Bloomberg Línea — El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue afianzando su control sobre la identidad nicaragüense al aprobar una reforma que retirará la nacionalidad a quienes adopten otra ciudadanía desde 2026.
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La decisión, que afecta directamente a exiliados y migrantes, ha sido señalada como una nueva forma de castigo político desde el poder.
El viernes 16 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial en primera legislatura a los artículos 23 y 25 de la Constitución de la República de Nicaragua, referidos a la doble nacionalidad.
Al aprobarse esta reforma parcial, los artículos de la Carta Magna deberán leerse así:
Artículo 23. Las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria. Las y los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad.
Artículo 25. La nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad.
La reforma parcial a la Constitución entrará en vigor en enero de 2026, una vez que sea aprobada en segunda legislatura y publicada en La Gaceta Diario Oficial.
El martes, el presidente del Legislativo nicaragüense, Gustavo Porras, defendió la reforma durante su intervención ante el plenario, al asegurar que la misma tiene “un fundamento histórico y patriótico”.
“Nadie puede servir a dos patrias, mucho menos a una patria que agrede a Nicaragua”, dijo Porras, y agregó que este principio está respaldado por “miles de frases que dijo el General (Augusto C.) Sandino”.
Una vez entre en vigor la reforma constitucional, toda persona que adquiera una nacionalidad extranjera perderá la nicaragüense de allí en adelante. Es decir, la medida no se aplicará con efecto retroactivo. “Los que ya tienen doble o triple nacionalidad pueden estar tranquilos, es la misma frase”, afirmó Porras.
Reforma se sustenta “en discursos ideológicos”
Para la Asociación Nicaragüense Sevilla-España, “no existen garantías reales ni jurídicas” que respalden que la norma no será retroactiva o selectiva, en un país donde el Estado de derecho ha sido sistemáticamente vulnerado, “y donde las leyes se usan como instrumentos de persecución”.
De hecho, en febrero de 2023, Porras dijo en una entrevista al Canal 13, medio oficialista, que la pérdida de la nacionalidad solo afectaría a quienes hubieran sido declarados culpables por traición a la Patria
Aún más grave, según la Asociación Nicaragüense, es el discurso ideológico que sustenta la reforma constitucional, particularmente de “que nadie puede servir y amar a dos patrias”.
“No hay contradicción en amar dos tierras. Quien ha sido exiliado no deja de amar su país; simplemente ha tenido que encontrar en otra nación lo que su patria no le ofreció”, dijo la organización.
En tanto, el Servicio Jesuita Costa Rica, obra social de la Compañía de Jesús en Centroamérica, lamentó la medida que “profundiza la represión contra las personas que han sido forzadas a huir, y se suma al patrón de violencias que, incluso en el exilio, persigue a miles de personas nicaragüenses”.
Desde 2023, más de 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y muchas más de la confiscación ilegal de sus bienes, según cifras de la iniciativa que ha acompañado a cientos de personas nicaragüenses en su proceso de naturalización en Costa Rica.
