Bloomberg — La administración del presidente Donald Trump está siendo acusada de desafiar al poder judicial después de deportar rápidamente a cientos de presuntos miembros de pandillas venezolanas, en una afirmación de amplio poder para aplicar políticas de inmigración de línea dura.
Dos grupos que demandaron a la administración alegaron en un archivo judicial este lunes que el gobierno podría haber violado la orden de un juez federal que suspendía las expulsiones. La Casa Blanca afirmó que sus deportaciones no violaron ninguna orden judicial.
El enfrentamiento legal, que en última instancia podría llegar a la Corte Suprema, rápidamente fue prueba de la capacidad del poder judicial para controlar las ejecuciones de Trump.
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Un tribunal federal de apelaciones se dispone a determinar si Trump se extralimitó en sus facultades presidenciales al ampararse en una ley que anteriormente solo se había aplicado cuando el país estaba en guerra. Los documentos del caso deben presentarse el martes.
El drama comenzó cuando cinco venezolanos presentaron una demanda la madrugada del sábado, anticipando que Trump invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para atacar a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua. Trump había firmado una proclamación presidencial para poner en vigor la ley el viernes, pero no la publicó hasta la tarde del sábado.
Orden del juez
En respuesta, el juez de distrito de EE.UU. James Boasberg, el juez principal en Washington, emitió una orden para detener temporalmente la deportación de los cinco venezolanos. Por la tarde, detuvo el uso de la ley para deportar a cualquier presunto miembro del Tren de Aragua, pero para entonces, los aviones ya habían despegado.
Boasberg también ordenó verbalmente que los vuelos regresaran, según la transcripción. Sus comentarios se produjeron entre las 6:45 p.m. y las 6:48 p.m., dijeron la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward en documentos judiciales presentados el lunes por la mañana.
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“Cualquier avión que lleve a estas personas, que vaya a despegar o esté en el aire, debe ser devuelto a EE.UU.”, dijo Boasberg. “Sea cual sea la forma de lograrlo, ya sea dar la vuelta al avión o no embarcar a nadie en el avión, ni a las personas afectadas por esto, lo dejo en sus manos. Pero es algo que deben asegurarse de que se cumpla de inmediato”.
Tras ordenar a los aviones que regresaran, el juez dijo que “si los aviones ya aterrizaron y descargaron a sus ocupantes”, entonces “no tengo jurisdicción para exigir su regreso”.
La orden escrita del juez, que apareció en el expediente público a las 7:26 p.m., no mencionó ninguna orden para que los aviones regresaran a EE.UU.
Los aviones aterrizaron en El Salvador
Finalmente, los aviones llegaron a El Salvador, según un video de tres minutos publicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Los venezolanos ahora están detenidos en un centro de confinamiento para terroristas en virtud de un acuerdo que el secretario de Estado, Marco Rubio, negoció con Bukele.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
En documentos del domingo, la administración Trump dijo que “algunos pandilleros sujetos a deportación bajo la proclamación ya habían sido expulsados del territorio de EE.UU.” antes de que Boasberg emitiera su orden.
La ACLU y Democracy Forward afirmaron que la redacción del documento sugiere que el gobierno consideró que la orden de Boasberg se aplicaba solo a las personas que aún se encontraban en territorio estadounidense o en el espacio aéreo estadounidense al momento de la orden escrita. “Si así procedió el gobierno, constituyó una flagrante violación de la orden judicial”, argumentaron los grupos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado el domingo que la administración “no se negó a cumplir una orden judicial”. Añadió que “la orden, que carecía de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas del TdA ya hubieran sido sacados del territorio estadounidense”.
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EE.UU. no ha detallado públicamente cómo identificó a los venezolanos como miembros de la banda del Tren de Aragua, que ha sido designada como organización terrorista extranjera.
¿Es aplicable la Ley de Enemigos Extranjeros?
La extraordinaria cadena de acontecimientos planteó nuevas preguntas sobre la disposición de la administración a someter sus acciones a revisión judicial. Se han presentado más de cien demandas en un esfuerzo por frenar las políticas de Trump, incluyendo intentos de limitar la ciudadanía por nacimiento y reformar el gobierno, este último esfuerzo liderado por Elon Musk. Algunos litigantes han alegado que la administración ha tratado de eludir las órdenes judiciales para distribuir subvenciones, préstamos y otros fondos ya aprobados por el Congreso.
La iniciativa de Trump marca un uso sin precedentes de la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida que anteriormente solo se había aplicado en la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta ley permite al presidente eludir las leyes de inmigración del país para deportar a personas cuando EE.UU. está involucrado en una guerra declarada o cuando un país extranjero ha iniciado o amenazado con una invasión o incursión depredadora.
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En su proclamación, Trump dijo que el Tren de Aragua cumple con los criterios de la ley porque “está llevando a cabo acciones hostiles y una guerra irregular contra el territorio de EE.UU. tanto directamente como bajo la guia, clandestina o de otro tipo, del régimen de Maduro en Venezuela”.
Trump defendió su uso de la ley de tiempos de guerra en una discusión con periodistas el domingo por la noche a bordo del Air Force One.
“Esto es una guerra”, dijo Trump. “En muchos sentidos, es más peligroso que la guerra porque, como saben, en la guerra llevan uniforme. Sabes a quién le disparas”.
Justificar las deportaciones
Los críticos dijeron que la Casa Blanca estaba haciendo mal uso de su autoridad.
La proclamación pasa por alto una serie de razones por las cuales la ley no puede usarse para justificar las deportaciones, dijo Ilya Somin, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason.
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“La simple migración ilegal o el narcotráfico no se consideran invasión”, afirmó. Incluso si así fuera, “no lo está llevando a cabo un gobierno extranjero”.
La administración sostiene que los jueces federales tienen poca influencia en la evaluación del uso que el presidente hace de la ley de 1798. En su presentación judicial del domingo, el Departamento de Justicia afirmó que los tribunales pueden revisar casos individuales, pero no pueden “investigar las decisiones del presidente en materia de seguridad nacional y política exterior al emitir la proclamación en sí”.
El uso de la ley por parte de la administración es “totalmente ilegal”, dijo el abogado de la ACLU Lee Gelernt en una entrevista.
“No existe ninguna autoridad para usarla contra una pandilla, por muy peligrosa que el gobierno diga que sea”, comentó Gelernt. “Esta es una autoridad en tiempos de guerra que no tiene aplicación en este contexto”.
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Autoridad del presidente
En su apelación del domingo, el Departamento de Justicia dijo que la orden de Boasberg causará “un daño extraordinario a la autoridad del presidente para declarar una invasión” a EE.UU. y su autoridad para “repeler tal invasión y conducir los asuntos exteriores”.
El Departamento de Justicia dijo el domingo que “continuará protegiendo a EE.UU.” utilizando otros poderes legales.
El gobierno venezolano publicó en Telegram que EE.UU. “criminaliza de manera infame e injusta” a los migrantes venezolanos, describiendo el acto como un recordatorio de “los momentos más oscuros de la humanidad”.
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