Buenos Aires — Empresas mineras buscan que, después de las elecciones del 26 de octubre, la política resuelva un asunto clave para destrabar las inversiones en cobre: cambios a la Ley de Glaciares. El Gobierno de Javier Milei lo ha intentado en dos oportunidades, hasta ahora sin éxito. La Corte Suprema dijo en 2019 que deben resolverlo las provincias con Nación.
La Ley sancionada en 2010 restringe la actividad minera en zonas donde se identifican formaciones de glaciares o periglaciares, que se las reconoce como un recurso hídrico vital. Las empresas sostienen que es por demás prohibitiva y que una reglamentación debe aclarar grises para poder acelerar inversiones hoy demoradas.
La Ley puede afectar principalmente a los proyectos de cobre ubicados sobre la Cordillera de los Ándes, como Josemaría y Filo del Sol (Vicuña) y Pachón (de Glencore), inversiones que superan, en conjunto, los US$20.000 millones.
“Hay un montón de proyectos que dependen de que se resuelva la Ley de Glaciares. Los procesos para llevarlo adelante son lentos. Hay zonas demasiado confusas que hace que no se tomen decisiones si no se aclaran”, dijo Roberto Cacciola, recientemente reelecto como presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Y agregó: “Una cosa es proteger glaciares y otra cosa es proteger cualquier formación. Si no se clarifica va a retrasar la decisión de desembolsar las inversiones”.
Una demanda de Barrick Gold contra el Estado Nacional motivó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019 que confirmó la constitucionalidad de la Ley y descartó el reclamo de la compañía al sostener que no había acto concreto que la afecte.
No obstante, el fallo dejó un mensaje para futuras controversias: “La tarea de concertación federal es primariamente de las autoridades políticas nacionales y provinciales, que deben conjugar intereses para potenciar el cumplimiento del texto constitucional”.
Y suma uno más: “De ahí la utilidad del diálogo constructivo al que alude -entre Nación y provincias- el concepto de federalismo concertado acuñado en la cláusula ambiental de la Constitución Nacional”.
Las empresas creen que debe alcanzarse un acuerdo entre los gobernadores y el Gobierno Nacional que despeje dudas sobre los alcances de la ley. Una reglamentación sin ese respaldo, podría motivar apelaciones y a un nuevo rechazo de la Corte Suprema. Y esa vía no sería suficiente seguridad jurídica para semejante nivel de inversiones.
“Cuando vas al tema legal, muchos te dicen que es muy débil”, dijo Cacciola sobre la posibilidad de avanzar con un decreto, como intentó el Gobierno Nacional meses atrás. “Para avanzar en cualquier opción tenes que tener un acuerdo”, agregó.
En la Ley, las provincias -dueñas de los recursos minerales- delegaron al Gobierno Nacional “los presupuestos mínimos ambientales” y el fin constitucional de “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”. Según Cacciola, “Nación tiene que delegar, dentro de ese acuerdo, determinadas atribuciones a las provincias”. “Por ejemplo, que las provincias definan cuáles son los activos que quieren proteger, que desde ya incluya a los glaciares”, dijo.
Inversiones anunciadas y aprobaciones RIGI
La industria minera en Argentina presentó diez solicitudes al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por un total de US$21.000 millones. Ya se han aprobado tres proyectos:
- Rio Tinto: US$2.700 millones para el desarrollo del proyecto de litio Rincón
- Galan: US$217 millones para el desarrollo del proyecto de litio Hombre Muerto West
- McEwen: US$2.700 millones para el desarrollo del proyecto de cobre Los Azules
Del total de las presentaciones, cinco son de litio (US$4.643 millones), dos de oro (US$1.030 millones) y tres de cobre (US$15.972 millones). Los proyectos más avanzados implicarían inversiones por más de US$30.000 millones.
“El RIGI pone en igualdad de condiciones a la minería argentina con la de otros países, alivianando la carga tributaria de los nuevos proyectos de inversión al 39%, quedando aún 1% por encima de Chile”, sostuvo CAEM.
