámara, donde ocurriría el mismo proceso.
