Bloomberg Línea — En Centroamérica, la superposición de desastres naturales, pandemias, alzas de precios globales, degradación ambiental y modelos económicos excluyentes han configurado lo que un grupo de investigadores define como una multicrisis, cuyo impacto más tangible se expresa en el retroceso alarmante de la seguridad alimentaria en la región.
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Esta es la tesis central del libro Multicrisis, agricultura y seguridad alimentaria en Centroamérica: una aproximación a su estudio, elaborado por Adolfo Álvarez Macías y Robert Cárcamo Mallen, y publicado por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) y el Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS).
La propuesta no parte de un solo evento o tendencia, sino de una acumulación histórica de vulnerabilidades que se han vuelto más visibles y destructivas en las últimas dos décadas. Según Cárcamo, investigador en Humboldt Universität zu Berlin, el concepto de multicrisis permite captar ese carácter simultáneo y entrelazado de los factores que afectan la seguridad alimentaria.
El estudio abarca un periodo de más de cuatro décadas, desde 1980 hasta 2024, y traza una línea evolutiva de los momentos críticos.
En los años ochenta, los países centroamericanos enfrentaron caídas drásticas de inversión pública, inflación, guerra interna y un endeudamiento externo asfixiante.
La década de 1990 estuvieron marcados por transiciones políticas frágiles, el ajuste estructural y el impacto devastador del huracán Mitch.
En los 2000, la región fue arrastrada por las crisis de precios internacionales de los alimentos y los efectos colaterales de la recesión mundial de 2009.
La década siguiente sumó nuevas capas de fragilidad, como migración masiva, narcotráfico, deterioro ambiental, aumento de la violencia y pérdida de soberanía agrícola. Finalmente, entre 2020 y 2023, la pandemia del Covid-19, los huracanes Eta y Iota y la escalada en los precios internacionales de los fertilizantes completaron un escenario de desprotección estructural.
Esta confluencia de crisis encuentra su expresión más severa en el retroceso de la seguridad alimentaria. Después de más de una década de mejoras sostenidas, la región volvió a mostrar cifras alarmantes.
Entre 2014 y 2022, el porcentaje de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave pasó del 34% al 45%, según datos citados por los autores. El golpe ha sido más duro para las mujeres: la inseguridad alimentaria creció del 12.3% al 17.5% en el mismo periodo.
Las causas son múltiples, pero una de las más relevantes es el modelo agroproductivo predominante. El libro señala el contraste entre un sector agroexportador intensificado, enfocado en monocultivos para el mercado internacional, y una agricultura familiar de subsistencia con poco acceso a recursos, financiamiento o protección institucional.
Dimensiones de la seguridad alimentaria
El enfoque del libro se apoya en el paradigma de la seguridad alimentaria, basado en cuatro dimensiones: disponibilidad, acceso, estabilidad y aprovechamiento de los alimentos en cada país, pero incorpora también una mirada crítica que reconoce la necesidad de transición hacia sistemas más resilientes.
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A esto se suma la pérdida del 52% de biodiversidad y un aumento de más del 80% en la cantidad de especies amenazadas.
“Y esto ha dado lugar a que haya efectos comúnmente de inundaciones, que son los desastres naturales predominantes. Se contaron en 70 años alrededor de 15.500 efectos de inundaciones, 7.400 de deslizamientos y entre 1.400 y 1.500 de sequía. Son fenómenos que afectan la producción agrícola y dejan imposibilidad de autoabastecimiento a las familias más pobres”, dijo Álvarez, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
Otro efecto de crisis fue el Covid-19 no solo interrumpió las cadenas logísticas y mercados de trabajo, sino que golpeó directamente a los hogares rurales.
A las restricciones de movilidad se sumaron aumentos drásticos en el precio de los fertilizantes, especialmente la urea y el fosfato diamónico, lo que obligó a muchos pequeños agricultores a reducir o abandonar la fertilización de cultivos. El resultado fue una menor producción y, por tanto, menor disponibilidad de alimentos en los mercados locales y familiares.
“El insuficiente desarrollo de Centroamérica ha propiciado que los factores de crisis se acumulen, que se asocien y que se mantengan bajos indicadores socioeconómicos como promedio y que en particular la población en inseguridad alimentaria se mantenga alta”, advirtió Álvarez.
Lejos de ofrecer una solución única, el estudio plantea que la resiliencia alimentaria debe construirse desde múltiples frentes, incluyendo fortalecer la agricultura sostenible, diversificar las fuentes de ingreso, mejorar la gobernanza local y asegurar la participación comunitaria en la toma de decisiones.
Estas estrategias, combinadas con políticas públicas integrales, tecnologías apropiadas y redes solidarias, podrían revertir la tendencia actual y consolidar sistemas alimentarios más justos, sostenibles y adaptados al cambio climático.
El enfoque propuesto requiere una articulación entre actores estatales, organizaciones sociales e instancias internacionales para abordar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y garantizar el derecho a una vida digna para las poblaciones más vulnerables, señala la investigación.
