El director de la Aeronáutica Civil, Jair Orlando Fajardo Fajardo, fue declarado insubsistente el pasado miércoles mediante un decreto expedido por el presidente Iván Duque. El funcionario, quien duró poco más de un año en el cargo, fue destituido a tan solo un mes de terminar el periodo del Gobierno.
¿Por qué se va del cargo? Si bien no ha habido una explicación oficial sobre la salida del alto funcionario, fuentes del Gobierno le explicaron a Bloomberg Línea que desde hace varios meses había malestar con el director de la Aerocivil prácticamente por los pocos avances que habían tenido obras importantes para la conectividad del país como el Aeropuerto del Café, el de Popayán y el de Providencia, especialmente.
Fuentes de Presidencia también dijeron a este medio que su jefe, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, le solicitó que presentara su renuncia, sin embargo, él no la tramitó, por lo que se vieron en la necesidad de que el mismo Presidente lo declarará insubsistente para apartarlo del cargo, situación que sucedió el pasado miércoles 6 de julio. Como director encargado quedó Francisco Ospina.
Este medio se comunicó con el equipo de prensa de Fajardo y con allegados y manifestaron que por ahora él no tiene contemplado hablar con medios de comunicación.
En el ojo de la Contraloría
Bloomberg Línea ahondó en la gestión de Fajardo al frente de la Aerocivil y no sale tan bien librado. Por lo menos así lo establece una auditoría que hizo la Contraloría General de la República sobre las finanzas y los manejos de recursos de la Aerocivil para la vigencia del 2021, la cual fue entregada al entonces director Fajardo el mes pasado y en donde aparecen hallazgos fiscales por más de 13.000 millones de pesos.
El ente de control encontró falencias en contratación en general en la entidad, en procesos que venían de hace varios años y también en la administración de Fajardo. Hay desde falta de soporte para la entrega de insumos, hasta cuestionamientos por la eficiencia en gestionar la recuperación de millonarios anticipos y recursos en obras contratadas por la entidad en otras administraciones.
En conclusión, la auditoría dejó 21 hallazgos administrativos de los cuales 14 tienen incidencia disciplinaria, 4 con incidencia fiscal por 13.075 millones de pesos y 4 para indagación preliminar. Incluso, remitió a la Fiscalía una denuncia por supuestas irregularidades en un contrato para adquirir, instalar, poner en servicio sistemas de registro de comunicaciones para las torres de control en el país que se celebró en febrero del 2022.
En el informe, que es firmado por Luis Fernando Mejía Gómez, contralor delegado para el Sector Infraestructura, se puede leer que para el 2021, “el presupuesto de la Aeronáutica Civil no fue programado y ejecutado razonablemente en todos los aspectos materiales, de conformidad con las normas y principios presupuestales que le son aplicables”.
Y entre los hallazgos contables se encontraron elementos como que hay “falta de registro en los estados Financieros de inversiones de infraestructura de transporte de bienes de uso público en concesión realizadas en las vigencias 2021 de los concesionarios: AEROCALI, Sacsa y Nororiente”.
El caso de Popayán
Al revisar las 298 páginas de la auditoría, uno de los casos que llama la atención es el del contrato para hacer la construcción de la torre de control del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán (Cauca), contratado en el 2018 y tasado con un valor inicial de 5.227 millones de pesos.
La Contraloría cuestiona que el pasado 12 de marzo de 2022 se terminaron las obras, pero el contrato no fue ejecutado en su totalidad. Tiene un nivel de ejecución física del 21% y financiera del 36%, quedando pendiente un saldo por concepto de anticipo de 564 millones de pesos pendientes por amortizar, con las obras inconclusas. “Para la Contraloría el valor total pagado (2.410 millones de pesos) dentro del cual se encuentra el monto del anticipo no amortizado, se constituye lesión al erario, toda vez que las obras no cumplen la finalidad para la cual se contrataron”, se lee en la auditoría.
A esto se suma que el ente de control se pregunta el porqué se hicieron pagos a la interventoría como si las obras hubieran avanzado en un 60%. “Lo pagado no corresponde a lo ejecutado, por lo tanto, el valor que se excedió se constituye en presunto daño patrimonial al estado”.
En el expediente, la Aerocivil admite que no se terminaron las obras, pero “no quiere decir que las obras ejecutadas y pagadas a la fecha de la terminación del plazo del mismo no estuviesen debidamente realizadas. Sobre este particular debe ponerse de presente que estas obras cuentan con la previa aprobación de la interventoría”.
Sobre qué pasará con esta obra inconclusa, el equipo jurídico de la Aerocivil responde que “si bien el plazo de ejecución del contrato de obra finalizó sin la entrega de la totalidad de las obras, no quiere decir que las mismas no sean adecuadas o que no sean funcionales a futuro”, por lo que se comprometió a adjudicar este año un nuevo contrato para continuar las obras y que buscará a proceder a iniciar un proceso administrativo sancionatorio con “el fin de establecer la responsabilidad del contratista”.
La torre de Providencia
Otro de los hallazgos que cuestiona la Contraloría se refiere a la contratación de la torre de control del aeropuerto El Embrujo de Providencia, con acta de inicio del 3 de febrero del 2020. Básicamente se giró un anticipo de 3.180 millones de pesos, pero no fue amortizado y el contrato fue terminado de manera unilateral por la Aerocivil en la administración de Fajardo, algo que cuestiona la Contraloría y que, en su criterio, va en contra en la recuperación del dinero. Sobre este punto, la Aerocivil señaló que está haciendo las gestiones necesarias para conseguir los recursos.
En el informe también llama la atención sobre la obra de ampliación y rehabilitación del aeropuerto de Cravo Norte, Arauca, contrato suscrito el 12 de diciembre del 2020 por 18.851 millones de pesos, en el que se pactó un anticipo de 4.001 millones de pesos.
Se esperaba que la obra iba a terminar en julio de este año, pero a marzo del 2022 se encontraba con una ejecución física del 0% por la falta de estudios y diseños. Para la Contraloría, “no se evidencia una gestión eficaz respecto a los procesos administrativos sancionatorios recomendados por la Interventoría desde mayo de 2021, por parte de la Aerocivil al contratista”. Sobre este punto, la Aerocivil le contestó al ente de control que ya lleva a cabo el proceso de sanciones al contratista y que ha implementado las estrategias jurídicas para también declarar la caducidad del contrato.
Denuncia a la Fiscalía
En su auditoría también notifica a la Aerocivil el traslado a la Fiscalía de la denuncia hecha el pasado 16 de febrero del 2022 en el que se habla sobre el presunto falsedad en documento que habría ocurrido en el proceso que pretende adquirir, instalar, poner en servicio sistemas de registro de comunicaciones para las torres de control a nivel nacional.
