Guatemala — Desde cambios de ubicación de un contribuyente para impedir la fiscalización hasta la detección de tipologías utilizadas para no pagar los impuestos son algunos de los comportamientos inusuales que se han detectado desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
También, han observado cambios de ubicación de un contribuyente para impedir la fiscalización, el uso del Número de Identificación Tributaria (NIT) de una persona fallecida e irregularidades en los procesos de importación son parte de los 18 programas que la Intendencia de Fiscalización realiza, para mejorar los controles fiscales.
Por los factores anteriores, se llevaron a cabo 55.285 auditorías a través del uso de herramientas electrónicas, informaron autoridades de la SAT, informó Oscar Herández, Intendente de Fiscalización.
A julio del año en curso la entidad ha recaudado un total de Q225 millones unos US$29 millones como resultado del plan de fiscalización implementado en diversos programas que la entidad ha desarrollado, entre ellos auditorías a maquilas, importadores y empresas de courier (mensajería).
Un monto de Q136.26 millones (US$17.61 millones) corresponde a impuestos percibidos a través de acercamientos con los contribuyentes para la resolución de conflictos tributarios.
Por lo tanto, se espera que a través de las fiscalizaciones se puedan generar hasta Q400 millones unos US$51.7 millones.
Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, afirmó que propiciar una fiscalización asertiva promueve la reducción del incumplimiento tributario y la gestión del cobro efectiva de los tributos.
Solicitan información bancaria
Uno de los programas fiscaliza a contribuyentes tránsfugas, que se refiere a los que están considerados en las gerencias regionales de medianos o especiales y reportan cambio de domicilio a zonas consideradas peligrosas con la intención de evadir la fiscalización de la administración tributaria.
En estos casos se solicita la información bancaria y se utilizan las herramientas electrónicas para realizar los controles.
Las solicitudes de acceso a la información bancaria con fines tributarios suman 170, cifra que se ha incrementado y sigue en aumento debido a que se cuenta con tres meses para realizar las auditorías previo a solicitar los datos bancarios.
Además, con este plan además se priorizan la fiscalización a posteriori del comercio exterior basada en la gestión integral del riesgo; la fiscalización con base a estudios sectoriales y procedimientos de auditoría para mejorar el análisis por los cruces de información generada del Gobierno de Datos y el Índice de Presión Tributaria -IPT-, detalló Díaz.
