Buenos Aires — Argentina presentó este jueves por la noche sus fundamentos de apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con el objetivo de revertir la orden de la jueza Loretta Preska, que ordenó al país a trasladar su participación del 51% en YPF a Nueva York para una eventual ejecución por parte de los demandantes en el juicio por la expropiación de la petrolera. La movida marca un punto de inflexión en una batalla legal donde el soberano argumenta que están en juego los límites de la inmunidad soberana a nivel global.
El caso, en donde más de US$16.000 millones estarían en juego, involucra a los fondos Petersen/Eton Park y Bainbridge —habiendo sido comprada la mayoría participación del juicio a Petersen por Burford Capital—, y se remonta a la nacionalización de la empresa energética durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
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Cuatro pilares de la defensa argentina
El primer argumento del Estado argentino se centra en la violación de la inmunidad soberana. Argentina sostiene que la práctica estadounidense históricamente protege la propiedad estatal en el extranjero contra embargos o ejecuciones. La Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) de 1976 estableció excepciones únicamente para bienes situados en territorio norteamericano, nunca para activos ubicados fuera de sus fronteras.
La segunda línea defensiva apunta a una interpretación errónea del derecho de Nueva York. Los abogados argentinos argumentan que la norma “turnover” (C.P.L.R. § 5225) jamás fue diseñada para forzar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio. Esta herramienta legal tendría límites claros que la sentencia habría ignorado.
El tercer punto de la defensa cuestiona la aplicabilidad de la FSIA al caso concreto. Las acciones de YPF no están “en Estados Unidos”, no fueron “utilizadas en actividad comercial en EE.UU.” ni participaron “en la actividad comercial que originó el reclamo”, requisitos que la ley exige explícitamente.
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Choque entre soberanías
Y el cuarto argumento desnuda una tensión más profunda: la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación. Desde 2012, la ley argentina exige aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. La sentencia también contradiría principios como la cortesía internacional y la doctrina del acto de Estado.
El propio gobierno estadounidense ha respaldado la posición argentina en dos presentaciones previas, calificando la orden como “sin precedentes” y advirtiendo sobre riesgos para los intereses norteamericanos en el exterior.
Calendario decisivo
El cronograma judicial marca fechas clave que definirán el futuro del caso. El 14 de noviembre vence el plazo para que los demandantes presenten sus argumentos escritos, mientras que Argentina tendrá hasta el 12 de diciembre para su réplica. La audiencia de apelación, programada para el 29 de octubre, representa el momento crucial donde se comenzará a dirimir la batalla legal.
La estrategia argentina de solicitar un “expedite briefing” busca acelerar los tiempos procesales, señalando la urgencia que el gobierno atribuye al caso. La Procuración del Tesoro trabaja contra reloj en la recta final hacia una audiencia que podría marcar precedente para futuras disputas entre Estados.
El desenlace no solo afectará las finanzas públicas argentinas, en un contexto de nerviosismo en torno a las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), sino que podría establecer nuevos parámetros para la protección de activos soberanos en el sistema judicial estadounidense.
Respiro judicial del 15 de agosto
Antes de llegar a esta instancia de apelación, Argentina obtuvo un respiro crucial el pasado 15 de agosto. La Justicia de Estados Unidos suspendió la orden de entrega de acciones de YPF y el Estado argentino conservó su participación mayoritaria en la compañía mientras avanza la apelación. Esta decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dejó sin efecto la orden del 51% de las acciones dispuesta por la jueza Preska el 30 de junio.
La cautelar (“stay”) garantiza que Argentina mantenga el control de YPF durante todo el proceso de apelación. Para la Procuración del Tesoro, esto “constituye un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”. Adicionalmente, se autorizó la participación como amicus curiae del Departamento de Justicia estadounidense, reforzando el respaldo oficial a la posición argentina.
