Argentina no negociará con Burford Capital, la firma que lidera el esfuerzo por cobrar una sentencia de US$16.000 millones contra el país, según declaró este viernes a la prensa un portavoz del presidente Javier Milei.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también negó que el Gobierno haya mantenido conversaciones confidenciales. “Argentina no negociará con los demandantes y niega categóricamente cualquier discusión maliciosa sobre reuniones paralelas o acuerdos secretos”, afirmó.
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Las declaraciones de Adorni se producen pocas semanas después de que la jueza federal estadounidense Loretta Preska, con sede en Nueva York, ordenara al país entregar su participación del 51% en la petrolera YPF SA como forma de pago parcial de la sentencia. Preska es la misma jueza que en 2023 otorgó una indemnización de US$16.000 millones a los accionistas de YPF (YPF) expropiados por el Gobierno argentino en 2012.
La administración de Milei está apelando tanto la sentencia original como la orden de entrega de Preska del 30 de junio. Muchos expertos legales han señalado que es probable que la orden más reciente presione a Argentina para que llegue a un acuerdo.
Burford Capital declinó hacer comentarios este viernes. Sus acciones han subido con fuerza en las últimas semanas, impulsadas por las expectativas de un acuerdo, aunque este viernes se mantuvieron prácticamente sin cambios hacia el mediodía.
El registro de visitantes de la Casa Rosada reveló que dos negociadores de Burford se reunieron con el jefe de Gabinete de Milei en octubre pasado, pero el Gobierno asegura que las conversaciones no avanzaron.
Las declaraciones de Adorni se conocieron un día después de que el Gobierno de Donald Trump presentara un escrito en apoyo a Argentina ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. El Departamento de Justicia de EE.UU. afirmó que permitir que la orden de entrega de YPF entre en vigor violaría las protecciones de inmunidad soberana.
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En paralelo, el Gobierno argentino anunció el jueves una reestructuración de la Fiscalía del Tesoro, responsable de la defensa legal del país en este caso. La medida se conoció luego de que medios locales reportaran posibles filtraciones de información en el juicio por YPF. Adorni negó el viernes que esta reestructuración esté relacionada con esas denuncias.
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