Bloomberg — El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, sobrevivió a un intento de los fiscales de despojarlo de su inmunidad procesal por presunto tráfico de influencias, lo que le dio a su partido político una victoria antes de las elecciones generales de 2026.
Aunque la mayoría de los legisladores votaron a favor de retirarle la inmunidad presidencial, no alcanzaron los dos tercios de la cámara necesarios. Treinta y cuatro legisladores votaron a favor de retirarle la inmunidad, mientras que 21 votaron en contra y dos estuvieron ausentes.
Costa Rica celebrará elecciones generales el 1 de febrero. Chaves no puede optar a la reelección, pero su partido intentará conservar la presidencia. Si ningún candidato obtiene el 40% de los votos, se celebrará una segunda vuelta en abril.
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La fiscalía general de Costa Rica había solicitado el levantamiento de la inmunidad de Chaves, alegando que abusó de su poder e influyó en la adjudicación de un contrato de relaciones públicas durante su primer año en el cargo. Los fiscales afirman que solicitó que se concedieran US$32.000 de un contrato de US$405.000a un aliado político para servicios de comunicación, que a su vez utilizó el dinero para el pago inicial de una casa.
En julio, un panel de jueces determinó que había pruebas suficientes para enviar el caso al Congreso, que debía investigarlo y votar si procedía. Chaves ha negado haber actuado mal.
También se enfrenta a otro caso de financiación ilegal de la campaña. Los fiscales alegan que Chaves financió su candidatura presidencial de 2022 utilizando fondos fiduciarios privados y cuentas bancarias personales al margen de la supervisión de las autoridades electorales. Ese caso está siendo revisado por el poder judicial, y también debe ser enviado al Congreso.
El gobierno de Chaves completó un programa de US$1.200 millones del FMI y redujo el déficit fiscal del país tras años de crecientes déficits de gasto. El desempleo ha disminuido a sus niveles más bajos en 15 años, pero los homicidios se han disparado a medida que el narcotráfico y las pandillas locales se disputan el control territorial. La delincuencia es la principal preocupación de los votantes de cara a las elecciones de febrero, según las encuestas.
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