Bloomberg Línea — Los subsidios a los combustibles fósiles generan una factura costosa de pagar en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, tanto desde el punto de vista económico como político, ante la alta dependencia de diferentes sectores productivos.
Fuera de la factura fiscal, el subsidio a los combustibles constituye, además, un drenaje significativo de recursos en varios países de América Latina, especialmente en naciones andinas, que se podrían invertir en rubros sociales como la atención sanitaria, la salud o la infraestructura.
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador disparó los precios y desató protestas indígenas y bloqueos viales, reflejando la sensibilidad que pueden causar estos ajustes en una región como Latinoamérica que sigue siendo dependiente a estos auxilios.
En Venezuela, los subsidios a combustibles pueden equivaler hasta el 6% del PIB y reflejan “la incapacidad del Estado para sostener un crecimiento económico que permita a los hogares pagar precios internacionales”, dijo a Bloomberg Línea el especialista en asuntos venezolanos y académico de la Universidad del Rosario en Colombia, Roberto Pérez.
“Por otro lado, muestran la contradicción de mantener estímulos al consumo de energía contaminante, pese a la urgencia climática”, apuntó.
Subsidios andinos a combustibles
En Bolivia, los subsidios a hidrocarburos como el diésel y la gasolina tienen un peso de hasta el 3,60% del PIB, de acuerdo a cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF).
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En Ecuador, donde el Gobierno de Daniel Noboa decretó la eliminación del subsidio al diésel en medio de las crecientes tensiones sociales, las subvenciones a hidrocarburos pesan hasta el 3% del PIB.
El costo de mantener precios artificialmente bajos erosiona la capacidad fiscal para invertir en salud, educación, infraestructura o energías limpias. También fomenta un consumo excesivo de combustibles, incentiva el contrabando y agrava el déficit fiscal, que al ser financiado con emisión monetaria alimenta la inflación y crea nuevos pobres.
Roberto Pérez, profesor de Macroeconomía de la Universidad del Rosario (Colombia).
En países como Colombia, estos subsidios a los combustibles fósiles pueden representar un poco más del 1% del PIB.
El IFF estima que los subsidios directos a los combustibles rondan el 0,15% del PIB en Perú, que utiliza un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) como colchón ante shocks externos.
“Si bien el contexto de precios internacionales relativamente bajos ha atenuado temporalmente el costo (de los subsidios), el riesgo estructural persiste. Si el petróleo vuelve a subir, la presión sobre las cuentas fiscales se amplificará con rapidez”, dijo a Bloomberg Línea el economista Jonathan Fortun, del IFF.
A su juicio, lo preocupante es que algunos gobiernos han preferido mantener estos subsidios, incluso durante períodos de precios internacionales bajos, lo que reduce el espacio para maniobras futuras.
En Bolivia, por ejemplo, el subsidio al diésel y la gasolina representa una carga persistente, que coexiste con déficits fiscales estructurales y un deterioro sostenido de las reservas internacionales.
Además, “el verdadero costo podría ser aún mayor si se incorporaran las dimensiones no contabilizadas directamente en el presupuesto, los llamados subsidios indirectos o implícitos”.
Estos subsidios indirectos incluyen, por ejemplo, la renuncia fiscal por no aplicar impuestos ambientales, el deterioro del sistema de transporte público por el incentivo al consumo privado de combustibles, y los costos en salud y medioambiente derivados del uso intensivo de diésel en sectores como la minería, la logística o el agro.
Los mecanismos institucionales también varían y condicionan tanto la transparencia como la capacidad de ajuste. Países como Bolivia y Paraguay operan regímenes menos institucionalizados, donde los subsidios se ejecutan directamente desde el presupuesto o a través de empresas estatales, sin reglas explícitas de ajuste ni mecanismos automáticos de corrección. En estos esquemas, el subsidio termina siendo una cuenta opaca dentro del Estado.
Jonathan Fortun, economista del IFF.
Para Jonathan Fortun, esta es una forma “más silenciosa, pero igual de regresiva”, de desviar recursos públicos hacia segmentos que no necesariamente lo necesitan.
En la región, los subsidios a los combustibles y energía constituyen una transferencia que hace el Estado a los hogares y empresas para atenuar el potencial impacto en las condiciones de bienestar y productividad que el acceso a energía y servicios conexos genera.
Una de las razones fundamentales para la implementación de este tipo de subsidios en la región es la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y, como consecuencia, de la energía derivada de combustibles fósiles: gasolina, diésel (varios tipos), gas de uso doméstico / GLP, gas natural.
“La volatilidad de los precios perjudica la planificación financiera de operaciones productivas altamente expuestas a estos insumos”, dijo a este medio José Gabriel Castillo, profesor investigador de ESPOL y exviceministro de Economía de Ecuador.
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Panorama de los subsidios en las mayores economías
En Brasil existen subsidios tanto para la producción como para la venta de combustibles fósiles y renovables.
En 2023, estos subsidios sumaron unos R$99.810 millones (unos US$18.746 millones), de los cuales el 82% se dirigió a fósiles, principalmente mediante programas como el Repetro, que apoya la exploración y operación de petróleo y gas.
Aunque México cuenta con un mecanismo semanal para subsidiar el precio de la gasolina y el diésel, conocido oficialmente como estímulo fiscal, actualmente está desactivado en el marco de un tope de precios impulsado por las autoridades.
El Gobierno de México y empresarios acordaron desde febrero un precio máximo de MXN$24 (US$1,3) por litro de gasolina a nivel nacional, ante la queja de la presidenta Claudia Sheinbaum de financiar las ganancias de los gasolineros a través del subsidio, cuando los precios de referencia internacionales de los combustibles bajan, pero no los trasladan a los consumidores.
En Argentina, el Estado viene llevando a cabo un fuerte ajuste a los subsidios a la energía desde que Javier Milei asumió la Presidencia.
Entre 2024 y 2025 el gasto en subsidios energéticos cayó con fuerza, pasando de unos US$6.000–US$7.000 millones a alrededor de US$3.600–US$4.400 millones, lo que redujo su peso en el PIB de cerca del 1% a entre 0,5% y 0,7%.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), basados en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), el peso de los subsidios a la energía en Argentina se reducirá a la mitad.
Mientras que en 2023 estos subsidios representaban el 8% del gasto público total, se proyecta que para 2026 su participación caerá significativamente, ubicándose en apenas el 4% del gasto.
Costo político y económico
El costo político de los ajustes a los combustibles es lo que ha postergado muchas reformas fiscales necesarias en Latinoamérica.
En el pasado, las discusiones sobre ajustar los subsidios han generado malestar entre los sectores más pobres, que dependen del transporte público y destinan gran parte de sus ingresos a alimentos, ya que la volatilidad abre espacio para un aumento y la especulación de los precios de productos básicos.
Esto, sumado al efecto en los ingresos fiscales, ha llevado a varios países de la región a promover fondos de estabilización petrolera o de precios de los combustibles (como Chile, Colombia o Perú), o mecanismos de control, bandas o compensaciones, que permitan atenuar los efectos de esta volatilidad.
No obstante, los mecanismos de sostenibilidad de estos esquemas son débiles, dependientes del presupuesto público o de normativa de difícil adaptación en periodos de declive del ciclo, dijo José Gabriel Castillo.
Países como Colombia han ensayado mecanismos de adaptación paulatina de una agenda de ajustes a los subsidios, en donde la comunicación y didáctica de la medida y sus consecuencias jugó un rol fundamental en facilitar el proceso. Ecuador ha probado versiones drásticas, como la eliminación total en 2019, que tuvo como consecuencia un paro nacional que duró casi un mes y obligó al Gobierno a dar marcha atrás.
José Gabriel Castillo, exviceministro de Economía de Ecuador.
Desde una perspectiva macroeconómica, mantener subsidios generalizados distorsiona los precios relativos, desalienta la eficiencia energética y limita el margen para gasto social más progresivo.
“Lo que está quedando claro es que los subsidios a los combustibles (para algunos países) han pasado de ser herramientas coyunturales a convertirse en anclas estructurales dentro de muchos regímenes fiscales en la región”, según Fortun. “Se acumulan incluso en contextos de precios internacionales favorables, lo cual refleja no solo una decisión fiscal, sino también una lectura política sobre la dificultad de tocar ciertas rentas implícitas”.
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Modificar los subsidios es un asunto sensible
En Ecuador, los choques sociales derivados de la eliminación del subsidio al diésel para frenar el contrabando a otros mercados andinos llevó al Gobierno a decretar en días pasados un estado de excepción en siete provincias para impedir el bloqueo de las vías.
El precio del galón de diésel en Ecuador incrementó de US$1,80 a US$2,80 desde el pasado 13 de septiembre.
Según José Gabriel Castillo, exviceministro de Economía de Ecuador, cualquier cambio o eliminación de subsidios enfrenta la oposición de grupos organizados que se benefician del sistema actual.
Además, sectores económicos muy dependientes de combustibles y transporte —como aviación, pesca, carga e industria— suelen presionar por esquemas de focalización que reduzcan el impacto de las reformas fiscales, lo mismo que ocurre con el transporte público y de carga.
“El desafío es fundamentalmente político y en una región cuyas instituciones políticas son débiles, esta agenda de reformas ha demostrado ser la piedra de tope de muchas iniciativas”, dijo el académico y exviceministro Castillo.
La agenda de reformas a los subsidios
La agenda de reformas fiscales hacia la reducción de estas presiones se ha intensificado en un panorama marcado por los desafíos de sostenibilidad de deuda y fuentes de financiamiento internacional cada vez más escasas.
Los argumentos económicos detrás de una agenda de reformas van desde generar mayor eficiencia en el uso del recurso hacia sectores que realmente los necesitan hasta mayor inversión pública para mejorar la cobertura y acceso de servicios públicos.
Asimismo, las discusiones apuntan a una menor utilización de combustibles contaminantes y la reducción de distorsiones de mercado que impiden el desarrollo y adopción de energías más eficientes.
Otros ejes son la reducción de ineficiencias derivadas del contrabando de combustibles y la eliminación de economías criminales relacionadas.
Para el exviceministro y académico Castillo, liberar esos recursos facilitaría ampliar el espacio fiscal para muchas alternativas de inversión con alto impacto en el bienestar de la población.
“No hay una versión única ni vía definitiva de éxito para la eliminación de los subsidios a los combustibles en la región”, dijo. “Toda estrategia en esta línea debe considerar diversas formas de absorber los shocks de los ganadores y perdedores de la medida; y es, fundamentalmente, dependiente del momento (capital político) y contexto social y político en el que se promueve”.
