Bloomberg Línea — En los últimos días, miles de hombres y mujeres encapuchados han jurado como “policías voluntarios”, comprometiéndose “a no claudicar y a acompañar a la Policía Nacional en cualquier situación que surja en Nicaragua”, según afirmó el secretario político departamental de León, Evertz Delgadillo, durante un acto en León, a 91 kilómetros de Managua.
Esta figura forma parte de las reformas a la Constitución Política de la República de Nicaragua, enviadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para consolidar su poder por encima de los demás poderes del Estado, y aprobadas en Primera Legislatura el 22 de noviembre de 2024.
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Los diputados nicaragüenses iniciaron el 14 de enero con la aprobación en segunda legislatura de este conjunto de enmiendas que pretenden establecer a Nicaragua como un Estado “revolucionario”.
Este martes, 21 de enero, los legisladores aprobaron enmiendas que contienen los artículos 92, 93, 94, 95, 96 y 97, referidos a la Defensa y Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana, particularmente el papel del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional “para garantizar paz y tranquilidad de las familias”.
En estos artículos se establece que el Ejército de Nicaragua es la única fuerza armada del país. También, que el Ejército está subordinado a la Presidencia de la República.
Las reformas también crean “las fuerzas militares de reservas patrióticas” como parte del Ejército de Nicaragua, que estarán integradas “voluntariamente” por oficiales, funcionarios, clases, suboficiales y marineros en condición de retiro o cualquier otro ciudadano que desee formar parte de las Fuerzas Armadas, una acción que ha sido interpretada por medios de prensa nicaragüense y activistas desterrados como la conformación de paramilitares.
En X, la historiadora exiliada y exguerrillera Dora María Téllez dijo que “juramentar ‘policías voluntarios’ enmascarados es signo de debilidad, no de fortaleza del régimen”, agregó que “no tienen confianza en los policías, ni en los militares”, por lo que obligan a empleados públicos “a hacer el teatro”, como las ceremonias que se han hecho recientemente en Estelí, León y Madriz.
Por su parte, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) alertó que entre los juramentados se encuentran supuestos policías voluntarios que actuaron como escuadrones de la muerte en 2018. “La constitucionalización de estas fuerzas que ya no son paraestatales, sino que son un órgano de represión dentro del Estado es inédita en las constituciones de la región”.
El artículo 94 de la Constitución ajustada al régimen establece que la Presidencia podrá ordenar la intervención de las fuerzas militares en apoyo a la Policía Nacional cuando lo requiera.
Además, la Constitución prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el territorio, pero, a petición de la Presidencia, podrá autorizarse el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves, maquinaria o personal militar extranjero con fines humanitarios, de adiestramiento o de intercambio.
Una reforma constitucional a la medida
Los cambios solicitados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyen 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y la derogación de otros 37, incluido el que prohibía la tortura.
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En los días posteriores, la Asamblea Nacional ha ratificado de manera unánime y definitiva a la privación de la nacionalidad a los “traidores a la patria”, como ya se hizo en contra de 452 nicaragüenses, incluyendo a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez.
Además, incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el gobierno desde 2007, y cuyo secretario general es Daniel Ortega.
La reforma también extiende el mandato presidencial de 5 a 6 años, crea la figura de “copresidenta” y permite que el Ejecutivo coordine todos los “órganos” del Estado, que dejarán de ser llamados poderes.
