Buenos Aires — La falla en las líneas de alta tensión en el área de concesión de Edesur, en una jornada que superó los 30° de temperatura y que afectó a 740 mil usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, expuso la crítica situación que atraviesa el sistema de energía eléctrica en Argentina, que demoró inversiones necesarias para atender el crecimiento de la demanda.
El Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) está investigando las causas, poco claras, de los dos eventos sucedidos el miércoles generaron un apagón masivo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Gran Buenos Aires, que impactó en el 16% de la demanda total del país, donde opera Edesur, de la empresa italiana Enel.
Enel había decidido, años atrás, retirarse de Argentina y había iniciado una venta de sus activos. La llegada de Javier Milei y su perfil pro mercado modificó la opinión de los dueños de Enel y decidieron sostener la concesión de Edesur. No obstante, exigieron que se continúe con la corrección tarifaria.
Seis días antes de la falla que afectó a más de medio millón de personas se realizó la audiencia pública convocada para definir la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), el esquema que definirá los aumentos de luz y las inversiones requeridas para los próximos cinco años y que comenzará a regir en abril.
Además de pedir -junto a Edenor- un aumento del 8% en la boleta final para este año, el vocero de Edesur graficó la fragilidad del sistema: “Vivimos una postergación sistemática de las obligaciones legales del Estado. En gran parte de este período, con ingresos escasos, nos endeudamos para poder realizar inversiones que nos permitieron mejorar la calidad del servicio, reduciendo cerca del 40% el tiempo promedio de interrupción. Consideramos que podemos y debemos seguir mejorando, pero como es lógico, para ello se necesitan recursos”.
Edesur comprometió inversiones para los próximos cinco años por US$875 millones. Mientras que Edenor, que distribuye energía al 20% de los usuarios del país, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el norte del Gran Buenos Aires, comprometió inversiones por US$1.275 millones.
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Transporte y distribución, las inversiones que faltan
La crisis en el sistema excede a la distribución. Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país, explicó -también en el marco de las audiencias públicas para definir la RQT- la fragilidad de la red: “Con los ingresos asignados, en los últimos seis años no se ha podido realizar el 62% de las inversiones necesarias. Por lo tanto, el 35% de las instalaciones del sistema se encuentran al fin de su vida útil”.
Pablo Tarca, director general de Transener, agregó: “Si vemos la evolución que tuvo la demanda desde 2002 a 2024, creció un 117%. En el mismo período, el sistema de transporte creció tan solo un 54%. Desde el punto de vista cuantitativo, es claro el diagnóstico: tenemos un sistema fuertemente saturado”.
La actual secretaria de Energía, María Tettamanti, había anticipado el año pasado la convocatoria a una licitación para avanzar con las obras de líneas de alta tensión AMBA 1, que requerían de US$1.150 millones para poder sumar más oferta de energía eléctrica al Gran Buenos Aires. No obstante, la posición del Gobierno argentino de no realizar obras públicas, sumado a diferencias internas respecto a cómo se financiaba la inversión, postergaron la convocatoria.
Previo a esta decisión, el Gobierno había decidido dar de baja la licitación Terconf lanzada durante la gestión de Sergio Massa para ampliar el parque de generación de energía eléctrica, que apuntaba a sumar 3.340 megawatts de potencia instalada y exigía inversiones por US$3.000 millones.
La mirada de un especialista
Para Emilio Apud, ex secretario de Energía, resolver esta crisis exige atacar las tres puntas: distribución, transporte y generación. Respecto a la distribución, sostiene que es clave avanzar en la RQT y que “se acuerde el sendero de mejorar la calidad de servicio en los próximos cinco años”. Según el especialista, se necesitan US$4.000 millones de inversión. “Se tiene que buscar buena financiación y eso va a la tarifa, y como la tarifa ha tenido bastantes ajustes deben ser cuidadosos”, dijo a Bloomberg Línea.
Respecto al transporte, afirmó que “inexplicablemente siguen postergando y poniendo en riesgo el abastecimiento al AMBA”. “La idea que se impuso, pero que aún no avanzó, es que el costo de la obra se traslade a la tarifa una vez concluido el trabajo, que lleva dos años, por lo cual no estará en al menos los próximos dos veranos”, explicó Apud. Esta idea busca reemplazar la original, que proponía un sistema de estampillado por el cual se va cargando en las boletas el costo del proyecto.
Respecto a la generación de energía, sostuvo que es lógico que se haya suspendido la Terconf, porque en un contexto de alta inflación resultaba “carísima”. “Pero en marzo, abril del año pasado, se tendría que haber renegociado con los que habían ganado nuevos precios o llamar a una nueva licitación y adjudicar”, dijo.
Plan B
Por lo dicho, y ante un aumento vegatativo de la demanda, Argentina enfrentará otro escenario de estrés el próximo verano. Para evitar apagones masivos, el Gobierno avanzó con dos alternativas.
Por un lado, lanzó una licitación para la instalación de baterías de almacenamiento para instalar en el AMBA, que estarían a cargo de Edenor y Edesur. Este proyecto requerirá una inversión de US$500 millones.
La otra opción es la contratación, a través de Cammesa, de los barcos de generación de energía eléctrica que opera la empresa turca Karpowership que funciona como una solución para temporadas de alta demanda. “Son soluciones horribles, pero peor es que no haya luz”, sentenció Apud.
