Bloomberg Línea — La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció este martes que inició sobre los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho.
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Asimismo, la investigación anunciada en el Día Internacional de los Derechos Humanos busca determinar si estas prácticas afectan negativamente el comercio de EE.UU. De encontrarse violaciones, la USTR podría imponer sanciones comerciales como aranceles o restricciones a productos nicaragüenses
La investigación iniciada este día y que se debe completarse en el plazo de un año se realiza bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual permite a la USTR investigar y responder a prácticas comerciales injustas de países extranjeros que afectan negativamente a la economía de EE.UU., y surge tras las preocupaciones de EE.UU. sobre que el país esté participando en ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, humanos y el Estado de derecho.
“Desafortunadamente, numerosos informes sugieren que el Gobierno de Nicaragua está participando en actos represivos que perjudican a los propios trabajadores y al pueblo de Nicaragua, socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región”, dijo la embajadora Katherine Tai en un comunicado.
Reportes del Gobierno de los EE.UU., así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos sobre Nicaragua, documentan que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo participa en violaciones de los derechos laborales y humanos y en el desmantelamiento del Estado de derecho.
Entre estas acciones figuran las detenciones y encarcelamientos por motivos políticos, la represión de miembros de grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales, las ejecuciones extrajudiciales, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las restricciones a la libertad de expresión y de movimiento.
Además de la violencia contra miembros de grupos marginados, la represión de la libertad de asociación y de negociación colectiva, el trabajo forzoso, la trata de personas, la eliminación de la independencia legislativa y judicial, las confiscaciones espurias de bienes, las multas y resoluciones arbitrarias y otros actos nocivos.
“Tales acciones exacerban la explotación de los trabajadores y reducen el crecimiento económico y las oportunidades comerciales”, advirtió Tai.
A través de esta investigación, Estados Unidos buscará abordar y resolver esas preocupaciones de larga data y profundamente arraigadas para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses sean tratados de manera justa y con igual respeto bajo un sistema de Estado de derecho.
Desde 2021, Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones al gobierno de Nicaragua debido a la represión de derechos humanos y la falta de elecciones libres y justas. Estas sanciones incluyen restricciones de visa a más de 250 funcionarios nicaragüenses, sanciones económicas a empresas y funcionarios del gobierno, y medidas contra entidades que apoyan la represión política.
La Asamblea Nacional aprobó a petición de Ortega una reforma constitucional que lo convertiría oficialmente a él y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en “copresidentes” y extendería el mandato presidencial de cinco a seis años. Las propuestas se producen en medio de una represión por parte del gobierno que ha resultado en el encarcelamiento masivo y el exilio forzado de adversarios. Desde abril de 2018, el gobierno nicaragüense ha cancelado la personería jurídica de más de 5.000 organizaciones.
