QUITO — El presidente Guillermo Lasso decretó este 17 de junio estado de excepción por 30 días en tres provincias de la Sierra del país donde se han concentrado las protestas durante estos cinco días: Pichincha (cuya capital es Quito), Imbabura y Cotopaxi. La declaración del estado de excepción implica, entre otras cosas, la movilización y despliegue de las Fuerzas Armadas.
“Anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia. No hay intención de buscar soluciones, dicen que luchan por el costo de la vida, pero cierran carreteras que provocan escasez, alza de precios y especulación. Dicen que quieren mejorar los servicios de salud, pero impiden el paso de ambulancias, poniendo en riesgo de muerte a nuestros hermanos enfermos”, dijo Lasso la noche de este viernes antes de anunciar las medidas.
Asimismo agregó: “Desde aquí me comprometo a defender nuestra capital y a defender el país. Esto me obliga a declarar el Estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi a partir de la medianoche de hoy”,
QUÉ ESTABLECE EL DECRETO
El texto señala que la declaratoria se da con motivo de las paralizaciones “que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y amenazan el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía del país, así como también la posibilidad de radicalización de las medidas por declaraciones públicas que llaman a la realización de protestas indefinidas”.
Se explica, además, que la medida abarca esas tres provincias por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos “que atentan contra la integridad física de las personas, provisión de servicios públicos y privados y, el normal desenvolvimiento de las actividades económicas”.
El objetivo central de la declaratoria es “fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados”.
QUÉ DERECHOS SE SUSPENDEN
El decreto indica que en las provincias señaladas se suspende “el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado”. Esto consiste, específicamente, en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día “con el objeto de impedir que se atente contra los derechos del resto de ciudadanos”.
Además, se restringe la libertad de tránsito a partir del 18 de junio de 2022. Los horarios de restricción serán todos los días desde las 22:00 hasta las 05:00, en el Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de preservar la seguridad ciudadana y el orden público. Las personas que circulen durante el horario del toque de queda serán puestas a órdenes de la autoridad judicial competente.
También se dispone al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el empleo de la maquinaria y equipo para el despeje inmediato de las vías inhabilitadas en las provincias señaladas.
AÚN SE ESPERA EL DIÁLOGO
La decisión se toma después de que los manifestantes -encabezados por el movimiento indígena- y el Gobierno no llegaran a un acuerdo ni a un acercamiento. Esto a pesar de que Lasso ha convocado al diálogo. De su lado, el máximo dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, ha insistido en que solo depondrán la medida cuando el mandatario acepte sus 10 pedidos.
Al finalizar su intervención, el mandatario invitó al diálogo “a la sociedad civil, a los médicos, a los artesanos, a los agricultores, a los transportistas, a todas las organizaciones sociales” para que “unidos, sentados en una mesa” encuentren “las soluciones que alivien la situación de las familias ecuatorianas”.
Esta declaratoria no interrumpe las actividades de las funciones del Estado como la Asamblea Nacional, la Función Judicial o Participación Ciudadana.
Según la Constitución, el presidente puede decretar el estado de excepción en todo el territorio o en una parte si existen las siguientes circunstancias: agresión, conflicto armado internacional o conflicto armado interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastres naturales.
Asimismo, en un estado de excepción se permite trasladar la sede de Gobierno a cualquier lugar del país y el presidente podrá disponer censura previa de la información de los medios de comunicación social “con estricta relación a los motivos del Estado de excepción y a la seguridad del Estado”.
El presidente debe notificar la declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda en las siguientes 48 horas.
OTROS ANUNCIOS
Durante su alocución que duró casi tres minutos, el jefe de Estado anunció también las siguientes medidas:
- Aumentar el bono de desarrollo humano a $55
- Declarar en emergencia al sistema de salud pública
- Duplicar el presupuesto a la educación intercultural
- Subsidiar hasta en 50% el precio de la urea para pequeños y medianos productores
- BanEcuador condonará todos los créditos vencidos hasta los US$ 3.000
- Crédito agrícola hasta US$ 5.000, al 1% y 30 años plazo
- No habrá alza del diésel, el gas, la gasolina extra ni ecopaís
- No habrá ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos
