Buenos Aires — Ariel Lijo, juez federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 y uno de los magistrados más denunciados ante el Consejo de la Magistratura con 32 acusaciones disciplinarias, enfrenta una encrucijada: fue designado por Javier Milei a través de un decreto para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.
El polémico juez, cuestionado por mantener paralizadas durante años causas de corrupción —incluyendo una denuncia clave sobre YPF que lleva 18 años sin resolución— ahora espera que la Cámara Federal apruebe su pedido de licencia especial para asumir en el Máximo Tribunal sin renunciar a su despacho en Comodoro Py.
La candidatura de Lijo, junto a la de Manuel García Mansilla, fue enviada en marzo de 2024 al Senado y obtuvo dictamen de la comisión de Acuerdos en febrero, quedando lista para ser discutida en el recinto, donde requería dos tercios para su aprobación. Sin embargo, el Ejecutivo aprovechó el receso entre el fin del período extraordinario y el inicio de las sesiones ordinarias para avanzar con un decreto, herramienta con pocos antecedentes, y así completar la Corte Suprema.
De superar el filtro de la Cámara Federal, será la propia Corte quien tenga la última palabra sobre su incorporación.
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Críticas y denuncias contra el juez Lijo
Desde el momento que fue postulado para la Corte por Milei en marzo de 2024, Lijo ha suscitado diversas críticas por parte de instituciones legales y empresariales. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó que Lijo “no satisface los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos” para el cargo, señalando cuestionamientos por mal desempeño y demoras en causas de corrupción.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) manifestó la necesidad de que los integrantes de la Corte sean “funcionarios íntegros y honestos”, y abogó por una representación equitativa de género en el tribunal.
Además, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) se sumó a los cuestionamientos, enfatizando que quienes accedan al máximo tribunal deben ser “funcionarios íntegros y honestos”, y solicitó un proceso de selección riguroso que respete las leyes vigentes y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
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La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), examinó la trayectoria de Lijo en el juzgado federal y determinó que figura entre los magistrados con mayor número de denuncias ante el Consejo de la Magistratura, acumulando un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias anuales desde que asumió como juez y 32 en total.
Además, ha enfrentado acusaciones penales por asociación ilícita, blanqueo de capitales y cohecho. De los 89 expedientes de corrupción bajo su responsabilidad, 26 permanecen en fase de instrucción, según la ACIJ. De estos 26, 13 llevan una década o más en esta situación, mientras que los casos más antiguos se extienden por 17, 18 y 26 años. Del total de 89 causas, solo 14 avanzaron a juicio oral, ubicándolo como el cuarto juez con menor índice de elevación de casos (15,7%).
Las críticas sobre el nombramiento de Lijo se centran así en su idoneidad y trayectoria, además de la falta de representación femenina en las propuestas para integrar la Corte Suprema.
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¿Quién es Ariel Lijo?
Tras ocupar el cargo de secretario del excamarista federal Luis Riva Aramayo, Lijo fue designado en 2004 por Néstor Kirchner a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4.
Desde ese lugar, participó en causas clave en Argentina. Fue, por caso, el primer juez en haber procesado a un vicepresidente en ejercicio: en junio del 2014 procesó a Amado Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles en el marco de la causa Ciccone, que investigó la compra irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica.
Estuvo involucrado también en las investigaciones por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, en las que procesó y envió a juicio oral al ex presidente Carlos Menem y también al ex juez Juan José Galeano. Investigó también causas de lesa humanidad de la última dictadura militar: condenó investigó crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y condenó al militar Cristiano Nicolaides, miembro de la Junta Militar entre junio de 1982 y diciembre de 1983.
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El caso YPF: 18 años sin resolución
En el tratamiento del pliego en el Senado, Lijo recibió 33 impugnaciones. Entre ellas, una presentada por la Coalición Cívica, el partido fundado por Elisa Carrió. Carrió denunció penalmente en 2006 a la empresa Repsol ante los tribunales federales, la que dio origen al inicio de la causa N° 3518/2006, que aún tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Lijo.
Dos años después, en 2008, Carrió amplió los hechos denunciados y solicitó que se investiguen posibles delitos en la adquisición de una porción del paquete accionario de YPF por parte del “Grupo Petersen”, como así también maniobras de “vaciamiento” y la irregular expropiación e indemnización de la empresa por parte del Estado Nacional.
“Esa causa judicial -iniciada hace 18 años-, a pesar de su trascendencia institucional, sigue abierta sin que se hayan producido avances procesales relevantes tendientes a esclarecer los hechos denunciados. Un claro ejemplo que demuestra el manejo del abogado Lijo en la tramitación de las causas de corrupción”, aseguró la Coalición Cívica en la impugnación contra el juez.
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El Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, adquirió entre 2008 y 2010 el 25,46% de YPF a Repsol. No formó parte del paquete accionario expropiado por el Estado Nacional en 2012 y vendió su derecho a litigar al fondo Burford Capital, que demandó a Argentina en Nueva York por no haber cumplido con la oferta pública de adquisición ante los accionistas minoritarios.
La denuncia de Carrió es uno de los principales argumentos que la ONG Republic Action for Argentina presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cargo se la Jueza Loretta Preska, para evitar que se confirme el fallo contra Argentina por US$16.000 millones.
Se esperan novedades para esta semana. Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo que “el gobierno argentino a través de la procuración presentó una respuesta en la que reitera su compromiso para que se investiguen los hechos que rodearon la adquisiciones de acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”.
