Bogotá — El Juzgado Décimo segundo Administrativo Oral de Cartagena ordenó demoler la torre de Aquarela en la capital del departamento de Bolívar al considerar que esta obra podría afectar el patrimonio histórico nacional y los derechos de la ciudadanía al uso del espacio público.
Con esta decisión, los constructores y las autoridades de Cartagena tienen un plazo de tres meses para definir las condiciones en las que se realizará esta demolición teniendo en cuenta los estudios técnicos.
Una vez este proceso se complete se deberá adelantar la contratación del proceso de demolición del polémico edificio Aquarela en Cartagena, que está ubicado a solo 200 metros de distancia del Castillo San Felipe de Barajas, en el barrio Torices.
Esta estructura no solo generó una orden perentoria para el Distrito de esa ciudad de recuperar el espacio público, debido a que la invasión del mismo supera los 600 metros cuadrados, sino que lleva consigo una alerta de la UNESCO por el impacto y el riesgo que representa para el patrimonio cultural.
Promotora Calle 47 SAS, constructora del proyecto, ha defendido en varias ocasiones que la obra supuestamente cumple con las normativas y está ajustada a la ley.
La decisión judicial fue celebrada por el Ministerio de Cultura colombiano después de una puja que se ha extendido varios años luego de que la licencia de esta obra se otorgara en el 2014.
“MinCultura y su Dirección de Patrimonio y Memoria están comprometidos con la protección del patrimonio cultural y de la humanidad. Celebramos y acompañamos la decisión del Juzgado Décimo segundo Administrativo Oral de Cartagena que ordena demoler la torre de Aquarela en Cartagena”, indicó ese despacho.
La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, dijo en entrevista con Bloomberg Línea el año pasado que en ese caso esa entidad se ha “encargado de la asesoría jurídica para la aplicación de esa medida de demolición, la coordinación interinstitucional para buscar estrategias de prevención del daño antijurídico originado en la exclusión de la lista de patrimonio mundial, la coordinación de la defensa jurídica interinstitucional y la intervención judicial en los procesos en curso”.
Adelantó que estaban promoviendo la reparación de los daños causados al Estado por parte del constructor del proyecto (Promotora Calle 47 S.A.S).
En este proceso se suscribió un convenio interadministrativo entre el Fondo Nacional de Gestión Del Riesgo De Desastres (FNGRD), Fiduprevisora S.A., el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Cartagena, con el objetivo de brindar apoyo técnico, administrativo, jurídico y financiero a esta última entidad en la implementación de la medida correctiva de demolición, que fue ordenada por la autoridad policiva de esta ciudad.
En el marco del mismo, y según señaló la directora Zamora, ya se llevaron a cabo los procesos de selección y adjudicación de los contratos de consultoría e interventoría, cuyo objetivo era realizar estudios, diagnósticos y recomendaciones para la puesta en marcha de esa medida correctiva.
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