Bloomberg Línea — El comercio ilícito en Latinoamérica se ha convertido en una fuente central de ingresos para el crimen organizado, provocando pérdidas fiscales millonarias, afectando la salud pública y debilitando sectores clave como el farmacéutico, textil y agrícola.
La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) indica que “el crimen organizado canaliza esas ganancias hacia otras actividades ilegales—y frecuentemente violentas—que amenazan la seguridad pública".
El comercio ilícito “pone en riesgo a los consumidores al inundar los mercados con productos inseguros y no regulados, mientras que las empresas legítimas son perjudicadas por redes criminales que a menudo dependen del trabajo forzado o infantil”, alerta esta iniciativa independiente del sector privado.
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En el reporte The 2025 Illicit Trade Index, explica que el comercio ilícito en Latinoamérica se ha convertido en una fuente central de ingresos para el crimen organizado, con fuerte presencia en tabaco, alcohol y productos falsificados.
Según TRACIT, el tabaco ilícito, “fácil de ocultar y contrabandear”, representa el 96% de todos los cigarrillos consumidos en Panamá, 84% en Ecuador, 47% en Costa Rica, y 36% en Colombia.
Otro ejemplo es el comercio de licores ilícitos, que para Ecuador se refleja en una grave pérdida fiscal, con más de US$100 millones evaporados.
“En cada caso, el comercio ilícito erosiona la integridad del producto, pone en peligro a los consumidores y frena el crecimiento de los sectores”, explica TRACIT.
Países más vulnerables al comercio ilícito
América Latina y el Caribe registran un puntaje de 47,4 en el Índice de Comercio Ilícito, lo que refleja desafíos importantes en la región, en tanto que en Norteamérica es del 73,3, en Europa del 61 y en Asia Pacífico 50,9.
Si bien la región muestra desempeños relativamente mejores en comercio, aduanas y fronteras (56,9) y en tributación y entorno económico (58,2), persisten debilidades en el marco regulatorio y su aplicación (51,1) y en los facilitadores criminales del comercio ilícito (51,4).
Los mayores rezagos aparecen en los intermediarios de la cadena de suministro (24,2) y en los indicadores sectoriales (42,9), lo que evidencia vulnerabilidades que permiten la expansión de mercados ilícitos.
En Latinoamérica, el país más vulnerable al comercio ilícito es Venezuela (con un índice de 27,1), siendo penúltimo entre 158 países.
La puntuación media entre todos los países evaluados es de 49,9, con un rango que va desde los 76 puntos de Dinamarca, el país con mejor desempeño, hasta los 25,7 puntos de Yemen, el peor evaluado.
Después de Venezuela, los países más golpeados por este flagelo en la región son Haití (32,2), seguido por Nicaragua (33,3), Bolivia (38,5) y Honduras (39,3).
Particularmente, Venezuela, Haití y Nicaragua presentan puntajes muy bajos en casi todas las categorías.
En Venezuela destacan las debilidades en regulación, aplicación de la ley y control de cadenas de suministro, lo que refleja “sus crisis económicas y políticas más amplias, la corrupción generalizada y las debilidades institucionales”.
Haití y Nicaragua enfrentan problemas similares de inestabilidad y falta de recursos, lo que limita su capacidad para combatir el comercio ilícito.
Luego, aparece un grupo conformado por Ecuador (42,7), Guatemala (43,1), El Salvador (45,8), Paraguay (48,4), México (49,4), Panamá (49,6), Perú (50,1), Colombia (50,3) y Costa Rica (51,2).
Mejor situados están Guyana (52,4), Jamaica (52,8), Argentina (53,5), República Dominicana (54,3), Brasil (56,3), Chile (56,5) y Uruguay (64,7).
Entre los países con mejor desempeño, Uruguay destaca en comercio y aduanas, pero tiene rezagos en cadenas de suministro y sectores específicos.
Por su parte, Chile muestra un entorno fiscal sólido, aunque falla en control logístico y sectorial. “Esto sugiere que, si bien sus políticas fiscales son sólidas, tiene dificultades para hacer cumplir la ley contra el comercio ilícito en sectores específicos”, señala el reporte.
En el mundo, después de Dinamarca, los países mejor evaluados son Estados Unidos, Alemania, Finlandia, Noruega, Canadá, Japón, Luxemburgo, Suiza y Suecia.
El reporte “puede servir como herramienta de diagnóstico para los gobiernos que buscan adoptar reformas estructurales”, dijo Jeffrey Hardy, director general de TRACIT.
Al identificar debilidades clave, vacíos regulatorios y vulnerabilidades, Hardy explica que este documento permite a los gobiernos “señalar las áreas que merecen mayor atención, diseñar medidas eficaces y tomar acciones específicas para combatir el comercio ilícito”.
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