Bloomberg — Los principales grupos de presión financiera del mundo pidieron a los reguladores que pausen la próxima implementación de los nuevos y estrictos estándares que regirán las operaciones de los bancos con criptomonedas y que revisen medidas que, según ellos, son innecesariamente onerosas.
En una carta conjunta al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, las asociaciones gremiales señalaron que los responsables de política deberían “recabar información actualizada” sobre los casos de uso de la tecnología de registro que sustenta a los activos digitales, y evaluar “un rediseño y recalibración adecuados” de los estándares que se prevé adoptar en 2026.
Las normas, que incluyen fuertes recargos de capital para los bancos que posean criptomonedas, se acordaron en 2022 en un contexto de agitación del mercado de criptomonedas y una serie de escándalos que despertaron la preocupación por el contagio financiero. En aquel momento, altos ejecutivos bancarios, entre ellos el CEO de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, arremetieron públicamente contra el sector.
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Desde entonces, las criptomonedas se han introducido en la corriente financiera dominante, sobre todo en EE.UU., donde el presidente Donald Trump ha impulsado una legislación de apoyo al sector. Grandes bancos mundiales como JPMorgan están incursionando ahora en la clase de activos, en áreas que van desde la custodia hasta la facilitación del comercio y la emisión de stablecoin.
Entre los firmantes de la carta de este martes se encuentran el Instituto Internacional de Finanzas, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados y el Consejo Empresarial Global de Blockchain, así como la Industria de Política Bancaria de EE.UU., junto con asociaciones de mercados regionales de EE.UU., Europa y Asia.
El Comité de Basilea no hizo comentarios inmediatos.
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Personas familiarizadas con el enfoque regulador global han reconocido previamente que las normas entrantes podrían ser polémicas dados los cambios en el entorno del mercado desde que se acordaron. Un supervisor de un regulador nacional, que pidió no ser nombrado, dijo que no sabía si su jurisdicción aplicaría las nuevas normas cuando entraran en vigor.
“Una aplicación incoherente pondrá en peligro el objetivo de establecer una norma mínima que permita la igualdad de condiciones, mitigue los desbordamientos transfronterizos del riesgo y evite la fragmentación del mercado”, escribieron las asociaciones en su carta.
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