Bloomberg Línea — La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no se limita al territorio nicaragüense: ahora se extiende al exilio y se ha institucionalizado mediante reformas legales.
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Así denunciaron organizaciones de sociedad civil y familiares de víctimas, en el marco del 193 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia virtual del 25 de julio, representantes de organizaciones como la Unidad de Defensa Jurídica, Urnas Abiertas, el Movimiento Autónomo de Mujeres, Raza e Igualdad y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), junto a familiares de personas detenidas y desaparecidas, expusieron sobre cómo el Estado nicaragüense ha sofisticado su aparato represivo.
La persecución transfronteriza, el uso político del sistema migratorio, la privación arbitraria de la nacionalidad y el agravamiento de la desaparición forzada, son algunos de los patrones identificados.
Uno de los casos más recientes es el asesinato del mayor en retiro del Ejército nicaragüense, Roberto Samcam, el 19 de junio en su domicilio en San José, Costa Rica, donde vivía en el exilio desde 2018.
La CIDH y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) señalaron que su muerte se enmarca en un patrón de represión transnacional y expresaron preocupación por actos de persecución contra personas nicaragüenses exiliadas, incluidas organizaciones que operan fuera del país.
“Lo mataron por hablar, por pensar en voz alta, por denunciar, por no callar”, dijo su esposa, Claudia Vargas, durante la audiencia. La también defensora de derechos humanos y activista recordó que la Fiscalía costarricense ha señalado “que este no es un crimen común y ha reconocido la complejidad del caso incluyendo elementos que apuntan a una posible planificación”.
A su criterio, esta afirmación “exige ir más allá, investigar no solo a los autores materiales, sino también quienes ordenaron, financiaron y facilitaron esta ejecución”.
La persecución no termina fuera
De acuerdo con Natalia Yaya, directora adjunta de la oficina de las Américas en la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), una de las formas más severas de la represión del régimen Ortega-Murillo ha sido la privación arbitraria de la nacionalidad.
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Desde 2023, al menos 450 personas fueron despojadas de su nacionalidad mediante decisiones judiciales que vulneran el derecho internacional.
“Después de convertirlas en apátridas, el régimen Ortega-Murillo profundizó los impactos de esta arbitrariedad mediante una serie de decisiones que han buscado producir la muerte civil de las personas afectadas”, afirmó Yaya, al referirse al informe Destierro y muerte civil de la FIDH.
El Estado nicaragüense anuló a estas personas de todos los registros oficiales, les retiró derechos civiles, políticos, sociales y patrimoniales, y les prohibió regresar a su país.
La defensora también alertó sobre las consecuencias familiares y económicas, como eliminar el nombre de la persona desnacionalizada de los registros civiles de sus hijos, obstaculizando la obtención de documentos de identidad y poniendo en riesgo el derecho de filiación; y el congelamiento de cuentas y la confiscación de bienes, que han dejado en situación de vulnerabilidad a quienes están en el exilio.
Por su parte, Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, explicó que la represión transnacional también se manifiesta en la “patria y el destierro de facto”, institucionalizado por el régimen mediante mecanismos judiciales y administrativos. “La práctica de no renovar pasaportes o negar otro tipo de documentos de identidad conduce al despojo de la nacionalidad de factos de facto a las y los nicaragüenses”, dijo.
Asimismo, Valle alertó sobre la creciente negativa de ingreso a Nicaragua, que afecta incluso de ciudadanos sin vínculos con la oposición. Funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería estarían negando el ingreso al país si encuentran en internet publicaciones en contra del Gobierno por parte de la persona en cuestión. Algunos ciudadanos también han sido objeto de extorsión y coacción política.
Legitimar la persecución
Para Azahalea Solís, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la aprobación de leyes como la N.º 1145, que establece la pérdida arbitraria de la nacionalidad, y la N.º 1216, que extiende la jurisdicción penal de Nicaragua a personas fuera del país, han permitido al régimen nicaragüense extienda su poder represivo más allá de sus fronteras. Estas normas, explica la abogada, legitiman una política de persecución transnacional contra opositores y defensores.
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“El Gobierno de Nicaragua realiza acciones de control e intimidación contra nicaragüenses en el exilio, a través de amenazas y agresiones a familiares que permanecen en Nicaragua. Para ello han utilizado las sedes de las embajadas de Nicaragua”, denunció la especialista en Derecho Constitucional.
La crisis sociopolítica en Nicaragua se agravó a partir de abril de 2018, tras la violenta represión estatal contra las protestas ciudadanas. Desde entonces, el régimen de Ortega y Murillo, en el poder desde 2007, ha profundizado su modelo autoritario.
En ese contexto, el comisionado de la CIDH, Arif Bulkan, advirtió durante la audiencia que los gobiernos democráticos de la región no solo deben extender protección a los exiliados, sino también revisar sus vínculos económicos con Managua. “La magnitud de lo que ocurre en Nicaragua implica que, si se continúa haciendo negocios con ese régimen, se está financiando asesinatos y todas las demás violaciones a los derechos humanos que hemos escuchado hoy”, dijo el defensor.
