Buenos Aires — La Justicia santafesina llevó a cabo este miércoles allanamientos en las oficinas de Rosario Fiduciaria (RosFid), Bioceres S.A. y BioMetallum S.A., en el marco de una demanda civil presentada por el científico Sebastián Cogliati contra SF500, un fondo de inversión impulsado por Bioceres y el gobierno de la provincia de Santa Fe.
Según anticipó el portal Rosario3, Cogliati, doctor en ciencias biológicas, acusa a los responsables del fondo de haberlo inducido a ceder la patente de su proyecto científico sin compensación. Su iniciativa, seleccionada por SF500 en 2023, proponía el uso de microorganismos para reemplazar químicos contaminantes en la industria del litio. Recibió una inversión inicial de US$250.000.
La demanda, que llega a semanas de conocerse el default de pagarés bursátiles por parte de Bioceres S.A. -sociedad que controla aproximadamente el 40% de las acciones de Bioceres Crop Solutions (BIOX)- incluye pedidos de nulidad, daños y perjuicios, remoción de director y medidas preventivas.
El gobierno de Santa Fe anunció la creación del fondo SF500 el 4 de agosto de 2021, durante la gestión del gobernador Omar Perotti. En ese evento, el CEO de Bioceres Crop Solutions, Federico Trucco, firmó el convenio por la empresa, convirtiéndola en el principal socio privado de la iniciativa. En aquel momento, se mencionó el objetivo de destinar US$300 millones en los próximos diez años para apoyar la creación de 500 startups científico‑tecnológicas
Fuente de Bioceres Crop Solutions (BIOX) explicaron que “se trata de un conflicto entre fundadores de una startup en la que Bioceres no posee participación accionaria”. También señalaron que Francisco Buchara no es ni ha sido director de Bioceres (la presentación del científico, según Rosario3, afirma que sí). Subrayaron, además, que “la compañía está plenamente a disposición de la Justicia”.
Según la presentación del demandante, a la que tuvo acceso Rosario3, tras el desembolso de los fondos y el ingreso de RosFid como accionista de la startup, representantes de Bioceres comenzaron a presionar al científico para que cediera su patente a una sociedad extranjera que, le aseguraron, facilitaría la obtención de capital internacional.
“Me dijeron que era conveniente que la sociedad extranjera a constituir adquiriera a BioMetallum SA, porque de esa forma, al ser una sociedad matriz, podía prestarle dinero más fácilmente a la primera para concretar el desarrollo de mi investigación”, relató Cogliati.
Sin embargo, sostiene que esa promesa nunca se cumplió y que, convencido de ser socio, terminó cediendo de forma gratuita su patente y sus acciones en la empresa argentina. “Lo concreto para el caso es que, mediante estos pretextos, me dejaron sin participación alguna en las sociedades extranjera y local, y se quedaron con mi patente; reitero: sin pagarme un peso”, denunció.
Cogliati afirma que Bioceres y su entorno lo presionaron para transferir la propiedad intelectual a una empresa creada en EE.UU. (BioMetallum Corp), con la promesa de facilitar el financiamiento. Sin embargo, esa sociedad quedó registrada a nombre exclusivo de Marcos Pacchiele, su socio inicial. Además, Cogliati cedió sus acciones en la empresa argentina a la nueva firma extranjera, lo que considera parte de una maniobra engañosa.
VER MÁS: Argentina suma dólares a la espera del FMI, que advierte por nivel “crítico” de las reservas
Más problemas para Bioceres
El allanamiento sucede en un momento complejo para Bioceres S.A., que atraviesa una serie de tensiones financieras.
Al 8 de julio, la empresa había incumplido vencimientos de pagarés por al menos US$8,31 millones y sus acreedores evalaban acciones judiciales tras una fallida negociación con directivos de Moolec, la firma cotizada que controla a Bioceres.
Además, la calificadora Fix rebajó la nota crediticia de Rizobacter, una de sus principales subsidiarias, debido a la creciente presión sobre su caja y nivel de endeudamiento.
Corrección: Esta nota fue corregida a las 17:51hs. El último párrafo incorrectamente mencionaba el incumplimiento de pagarés por US$600 millones, cuando el monto real al 8 de julio era de US$8,31 millones.
