Bloomberg Línea — Nicaragua anunció el martes su decisión “soberana e irrevocable” de retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), establecida en 1992 y con sede permanente en Managua.
El gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo argumentó que su retiro se debe a que el órgano judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), compuesto por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana, “no ha logrado cumplir con sus propósitos originales de integración regional”.
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La carta dirigida a César Ernesto Salazar Grande, magistrado presidente en funciones de la CCJ y a las Cortes Supremas de Justicia de los países miembros del SICA, señala que en sus más de tres décadas de creación, la Corte únicamente ha estado integrada por magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador, “no logrando cumplir con los propósitos originales para su creación como órgano judicial de carácter regional”.
Asimismo, alega que tanto el Estatuto como el Reglamento de la CCJ no responden a la realidad de la composición de la misma, “ya que, contra toda lógica, la Corte está sometida a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe”, que no forma parte del SICA.
El Gobierno nicaragüense dijo que esta situación “es claramente incoherente y no permite el desarrollo de una Corte que responda a una verdadera integración regional”.
Tras el anuncio, este miércoles, la Asamblea Nacional reincorporó a Juana Méndez como magistrada de la CSJ, luego de haber renunciado a su cargo para ser magistrada propietaria de la Corte Centroamericana de Justicia.
Rechazo al candidato para la Secretaría General del SICA
Según analistas citados por medios de comunicación en el exilio, la decisión del Gobierno de Nicaragua se debe al rechazo por segunda vez del resto de países del SICA a la candidatura del excanciller Denis Moncada Colindres para la Secretaría General del organismo.
En X, el economista Juan Sebastián Chamorro, exiliado y despojado de su nacionalidad, dijo que la salida de Nicaragua le pondrá “la última tachuela al ataúd de la Corte Centroamericana de Justicia”, cuyas sentencias no son vinculantes, ni tampoco tienen ningún poder jurisdiccional, “un defecto que ha tenido desde su nacimiento con la no presencia de países del área”.
Sobre el futuro de las oficinas en Reparto Bolonia, en Managua, Chamorro dijo que “probablemente se la vayan a robar para que sea beneficiado alguna instancia del régimen o un funcionario”.
El gobierno nicaragüense informó que, en el Encuentro de Cancilleres del SICA del 18 de marzo, no se alcanzó consenso sobre la terna propuesta por Nicaragua, a pesar de la “experiencia y probada capacidad profesional” de los candidatos.
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En su comunicado publicado, el régimen denunció la intromisión de Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, acusándolos de imponer intereses políticos sobre asuntos soberanos de Nicaragua.
Además, condenaron estas acciones como una violación al Protocolo de Tegucigalpa y llamaron a los gobiernos regionales a actuar de acuerdo con la normativa y los intereses de los pueblos.
La Secretaría General del SICA permanece acéfala desde noviembre de 2023, cuando se oficializó la renuncia del nicaragüense Werner Vargas, quien según fuentes citadas por Confidencial, se encuentra en Managua sin pasaporte y sin la posibilidad de salir del país.
