Bloomberg Línea — A siete años del estallido de las protestas cívicas de abril en Nicaragua, la presión internacional contra Daniel Ortega y Rosario Murillo se intensifica.
Este miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la OEA el “desacato sistemático” del Estado nicaragüense a las medidas dictadas para proteger a víctimas de represión, entre ellas decenas de presos políticos y personas apátridas, situación que la jueza presidenta Nancy Hernández califica como “violación estructural del orden jurídico interamericano”.
En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen, elevando a más de 2.000 el total de sancionados desde 2018.
¿Qué pasó en 2018?
El 18 de abril de hace siete años se publicó el decreto presidencial 3-2018, que reformaba el Reglamento de la Ley de Seguridad Social, estableciendo, entre otros puntos, el recorte del 5% de las pensiones que recibían los jubilados, y una disminución de cerca del 12% en las pensiones futuras.
La reforma, aprobada sin consenso dos días antes por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fue criticada por diversos sectores, que señalaron el impacto negativo que tendría en los ingresos de los trabajadores, en especial las personas jubiladas, según lo documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.
El mismo día de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, se registraron varias protestas en contra de la reforma, entre ellas, una en la ciudad de León y dos en Managua.
Las manifestaciones de ese miércoles marcaron el inicio de la crisis sostenida de violaciones de derechos humanos. En los primeros tres meses, la represión dejó más de 300 personas muertas, en un contexto represivo que aún persiste en Nicaragua.
Situación en deterioro
Al cumplirse siete años, la CIDH dijo en un comunicado esta semana que la situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose.
A través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión sigue recibiendo denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre ellas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas privadas de libertad, retiro de su nacionalidad, destierro, persecución religiosa y restricciones al espacio cívico.
De acuerdo con el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a ello se suman las reformas constitucionales publicadas en febrero, entre las cuales destaca la centralización del control absoluto del poder político al formalizar la copresidencia entre Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Los codictadores se saben derrotados, por eso autoaprobaron una nueva Constitución y nuevas leyes cada vez más autoritarias y represiva”, dice la Concertación Democrática Nicaragüense.
Actualmente, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 42 personas están privadas arbitrariamente de su libertad, en condiciones contrarias a la dignidad humana, que forman parte del registro de más de 2.000 detenciones documentadas desde el inicio de la crisis en 2018.
Censura, confiscaciones y destierros
Según registros, 5.441 organizaciones de la sociedad civil, entre áreas sociales, religiosas, de desarrollo y educativas, han sido canceladas arbitrariamente desde 2018, acompañadas de la confiscación de bienes.
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En este contexto de ataques contra el espacio cívico, persiste la persecución contra periodistas, defensores, artistas y cualquier persona percibida como opositora.
El Gobierno mantiene el control sobre los medios de comunicación y el entorno digital mediante mecanismos de censura. En ese sentido, el 13 de marzo, se registró el bloqueo de sitios web que operan bajo el dominio .com.ni, como Confidencial, La Prensa, 100% Noticias y Onda Local.
Asimismo, desde 2023, más de 250 religiosos, entre sacerdotes y monjas, han sido expulsados, desterrados o forzados al exilio, indica la agencia AICA.
Los ataques a la libertad religiosa también incluyen la prohibición de celebraciones en espacios públicos, la vigilancia de ceremonias, la moderación de sermones, y la criminalización de expresiones de fe.
Más de 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad, junto con otros 290 casos documentados de personas a quienes se les ha negado la entrada al país.
A la fecha, más de 400.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua para proteger su vida, integridad y libertad personal, mientras el gobierno ejerce un control arbitrario sobre la renovación de documentos de identidad y confisca documentos válidos de viaje.
“Abril nos cambió la vida. Nos dejó cicatrices, pero también nos dio razones para no rendirnos. Seguimos alzando la voz por quienes no pueden hacerlo”, reflexionó la Fundación para la Libertad.
