Buenos Aires — El DNU 179 que firmó el presidente Javier Milei y se publicó este martes en el Boletín Oficial, que autoriza a operaciones de crédito contenidas en el acuerdo que vaya a firmar el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), será el mayor desafío legislativo que tenga La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso este año electoral.
El DNU fue remitido a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que tiene diez días hábiles para dictaminar sobre el decreto. Y tendría los votos para evitar un rechazo en esta instancia. Una vez superada, la estrategia defensiva del oficialismo será evitar que ambas cámaras (Senado y Diputados) rechacen el DNU. Eso sucedió una sola vez: el año pasado con los fondos reservados asignados para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Antes, el oficialismo evitó que se rechace el DNU 70/2023 y pudo insistir con vetos presidenciales.
Este debate pone en jaque al principal aliado de La Libertad Avanza en el Congreso: el PRO. El partido que preside Mauricio Macri internamente está dividido respecto al apoyo al Gobierno y aún no resolvió si alcanzará un acuerdo electoral con LLA.
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“Es un tema que demuestra la debilidad institucional en la cual estamos, que no ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante”, dijo el expresidente de la Nación este martes. El acuerdo que firmarían Milei y el FMI, sería para reestructurar, por segunda vez, el acuerdo Stand By por US$44.000 millones firmado por Macri con el organismo multilateral en 2018. El PRO apoyó (sin un sólo rechazo) el acuerdo de Facilidades Extendidas celebrado durante el Gobierno de Alberto Fernández.
Aquel tratamiento en el Congreso responde a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública impulsado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, y promulgada el 3 de marzo de 2021. Un año y seis días después Diputados debatía el acuerdo alcanzado con el FMI, que contó con 202 votos afirmativos y 37 rechazos. El presidente Milei, por entonces diputado, estuvo entre los negativos.
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Posición de los distintos bloques sobre y el acuerdo el DNU
El bloque PRO (37 diputados y 7 senadores) se reunió este martes por la noche para debatir su posición. Según consultó Bloomberg Línea a distintos integrantes de la bancada, que pidieron no ser identificados, hay un apoyo general al acuerdo que se negocia con el FMI, pero discuten la metodología elegida (DNU).
No obstante, el diputado Martín Maquieyra, reconoce que la estrategia responde a “las dificultades para contar con la aprobación de las dos cámaras”, y que en definitiva, “sigue siendo la potestad también del Ejecutivo y el DNU puede ser una herramienta válida para eso, entendiendo la urgencia del caso”.
En números, el mayor bloque de Diputados y el Senado es el peronismo: 98 y 34 respectivamente. Los diputados de Unión por la Patria manifestaron a través de un comunicado su rechazo “a un nuevo avasallamiento por parte del Presidente a las facultades de este Congreso”. “Queremos recalcar que contraer una nueva deuda sin una ley expresa del Congreso Nacional torna a la misma ilegal e ilegítima”, advierte.
Pese a este rechazo, previsible, el oficialismo buscará apoyos -que han ocurrido- a través de gobernadores peronistas, como el de Catamarca o el de Santiago del Estero.
Otro bloque que debate su posición, pero difícilmente logre una postura unificada, es el de la Unión Cívica Radical: cuenta con 20 diputados y 13 senadores. Otra vez, la estrategia oficialista será la de negociar a través de los cinco gobernadores radicales. Lo mismo sucedería en el Senado.
En Diputados otra bancada clave en las negociaciones es Encuentro Federal (15 bancas) que preside el peronista Miguel Ángel Pichetto. Uno de los integrantes de este bloque, Oscar Agost Carreño, se preguntó a través de la red social X de qué manera se sostiene la sustentabilidad si el acuerdo con el FMI avanza vía decreto y no se cuenta, además, con Presupuesto Nacional.
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Qué dijo el FMI sobre el apoyo legislativo
El jueves pasado, en conferencia de prensa, la portavoz del FMI, Julie Kozak, se refirió al posible tratamiento en el Congreso. “”Asegurar el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades tal como lo establece la legislación interna argentina. Y al mismo tiempo, por supuesto, como acabo de señalar, un amplio apoyo político y social puede mejorar la implementación del programa”, dijo.
