La Administración del presidente Donald Trump cerró las fronteras estadounidenses en marzo de 2020, en una iniciativa anunciada para luchar contra la propagación del virus Covid-19.
La cifra estimada de personas que atravesaban ilegalmente la frontera sur descendió en picada, y la mayor parte de quienes lo hicieron fueron devueltos sin demora a México.
Poco tiempo después, Estados Unidos sufrió una oleada de violencia. Su tasa de homicidios se elevó un 29% en 2020, el mayor aumento registrado en un año.
Para mayo de 2023, la Administración Biden finalmente revocó la medida en la frontera de la época de Trump, conocida como Título 42.
El número de cruces ilegales de la frontera ya había estado aumentando; ahora, a la mayor parte de los detenidos se les permitía permanecer y solicitar asilo en lugar de ser expulsados.
Entre tanto, la tasa de homicidios en EE. UU. se contrajo más de un 10% en 2023; ha descendido un 18% más en lo que va de este año en las 262 ciudades que rastrea AH Datalytics.
Volviendo al pasado, el número de inmigrantes ilegales en EE.UU. parece haber tocado su máximo con respecto a la población a mediados o finales de la década de los noventa, que es, desde luego, cuando la tasa de asesinatos estadounidense (y la criminalidad en general) empezó un prolongado descenso.
En la década de 2010, la cantidad estimada de inmigrantes ilegales en EE.UU. realmente disminuyó, y los asesinatos empezaron a elevarse a mitad de esa década.
Ahora bien, en realidad no creo que las subidas de inmigrantes ilegales causen el descenso de la tasa de asesinatos y que las disminuciones hagan que esta aumente.
Sin embargo, dada la frecuencia con la que se escucha hoy en día que el alza de la inmigración ilegal está ocasionando una ola de criminalidad, conviene señalar que existen por lo menos las mismas pruebas de que ocurre lo contrario.
Esto no significa que la inmigración ilegal sea algo bueno, o que unas fronteras poco seguras no fomenten determinados tipos de actividades delictivas.
Simplemente, sin considerar el delito de entrada ilegal en Estados Unidos (el más perseguido de los delitos federales), la inmigración ilegal simplemente no parece incidir en los índices delincuenciales.
Los inmigrantes en general parecen tener muchas menos probabilidades de cometer delitos que los estadounidenses nativos.
En un documento de trabajo reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica basado en 150 años de datos del censo de EE. UU., los economistas Ran Abramitzky, Leah Platt Boustan, Elisa Jácome, Santiago Pérez y Juan David Torres descubrieron que los hombres nacidos en el extranjero tenían la misma probabilidad de ser encarcelados que los hombres nacidos en el extranjero, como hombres nativos en 1870, un poco menos probable entre 1880 y 1950, y mucho menos probable desde 1960, con su tasa de encarcelamiento un 60% menor en 2020.
Un artículo publicado el año pasado en el American Journal of Sociology por Michael T. Light, Jason P. Robey y Jungmyung Kim (en ese momento todos en la Universidad de Wisconsin-Madison) descubrieron que los no ciudadanos en California tenían más probabilidades de ser condenados y encarcelados que los ciudadanos estadounidenses arrestados por los mismos delitos, por lo que la disparidad en el encarcelamiento puede, en todo caso, subestimar la diferencia en criminalidad.
Con los inmigrantes ilegales, es mucho más difícil hacer tales comparaciones.
Las encuestas censales (que incluyen la Encuesta de Población Actual mensual y la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense anual, así como el censo decenal) generalmente preguntan si los encuestados nacieron en el extranjero, pero las preguntas sobre ciudadanía se han formulado de manera inconsistente durante el último medio siglo y no hay preguntas dirigidas a averiguar si la gente está aquí legalmente o no, porque esto disuadiría a los inmigrantes ilegales, que ya desconfían de este tipo de encuestas, de participar. (Las estimaciones nacionales y locales de la población indocumentada generalmente comienzan con las cifras de nacidos en el extranjero de la ACS, luego intentan restar las que están aquí legalmente usando estadísticas de emisión de visas y otros registros administrativos).
Mientras tanto, las estadísticas sobre criminalidad rara vez incluyen el estatus migratorio, y algunos estados y ciudades se niegan explícitamente en los últimos años a compartir dicha información con las autoridades de inmigración.
Al avanzar en la dirección opuesta e intentar verificar y registrar el estatus migratorio de cada detenido en el estado, Texas se ha convertido en el principal foco de investigación sobre este tema.
Alex Nowrasteh,libertario, del Cato Institute (y, sí, moderado con la inmigración ilegal), fue el primero en aprovechar estas estadísticas y descubrió en 2018 que los inmigrantes ilegales tenían menos de la mitad de probabilidades (en relación con su población estimada) de ser condenados por crímenes en Texas en 2016 como ciudadanos nativos.
Un artículo posterior de los sociólogos Light, Robey y Jingying He, publicado en Proceedings of National Academy of Sciences (Procediminetos de la Academia Nacional de Ciencias) en 2020, informó resultados similares basados en las tasas de arrestos de 2012 a 2018.
En 2022, Sean Kennedy, Jason Richwine y Steven A. Camarota, del Centro de Estudios de Inmigración, de línea dura sobre la inmigración ilegal, publicaron una breve crítica argumentando que estos estudios ignoraban el hecho de que “Texas puede tardar años en identificar a los condenados como inmigrantes ilegales mientras están detenidos” y que cuando se incluía a los identificados como tales cuando ya estaban en prisión, los índices de delincuencia de inmigrantes ilegales en Texas eran moderadamente superiores a los índices generales de delincuencia.
A principios de este año, Nowrasteh escribió que los tres habían hecho algunos “buenos comentarios”, pero también algunos errores de cálculo, ofreciendo una conclusión revisada según la cual los inmigrantes ilegales en Texas cometían homicidios (en los que decidió centrarse “porque los controles gubernamentales de los asesinos convictos son más exhaustivos e identificarán a más inmigrantes ilegales después de la condena”) a un ritmo aproximadamente un 15% inferior al de los tejanos nacidos en Estados Unidos.
Otra investigación reciente incluye un estudio de 2018 realizado por el economista John R. Lott (conocido por su muy debatida investigación que vincula el aumento de la posesión de armas con la reducción de la delincuencia) que encontró que los inmigrantes ilegales estaban muy sobrerrepresentados entre los sentenciados a prisión en Arizona (que según Nowrasteh se basó en datos erróneos y, en cualquier caso, no mostraban del todo que los inmigrantes ilegales tuvieran más probabilidades de cometer delitos), y uno de 2019 del economista Christian Gunadi que utilizó un nuevo método para identificar a los inmigrantes ilegales en los datos del censo para concluir que tenían un 33% menos probabilidades de estar en prisión que los estadounidenses nativos.
Mi conclusión de todo esto es que, si bien los inmigrantes ilegales son probablemente un poco menos propensos a la delincuencia que los estadounidenses nativos, es realmente difícil decirlo con certeza. (También puede variar dependiendo de dónde viven y de dónde vienen).
En cuanto a la cuestión algo diferente de si la presencia de inmigrantes ilegales conduce a aumentos o disminuciones en las tasas generales de criminalidad, dos análisis recientes, uno de los sociólogos Light y Ty Miller sobre delitos violentos, el otro del economista Gunadi sobre delitos violentos y contra la propiedad, encontraron relaciones negativas entre las poblaciones estimadas de inmigrantes ilegales y las tasas de criminalidad (es decir, más inmigrantes ilegales significaban menos delitos), pero no estadísticamente significativas.
Entonces, ¿por qué se presta tanta atención a los inmigrantes ilegales y al crimen?
Es evidente que gran parte de esto está impulsado por la intolerancia y la conveniencia política, y como nada de lo que escriba aquí tendrá impacto alguno en aquellos motivados por tales consideraciones, no voy a insistir en ello. Pero hay un par de razones más que merecen tomarse más en serio.
Una es que cuando alguien que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos comete un delito de alto perfil, los políticos pueden ser considerados responsables de ello de una manera que en realidad no se aplica cuando los delitos son cometidos por estadounidenses nativos.
Es “si el gobierno no hubiera dejado entrar a ese tipo, mi hija todavía estaría viva” frente a “si ese tipo no hubiera nacido”. Esa al menos parece una razón legítima para ser selectivo sobre quién puede ingresar a Estados Unidos.
Otra es que “crimen” a menudo sirve como abreviatura de preocupaciones sobre otra cosa.
Henry Grabar, de Slate, señaló esto hace un par de años con respecto a las personas sin hogar, que, al igual que la inmigración ilegal, son un producto desordenado del fracaso de una política gubernamental que parece tener poca relación con las tasas de criminalidad: “no están correlacionadas significativamente; no comparten causas; no comparten soluciones”, pero a menudo se discute al mismo tiempo.
¿Cómo acabar con esta confusión?
Bueno, acabar con la falta de vivienda y acabar con la inmigración ilegal.
Probablemente esto no tendrá ningún impacto en el crimen, y mis soluciones pueden parecer muy diferentes a las suyas, pero ambas parecen objetivos por los que vale la pena esforzarse.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.
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