Buenos Aires — El gobierno argentino enfrenta una fecha crucial este martes en relación al caso YPF, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos podría decidir si otorga una suspensión (“stay”) de la orden de la jueza de instancia inferior, Loretta Preska, para que el país entregue las acciones que tiene en la petrolera a Burford Capital. Sin embargo, se desconoce el momento exacto en que revelará su decisión este juzgado de segunda instancia.
Christopher Bogart, CEO de la firma especializada en litigios y con sede en Reino Unido, advirtió que no hay claridad sobre el timing en el que se conocerá la decisión: “El asunto está calendarizado para la próxima semana ante un panel de mociones, pero quién sabe cuándo ese panel de mociones, especialmente dado que estamos en agosto, emitirá una decisión”, señaló durante una llamada con analistas tras presentar resultados del segundo trimestre, haciendo referencia a que los procesos judiciales suelen moverse más lento durante el verano del hemisferio norte.
Ante la consulta de Bloomberg Línea, desde la Procuración del Tesoro de la Nación respondieron por escrito que la defensa argentina considera que presentó argumentos lo suficientemente fuertes como para obtener el stay.
En su último balance trimestral, Burford valuó sus activos vinculados al caso YPF (YPF) en US$1.600 millones al 30 de junio de 2025, monto que representa el 43% del portafolio de su segmento principal de finanzas. El caso —un litigio contra el Estado argentino por no haber respetado el estatuto de la petrolera cuando expropió el 51% de sus acciones en 2012, particularmente en lo referido al tratamiento de accionistas minoritarios— es central para la firma, que ya vendió derechos por más de la mitad de lo que cobraría por haber ganado el juicio.
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Sebastián Maril, director de la consultora Latam Advisors, estima que la decisión podría conocerse el miércoles 13 de agosto e identificó tres escenarios posibles: primero, que se acepte el pedido de suspensión de la orden de Preska sobre la entrega de acciones; segundo, que se rechace directamente la solicitud de Argentina; y tercero, que se acepte la suspensión pero se exija a Argentina depositar un activo alternativo como garantía, distinto de las acciones de YPF. En caso de que se materialicen los escenarios dos o tres, que representarían un revés para Argentina, el gobierno recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Una vez resuelta la cuestión de la suspensión cautelar, la Corte de Apelaciones deberá decidir sobre el fondo del asunto: la legitimidad de la orden de Preska que obliga a Argentina a entregar las acciones, ya que lo que podría definirse esta semana es únicamente si se bloquea temporalmente esa decisión mientras se resuelve la apelación principal.
“La decisión sobre la suspensión cautelar (stay) probablemente tiene un impacto sobre la velocidad en la que se tratará el caso [de fondo] de la apelación sobre la entrega” de acciones, dijo Bogart.
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Para el 27 de octubre, en tanto, está programada tentativamente la audiencia oral de la apelación principal del caso, es decir, la sentencia contra la Argentina de más de US$16.000 millones de dólares, un hito que, sostuvieron desde Burford, vienen esperando desde hace tiempo. “Ahora tenemos una fecha tentativa de argumento oral en octubre para el argumento oral de la apelación principal. Ha sido un ítem que hemos estado esperando por algún tiempo y es grato ver que está avanzando”, confirmó Bogart en la llamada trimestral.
Con respecto a la apelación de fondo, la Procuración del Tesoro de la Nación, que lleva la defensa de la Argentina en el caso, evitó especulaciones sobre el desenlace final, y dijo a este medio que se encuentra trabajando en todos los escenarios posibles junto con estudios jurídicos locales según la tramitación de cada litigio.
La estrategia de la Argentina en el caso YPF está a cargo del subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija, mientras que el soberano tiene contratado en Nueva York al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Avances judiciales y próximos pasos
El caso “YPF tuvo bastante progreso durante el curso del trimestre”, destacó Bogart en la misma llamada, detallando que la compañía obtuvo “una victoria específica en Nueva York cuando la jueza Preska en el Distrito Sur de Nueva York otorgó nuestra moción para la entrega de algunas de las acciones de YPF de Argentina”.
Bogart explicó el procedimiento de dos partes que siguió Argentina tras la orden de Preska: “Lo que sucedió es que la jueza Preska emitió su orden requiriendo la entrega de las acciones, y luego Argentina regresó ante ella y le pidió que suspendiera esa orden mientras dura la apelación, y ella se negó a hacerlo”. La jueza también emitió una orden escrita señalando que Argentina había estado “arrastrando los pies” en el cumplimiento de sus obligaciones.
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Ante la negativa de Preska, Argentina acudió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito con una doble estrategia: apelar la orden de entrega subyacente y solicitar simultáneamente una suspensión de la misma. “La Corte del Segundo Circuito, primero que nada, va a decidir si suspende la orden. Y eso es algo que uno imaginaría que decidirían bastante rápido”, explicó Bogart.
“Está en apelación, como uno esperaría, pero fue sin embargo otro marcador muy fuerte de progreso en el caso”, señaló el CEO sobre la orden de Preska.
Cautela para hablar del caso
Bogart fue cauteloso al hablar sobre la estrategia de la compañía, recordando que Argentina ha utilizado sus declaraciones anteriores en su contra en tribunales internacionales. “Sé que los inversores siempre quieren escuchar mucho sobre YPF, y obviamente es una parte importante de nuestra historia. Pero al mismo tiempo espero que continúen entendiendo las restricciones que tenemos en términos de hablar en detalle sobre nuestra estrategia y nuestra evaluación de lo que ha sucedido”, explicó.
“Hay mucha información pública sobre YPF, felizmente, y los inversores realmente son capaces, creo, de leer sobre el caso con el nivel de detalle que quieran. Este no es uno de esos casos donde es muy difícil encontrar información sobre lo que realmente está pasando”, agregó Bogart.
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El CEO reveló que una actualización más extensa que dio al reportar resultados del primer trimestre fue contraproducente: “Los inversores la encontraron útil, pero al mismo tiempo también lo hizo Argentina. Y Argentina ahora la ha citado o referido aproximadamente 100 veces en procedimientos judiciales alrededor del mundo”. Esta experiencia llevó a Burford a adoptar una postura más reservada en sus comunicaciones públicas.
“Es solo ruido que probablemente no es deseable”, admitió Bogart sobre el efecto de sus declaraciones previas, agregando que “continuaremos manteniéndolos al tanto de los desarrollos mayores en el caso, pero en términos de comentarios sobre el caso, vamos a tener que dejar a la gente que se lea por su cuenta”. Esta estrategia de comunicación selectiva busca proteger los intereses de la firma en el complejo litigio internacional.
Sin reuniones entre Burford y Argentina
Según una persona con conocimiento directo del asunto que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente, tras una primera y única reunión en 2024 con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, no han existido nuevos encuentros entre las partes. La misma persona indicó que el gobierno argentino no ha aceptado propuestas de reuniones posteriores.
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Según comentó a este medio la misma persona, la principal hipótesis de Burford para explicar por qué el gobierno no los recibe es que los funcionarios del actual Gobierno temen quedar expuestos a juicios penales por acordar con la empresa litigante.
Caber recordar que varios funcionarios del gabinete de Mauricio Macri, algunos de los cuales son parte de la administración actual, enfrentaron ese tipo de denuncias entre 2015 y 2023.
Por otro lado, la misma persona afirmó a Bloomberg Línea que Burford considera que, en el caso de que entrara en desacato de alguna orden judicial, Argentina no podría volver al mercado internacional de deuda para emitir nuevos bonos en Nueva York.
Sin embargo, desde la Procuración dijeron a este medio que una instancia de incumplimiento en la sentencia no debería resultar en ningún tipo de embargo contra la Argentina.
Las acciones de Burford se mantuvieron relativamente estables entre US$13,42 y US$13,39 tras el reporte de resultados, mientras que los papeles de YPF cayeron por aproximadamente 5% desde la publicación de sus resultados el 7 de agosto hasta este lunes.
La decisión de la Corte de Apelaciones sobre la suspensión podría generar movimientos más significativos en ambos papeles, marcando el inicio de una semana clave para el futuro de uno de los litigios internacionales más emblemáticos contra el Estado argentino.
Corrección: Esta nota fue editada a las 11:23hs de Buenos Aires el martes, 12 de agosto en su noveno y decimo párrafo para aclara que la estrategia del caso es llevada por el subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija, y que Argentina contrata diferentes estudios jurídicos en cada jurisdicción en la que se litiga el caso.
