Buenos Aires — La Justicia de los Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones que controla de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera, en 2012. La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, accedió así al pedido que en abril de 2024 habían realizado los beneficiarios del fallo, entre los que se encuentra Burford Capital.
El pedido para que Argentina entregase la titularidad de todas las acciones de la empresa energética que fueron expropiadas más de una década atrás, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se basaba en el incumplimiento del fallo que obliga al país a abonar US$16.100 millones.
Desde la oficina de prensa de la Procuración del Tesoro dijeron a Bloomberg Línea que no habrá comentarios por el momento. Misma respuesta obtuvo este medio por parte de voceros de YPF, cuyas acciones se hundían 4,6% en Wall Street a las 15:54 (hora argentina).
Según dispuso Preska en el fallo de 33 páginas dado a conocer este lunes, Argentina deberá transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York en el plazo de 14 días desde la fecha, e instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados en el plazo de un día hábil desde la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta.
La decisión será apelada por el Estado argentino. Así lo anticipó este lunes el presidente Javier Milei a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que cargó la responsabilidad del fallo adverso contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se desempeñaba como ministro de Economía del país al momento de la expropiación.
Para Juan Carranza, senior analyst de Aurora Macro Strategies, “Argentina podría haber seguido el ejemplo de Sri Lanka, que ante la misma jueza obtuvo una suspensión del proceso judicial con apoyo de EE.UU. y una estrategia más activa".
Con el respaldo político y fiscal que trajo el acuerdo con el FMI, el analista consideró que “existía margen para pedir un stay y ganar tiempo". Y si bien remarcó que “la resolución no afecta las operaciones diarias de YPF, sí genera un riesgo reputacional en proyectos estratégicos".
Pero el caso, advirtió, “sigue abierto”, ya que “aún puede haber una suspensión del enforcement, tras la segura apelación de Argentina que la Corte de Apelaciones puede considerar". En ese escenario, consideró que “el apoyo de EE.UU. puede ser clave para esto”.
Claudio Maulhardt, analista de Galileo FCI, comentó en la red social X que la decisión parece “impracticable y de improbable aplicación”. Sin embargo, consideró que a su vez “es una forma de demostrar que hacerse los sotas con las sentencias no funciona”.
“Las deudas no son de las administraciones, son de la República. También estas cosas tienen que ver con que los bonos rindan 11%”, apuntó.
Para el analista, la decisión no debería afectar a la acción de YPF más allá del castigo que está sufriendo este lunes. “Por lo pronto, ratifica la sentencia contra la República, no dicta sentencia alguna contra la empresa. Con una mirada más amplia, nos preguntamos si sacarle al Estado de encima no sería una buena noticia para el papel”, añadió.
Tras la oficialización de la decisión de la jueza Preska, la acción de Burford llegó a dispararse 20%. Burford Capital, cabe recordar, compró los derechos de la demanda en 2015 por US$16,6 millones por parte de los ex accionistas de YPF y se espera que gane al menos US$6.200 millones si se paga la sentencia completa.
