La Asamblea Nacional de Nicaragua tomó la decisión de cancelar la personalidad jurídica de 14 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo cinco universidades privadas, por considerar que no cumplen con las normas de transparencia sobre la administración de sus recursos, una medida que desató fuertes críticas en el país centroamericano.
Con esta decisión son cerca de 80 organizaciones civiles las que han sido cerradas e ilegalizadas en Nicaragua desde 2018. Una de las instituciones de educación superior con mayor relevancia y que cayó en medio de la más reciente decisión votada el miércoles fue la Politécnica de Managua, que ganó reconocimiento en el 2018 y fue el símbolo de protestas de miles de personas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Ortega, un ex guerrillero de 76 años, se impuso en la última elección presidencial de noviembre ganando un quinto mandato y el cuarto consecutivo, después de encarcelar a sus oponentes más populares, en acciones que fueron condenadas por los Estados Unidos y otros países así como por organismos de derechos humanos.
El decreto fue aprobado por la mayoría sandinista fiel a Ortega y sus aliados en la Asamblea y fue presentado en la sesión extraordinaria por el diputado Filiberto Rodríguez, quien argumentó que estas organizaciones violentan las leyes y están “acéfalas” pues no dan cuenta del origen de sus fondos y “hay lucro”.
Frente a esto, organizaciones estudiantiles y civiles rechazaron las actuaciones de la Asamblea, considerando que las decisiones están ligadas a la posición del gobierno de Ortega.
“Condenamos enérgicamente este atropello que atenta contra miles de jóvenes estudiantes nicaragüenses. La educación ha sufrido las embestidas de este régimen que pretende hegemonizar la educación superior, controlar libertad de cátedra y de pensamiento de los jóvenes de estas universidades”, expresó la Alianza Universitaria Nicaragüense a través de un comunicado.
“Con este régimen, cualquier organismo no gubernamental está bajo el peligro de que, de forma arbitraria y sin previo aviso, le quiten su personería jurídica”, agregó.
La votación a favor de la cancelación de estas organizaciones no gubernamentales (ONG) y las universidades, está basada en un informe del Ministerio de Gobernación que aseguró que estas asociaciones estaban incumpliendo las normas de transparencia en el país, razón por la que su actividad era ilegal.
“Han incumplido con lo dispuesto en la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva porque supuestamente han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuando contra ley expresa, lo que implica, que con sus acciones han violado lo establecido en los diferentes cuerpos normativos que les regulan”, precisó el Ministerio de Gobernación en la información sobre las organizaciones.
Según se expresó, estas organizaciones civiles habrían obstaculizado la actuación de las autoridades locales para conocer a detalle sus informes financieros, los cambios en las juntas directivas o conocer la transparencia de los fondos que reciben, puesto que son entidades sin ánimo de lucro.
Ante esto, la Alianza Cívica de Nicaragua se pronunció el jueves y aseguró que estos hechos representan un “duro golpe a la juventud” por parte del régimen de Ortega “al hacer desaparecer 5 universidades en cuestión de horas”.
Para dar un parte de tranquilidad, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el órgano rector de la educación superior en el país, anunció que desde esta misma semana garantizará la continuidad académica a los estudiantes de las universidades, “como consecuencia de las cancelaciones de sus respectivas personerías jurídicas por el incumplimiento de sus obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas”, indicó un comunicado.
Junto a esto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también condenó el acto como una “estrategia de exterminio generalizado”. Esta organización fue cerrada e ilegalizada por el régimen de Ortega en 2018, aunque su movimiento social continúa.
Los hechos ocurren en medio de los juicios que se adelantan en contra de los más de 40 opositores que fueron detenidos durante el 2021 meses antes de las elecciones presidenciales, acusados de conspirar en contra del país y preparar un golpe de estado.
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