Uno de los países más vulnerables del mundo a las consecuencias del cambio climático ha ganado una batalla legal histórica, dando a los países nueva munición para perseguir a algunos de los mayores emisores del planeta.
En su opinión consultiva, emitida el miércoles, la Corte Internacional de Justicia afirmó que los países tienen la responsabilidad de hacer lo que puedan para limitar el calentamiento global al umbral crítico de 1,5C, afirmando que no hacerlo puede violar el derecho internacional. La CIJ se puso del lado del archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico Sur, en un caso presentado hace dos años a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La CIJ afirmó que los países pueden enfrentarse a consecuencias si no cumplen con sus obligaciones, incluido el cese de acciones -como la producción de combustibles fósiles- y posibles reparaciones a aquellos que se han visto afectados por el cambio climático, como Vanuatu, siempre que se demuestre un vínculo causal.
“Las cuestiones planteadas por la Asamblea General representan algo más que un problema jurídico”, declaró Iwasawa Yuji, presidente de la CIJ, durante la presentación del dictamen. “Es un problema existencial de proporciones planetarias que pone en peligro todas las formas de vida y la salud misma de nuestro planeta”.
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El dictamen emitido a lo largo de dos horas en La Haya se considerará una gran victoria para los activistas del clima, que cada vez más han buscado vías legales para presionar a los países para que detengan las actividades que provocan el cambio climático, ya que las negociaciones internacionales no consiguen resultados con la suficiente rapidez.
A los productores de combustibles fósiles y a los países desarrollados puede preocuparles que la decisión se utilice durante los alegatos en diversos tribunales internacionales para presionarles a que hagan más para combatir el cambio climático y paguen dinero para hacer frente a las consecuencias, aunque aún está por ver si cambiarán su comportamiento.
“Este fallo ha ido más allá”, declaró Ralph Regenvanu, ministro del clima de Vanuatu, en una rueda de prensa. “Confirma lo que las naciones vulnerables venimos diciendo y sabiendo desde hace tanto tiempo: Que los Estados sí tienen la obligación legal de actuar contra el cambio climático”.
La CIJ no tiene poder para hacer cumplir su decisión por sí misma, y EE.UU. se encuentra entre los países que no reconocen automáticamente su autoridad legal. Pero el caso cuenta con el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en principio, aumenta la presión sobre los Estados miembros de la ONU para que actúen de acuerdo con la decisión del tribunal.
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“Se supone que EE.UU., mientras forme parte de la ONU, también debe seguir este dictamen”, declaró Margaretha Wewerinke-Singh, asesora jurídica del caso de Vanuatu ante la CIJ. “Está tan obligado por este asesoramiento como los demás Estados”.
La opinión consultiva es la primera del tribunal sobre el cambio climático y no irá seguida de fallos adicionales.
La CIJ dijo que consideraba la limitación del calentamiento global a 1,5C como el principal objetivo de temperatura del Acuerdo de París, y que los países tenían la obligación de aumentar sus ambiciones nacionales como parte del proceso de la ONU. Todas las naciones deben presentar planes revisados antes de la cumbre climática COP30 en Brasil.
Los tribunales internacionales se están posicionando cada vez más sobre el clima. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dijo en mayo de 2024 que los países deben proteger los océanos de la acidificación. Y a principios de este mes, en respuesta a las peticiones de Chile y Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que un clima sano es un derecho humano.
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Aunque sólo tienen carácter consultivo, estas sentencias tienen el potencial de propagarse por el sistema jurídico, aumentando los riesgos de litigio e incrementando la presión sobre los países para que exijan planes de transición climática. El año pasado se presentaron al menos 226 nuevos casos climáticos, lo que elevó el número total de demandas vivas a algo menos de 3.000 en casi 60 países, según un informe de junio del Instituto de Investigación Grantham sobre el Clima.
El caso de Vanuatu se remonta a 2019, cuando 27 estudiantes de derecho de la Universidad del Pacífico Sur iniciaron una campaña para exigir responsabilidades. La ONU ha clasificado a Vanuatu como uno de los países del mundo con mayor riesgo de sufrir catástrofes naturales, la mayoría de las cuales han empeorado debido al cambio climático.
“Esta sentencia es una poderosa herramienta que podemos utilizar para exigir que los principales responsables de esta crisis climática rindan cuentas”, declaró Flora Vano, responsable de ActionAid en Vanuatu. “A medida que el clima del planeta se vuelve más caótico, esta sentencia allana el camino para las protecciones y reparaciones que necesitamos desesperadamente para reconstruir nuestras vidas y asegurar un futuro justo”.
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