Buenos Aires — La Cámara de Diputados será epicentro de un nuevo round por el gasto público en Argentina. Legisladores del oficialismo y la oposición volverán a enfrentarse este miércoles por una serie de leyes sancionadas y luego vetadas por el presidente Javier Milei, en una sesión que será seguida de cerca por su potencial impacto en las cuentas públicas. En caso de derrota, el Gobierno estudia apelar a una carta que le permita defender en la Justicia aquello que no logre sostener en el Congreso.
Mientras la oposición confía en terminar de revertir el veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca –ya rechazado por dos tercios del Senado– e insistir con el aumento en jubilaciones y la emergencia en discapacidad, los números no le alcanzarían para revertir el veto a la reinstauración de la moratoria previsional.
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El oficialismo, en tanto, espera alcanzar el tercio de la Cámara Baja que le permita blindar la negativa a los proyectos que, a ojos de Casa Rosada, atentan contra el superávit fiscal.
Cabe recordar que para suprimir un veto presidencial, la oposición debe cosechar mayorías de dos tercios tanto en el Senado como en Diputados. Si no logra ese caudal de votos en cualquiera de las dos cámaras, se cae la moción para insistir con la ley en cuestión.
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La carta de Milei ante un “dislate populista”
Según pudo saber Bloomberg Línea de personas familiarizadas con el asunto, quienes pidieron reserva por tratarse de una medida aun bajo estudio, la carta en la que confía el Gobierno y a la que apelaría en caso de ser necesario es la Ley 24.156 de Administración Financiera, promulgada en 1992. En particular, apuntan al artículo 38 de dicha norma, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
El propio Milei había anticipado el 9 de julio pasado que analizaba apelar a la Justicia en caso de que la oposición reúna los dos tercios necesarios en ambas cámaras para rechazar el veto. "Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero", señaló en una entrevista concedida a la radio El Observador.
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Allí, el jefe de Estado incluso consideró que “difícilmente, si esto llegase a una instancia judicial, los jueces fallarían a favor de este dislate populista”. Pese a ello, reconoció que "lo que sí va a generar es que transitoriamente va a subir el riesgo país, va a mover un poquito el tipo de cambio y entonces la economía se va a expandir a un ritmo menor y la inflación va a bajar a un ritmo menor".
Casi un mes después, el 8 de agosto en cadena nacional, el presidente argentino volvió a referirse al asunto adelantando que enviaría un proyecto de ley al Congreso para “amurallar” el déficit cero, penalizando leyes que atenten contra el equilibrio fiscal.
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Esa misma noche, Francisco Oneto, abogado de Milei en el caso Libra y candidato a vicegobernador bonaerense por el partido del presidente, La Libertad Avanza, en 2023, citó la mencionada ley en un posteo en redes sociales en el que elogió el discurso del presidente. Ante la consulta de este medio, sin embargo, el letrado evitó referirse a las posibilidades de que la Justicia de lugar a un eventual planteo del Gobierno al señalar que no forma parte de su trabajo.
Una judicialización que sería inédita
De acuerdo a la visión de un abogado constitucionalista de una prestigiosa universidad argentina, que pidió reserva por no estar autorizado a hablar públicamente del tema, si el Congreso insiste y logra reunir los votos necesarios para revocar los vetos presidenciales, los proyectos pasarán a ser Ley, y en todo caso después el Poder Ejecutivo podrá judicializarlo. Sin embargo, anticipó que ve muchas dificultades para que esa iniciativa prospere. En esa línea subrayó que una ley no vale más que otra, aunque también recordó que finalmente lo que ocurra dependerá mucho del contexto político.
Pero aun en caso de que el Congreso insista con las dos Cámaras y se judicialice, el especialista recordó que las leyes seguirán vigentes salvo que un juez adopte alguna medida cautelar y esa cautelar sea confirmada. En caso de que no dicte ninguna medida cautelar, añadió, las leyes seguirán vigentes hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
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Para el letrado, se trataría de un caso inédito con múltiples complejidades, porque el Poder Ejecutivo tendría que demandar al Congreso, generando un conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso, dijo, representaría una complejidad jurídica inédita.
Para el especialista, una estrategia legal más sólida sería en cambio que el Gobierno dictase un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) derogando la ley por insuficiencia de recursos.
Gasto público: qué está en juego
El 4 de agosto pasado, el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a las tres leyes aprobadas por el Congreso que establecían un aumento del gasto en alrededor de 1,5 puntos del PBI. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Poder Ejecutivo frenó las leyes que establecían un aumento del 7,2% de las jubilaciones y la actualización del bono (de ARS$70.000 a ARS$110.000), la reinstauración de la moratoria previsional, y declaraban la emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas.
La decisión, señaló entonces la Oficina del Presidente (OPR) a través de un comunicado, apuntaba a interrumpir la entrada en vigencia de un conjunto de proyectos de ley que, a ojos del oficialismo, atentan contra el equilibrio fiscal y buscan “provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos”.
Según calculó el oficialismo, los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, un gasto adicional para este año de más de ARS$7 billones y cerca de ARS$17 billones para 2026. Estos importes, agregó la OPR, equivalen a aumentar un 0,9% del PBI calculado para el año en curso y del 1,68% del PBI estimado para el año entrante.
La estimación se ubicó apenas unas décimas por encima del cálculo que realizó el Fondo Monetario Internacional. A través del último Staff Report, el organismo señaló que “el Congreso Nacional Argentino ha propuesto y aprobado recientemente nuevas iniciativas de gasto costosas destinadas a aumentar las prestaciones por jubilación y discapacidad, así como las transferencias a las provincias”, que tendrían un costo aproximado del 1,5% del PBI.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal del aumento del 7,2% en jubilaciones es de 0,20 del PIB (ARS$1.673.494 millones) para lo que queda del año y del 0,41% del PIB anualizado (ARS$3.402.182 millones). En lo que respecta al aumento del bono a ARS$110.000 móvil, el costo sería de 0,12% del PIB (ARS$1.015.676 millones), con un costo anualizado estimado en 0,38% del PIB (ARS$3.136.117). En conjunto, el costo fiscal sería de 0,32% del PIB este año y del 0,79 del PIB anualizado.
En el caso del proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad, la OPC estimó un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Este miércoles, previo al inicio de la sesión en Diputados, el Gobierno informó que está “considerando un aumento” en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Si bien se trata de una decisión aún en estudio, la misma fue comunicada en redes sociales por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que el Ejecutivo pretende priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo.
“Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con “curros” de muchos años", expresó.
La posibilidad de que el Gobierno avanzara con una medida de este tipo había sido anticipada por Infobae el martes.
*Este artículo fue actualizado el miércoles 20 de agosto a las 11.50 (hora argentina) para agregar información en los últimos tres párrafos relativa a una medida en estudio informada por el Gobierno.
