Buenos Aires — El vínculo entre las autoridades económicas argentinas y el ecosistema cripto viene siendo hostil, al punto que el Banco Central (BCRA) suele emitir comunicados advirtiendo acerca de los peligros del bitcoin, además de haber prohibido a los bancos y a ciertas fintechs proveer servicios de compraventa de criptomonedas. Sin embargo, el jueves 22 de junio representantes de tres organismos públicos reguladores participaron de un evento organizado por Ripio, empresa referencial del sector, y se mostraron abiertos al desarrollo del ecosistema.
“Nuestro interés mayor es que haya negocios, que crezca el mercado, pero con segregación y prevención de lavado”, aseguró el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, ante la atenta mirada de un auditorio lleno de cripto-entusiastas, que se acercaron a la Usina del Arte para participar de Modular, la jornada organizada por Ripio.
Negri recordó que la CNV reglamentó recientemente a Matba - Rofex la negociación de futuros de Bitcoin y que desarrolló un “hub de innovación”.
En línea con esta mirada, el director de supervisión la Unidad de Información Financiera (UIF), Elio Grillo, aseguró que desde el organismo en que trabaja no quieren “ahogar” ni “asfixiar” al negocio cripto, sino “hacer frente al lavado”. De todas formas, ante la consulta del moderador, Grillo negó que el sector cripto implique mayores riesgos en términos de lavado de activos que otros sectores de la industria financiera.
Quien también mostró un gesto de buena voluntad hacia el auditorio fue el gerente de Relaciones con la Comunidad e Imagen Institucional del Banco Central, Diego Díaz, que indicó: “Al fin y al cabo, lo que buscamos es que esto crezca en usuarios, en masividad y que sea cada vez más aceptado”.
No obstante, en uno de los paneles anteriores a éste en el que participaron los reguladores, había hablado un ejecutivo de Banco Galicia que recordó en varios tramos de su disertación que el BCRA les dio de baja la operatoria cripto a “tres días y ocho horas” de su lanzamiento.
Además, el 4 de mayo pasado el Banco Central (BCRA) de Argentina dictaminó que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos, que no se encuentren regulados por la autoridad monetaria.
Regulación cripto en Argentina
Uno de los temas más visitados durante la disertación de los reguladores fue la legislación que incluye al sector cripto. Por un lado, Sebastián Negri aseguró que no ve en el horizonte cercano una ley específica para las cripto, ya que consideró que el proyecto para reformar la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (que tiene media sanción de Diputados) cubre las necesidades normativas del sector.
“Los estándares internacionales que tenemos que cumplir en materia de prevención de lavado y de regulación de proveedores de servicios virtuales ya los tenemos contenido en este proyecto de ley”, resaltó. Aunque, luego, advirtió: “Hay elecciones, puede ser que el próximo Gobierno tome una decisión diferente”.
Por otro lado, en una charla privada con periodistas, posterior al evento de Ripio, Negri afirmó que espera que la ley vea la luz pronto.
Por su parte, el representante de la UIF detalló que espera que las compañías que forman parte de la industria cripto pasen a ser incluidas en la nómina de sujetos obligados frente al organismo.
Al respecto, los funcionarios aseguraron que existe un buen diálogo con el sector cripto y Negri detalló que una vez que esté la ley harán una consulta pública con la industria para lograr una correcta adaptación al medio local.
“Lo peor que nos puede pasar es tener un registro en el que nadie se registre”.
El presidente de la CNV aseguró que el proyecto de ley busca proteger al inversor y subrayó que buscarán trabajar en conjunto con los organismos reguladores de otros países. “Más allá de las especificidades del sector, por una cuestión de protección del inversor, necesitamos que las empresas tengan un domicilio legal, una constitución como persona jurídica”.
