Bloomberg Línea — El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en vigor esta semana la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que le dará el control absoluto sobre todos los poderes del Estado.
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La Ley de Reforma parcial a Constitución Política de la República de Nicaragua, publicada el martes 18 de febrero en el diario oficial La Gaceta, establece que el Estado es “revolucionario” y suma a sus símbolos patrios la bandera rojinegra “de la lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista”, refiriéndose a la del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La reforma a la Constitución, enviada por el Ejecutivo en noviembre de 2024 y aprobada en segunda y definitiva legislatura a finales de enero, amplía de cinco a seis años el período presidencial y establece la figura de ‘copresidente’.
La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó 148 de los 198 artículos constitucionales, que equivalen al 74,7% de la Carta Magna, y derogó otros 37.
La Constitución a la medida del régimen también evoca, entre otros personajes nacionales e internacionales, a las figuras prominentes en movimientos revolucionarios como Ernesto ‘Che’ Guevara, Fidel Castro y Hugo Chávez, a quienes llama “comandantes eternos de la soberanía” y “guías de la esperanza y los derechos de nuestro pueblo”.
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Además, oficializa la creación de las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria” que, para sectores de oposición, se trata de fuerzas paramilitares. Asimismo, indica en su artículo 17 que “las y los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, con lo que legaliza la apatridia.
Desde 2023, por lo menos 450 personas identificadas como opositoras políticas han sido privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense, según registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La serie de reformas también han recibido el rechazo de la comunidad internacional. Días atrás, el 13 de febrero, el Parlamento Europeo (2024-2029) pidió a Nicaragua que revocara la reforma, al tiempo que condenó la represión del régimen, mientras reclamó sanciones contra Ortega y Murillo, y su círculo cercano.
Antes, en noviembre pasado, la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que el régimen retiró a Nicaragua en 2023, expresó su rechazo y repudio a la ley de reforma. La calificaron de ilegítima “en la forma y el contenido”, y la consideraron “una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano”, constituyendo “una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo al medio Sputnik que la reforma ratifica “cuál es la posición de los nicaragüenses frente a los intentos de injerencismo y frente a los intentos de quitarnos nuestra soberanía”.
