Bloomberg Línea — El martes, Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, asumió como la nueva jefa suprema del Ejército nicaragüense, un cargo que comparte con su esposo, Daniel Ortega, copresidente y quien ya ostentaba esa posición.
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La designación de Murillo, de 73 años, fue formalizada mediante una Ley de Reformas y Adiciones al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, una iniciativa enviada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional con carácter urgente y por unanimidad durante la sesión plenaria del mismo martes.
El texto reformado establece que “el Ejército estará subordinado a la autoridad civil ejercida por la Presidencia de la República, como Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, conforme a lo que le corresponde constitucionalmente”.
La reforma al Código Militar otorga amplias facultades a la Presidencia, que podrá disponer de las Fuerzas Armadas de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Asimismo, Murillo podrá asumir la conducción política de la defensa del Estado, ordenar operaciones militares en defensa del país en caso de agresión externa e intervenir el Ejército para apoyar a la Policía Nacional en situaciones de estabilidad comprometida en el país.
Entre las nuevas competencias, también se incluye la facultad para nombrar al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, a propuesta del Consejo Militar, y destituirlo por insubordinación, desobediencia o si es condenado por crímenes graves.
Fuerzas Militares de la Reserva Patriótica
La reforma introduce la creación de las Fuerzas Militares de la Reserva Patriótica, una figura derivada de la reciente enmienda constitucional.
Estas fuerzas, que forman parte del Ejército de Nicaragua, estarán destinadas a la defensa de la nación, y para garantizar la estabilidad y seguridad del país.
Además, estarán integradas por exoficiales y soldados retirados, así como por cualquier ciudadano dispuesto a unirse a la defensa armada. La nueva estructura también incluye tropas terrestres, navales y aéreas organizadas en unidades pequeñas y grandes.
Críticas internacionales
Las modificaciones, que parten de la misma reforma constitucional que entró en vigor en febrero, han generado críticas internacionales.
La ONU, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores dentro de Nicaragua han expresado su preocupación por esta modificación, que amplía el poder presidencial y elimina el equilibrio de poderes en el país.
La reforma constitucional también establece la figura de la “copresidencia”, extiende el período presidencial de cinco a seis años y otorga al Ejecutivo la capacidad de coordinar los órganos del Estado, los cuales dejan de llamarse poderes. Además, la reforma ha sido acusada de legalizar la apatridia, una crítica que ha generado rechazo en la comunidad internacional.
Este miércoles, Nicaragua se negó a cooperar con la aprobación del informe final para su último Examen Periódico Universal (EPU), casi un mes de haber abandonado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
