Bloomberg Línea — Estados Unidos pondrá fin a las operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Nicaragua en 2025, en parte debido a la falta de cooperación de las agencias nicaragüenses, informó el Departamento de Estado.
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La información se desprende de un reporte de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en el que también señala que “la ubicación estratégica de Nicaragua y su laxa aplicación de la ley atraen a organizaciones transnacionales de narcotráfico y otras entidades malignas”, que se aprovechan tanto de las tensas relaciones diplomáticas de Nicaragua con Estados Unidos, como de su permisivo entorno normativo y político.
En paralelo, el jueves 12 de junio se publicó el Acuerdo Presidencial 84-2025 en La Gaceta, Diario Oficial, en el cual Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizan a su hijo Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y asesor para los asuntos con Rusia, a firmar un nuevo plan de cooperación con Moscú en la lucha contra el narcotráfico y delitos aduaneros.
El acuerdo, que estará vigente entre 2025 y 2027, contempla colaboración entre la Policía Nacional, la Dirección General de Servicios Aduaneros y el Servicio Federal de Aduanas de la Federación de Rusia.
Antes, en marzo de 2024, Managua firmó un acuerdo con Moscú para fortalecer la formación policial en el Centro de Entrenamiento del Ministerio del Interior ruso. Meses después, en septiembre, la PNN anunció que China capacitaría a sus agentes en técnicas contra el terrorismo, el narcotráfico y la ciberdelincuencia.
Para el Departamento de Estado, esta reorientación en política exterior responde al creciente aislamiento de Managua, aunque estos aliados no han ofrecido apoyo tangible para fortalecer su capacidad operativa.
El informe también señala que “la corrupción generalizada y la inadecuada infraestructura de seguridad hacen de Nicaragua un punto de tránsito crítico para narcóticos y migrantes irregulares con destino a Estados Unidos”. Las rutas terrestres en el Pacífico y marítimas en el Caribe siguen siendo las principales vías del contrabando, mayoritariamente procedente de Colombia.
A esto se suma el impacto de las violaciones de derechos humanos y la corrupción sistémica, que han motivado sanciones por parte de EE.UU., la Unión Europea y otros gobiernos, además del congelamiento de la cooperación en seguridad. “Como resultado, Nicaragua se ha vuelto menos cooperativa en la lucha contra el narcotráfico y a menudo ignora las solicitudes rutinarias de información”, agregó.
Lucha antidrogas de Nicaragua
El Gobierno estadounidense dijo que la estrategia de Muro de Contención, basada en patrullajes terrestres, aéreos y marítimos, ha sido difícil de evaluar por falta de datos públicos.
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Respecto a la lucha antidrogas, Nicaragua reportó la incautación de 1,29 toneladas métricas de cocaína en los primeros nueve meses de 2024, una baja frente a las 1,43 toneladas del mismo período del año anterior.
Por otra parte, aunque sigue vigente un acuerdo bilateral con EE.UU. sobre tráfico marítimo ilícito, no hay un tratado de asistencia legal mutua entre ambos países, y la Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de nacionales, lo que limita la cooperación judicial.
La participación de la PNN en investigaciones conjuntas es esporádica, y las respuestas a solicitudes de seguridad de la embajada estadounidense son limitadas.
El acceso a tratamiento y prevención también enfrenta serias limitaciones. El informe también sostiene que Nicaragua carece de datos sobre consumo de drogas, y que los servicios públicos en esta área son mínimos. Si bien existen centros privados, su costo los vuelve inaccesibles para gran parte de la población.
El cierre forzoso de más de 5.500 organizaciones de la sociedad civil desde 2018, muchas de las cuales ofrecían programas comunitarios de prevención y rehabilitación, ha agravado la exclusión de quienes padecen adicciones, añadió el reporte del INL.
