Bloomberg Línea — Los contratos del litio en Bolivia, en manos principalmente de firmas de China y Rusia, generan alertas económicas y medioambientales para los representantes de 37 instituciones del país que solicitaron por medio de una carta divulgada este jueves 13 de febrero tratar el tema en el Legislativo para “evitar un daño irreversible”.
Las organizaciones, entre las cuales se encuentra la Fundación Jubileo, señalaron que los actuales contratos del litio presuntamente imponen costos y riesgos para el Estado, no garantizan ingresos justos e implican impactos socioambientales.
En una carta, en la que demandan a las autoridades y a los parlamentarios a abrir espacios de diálogo, cuestionan los contratos firmados por el Gobierno con las empresas Uranium One Group y CBC, que “dejan el peso de los riesgos en el Estado boliviano, incluso con aplicación de penalidades”.
Por ende, piden que tratar el posible impacto de los contratos antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Si bien se establece que las inversiones corren por cuenta de las empresas rusa y china, cada una con aproximadamente US$1.000 millones, esos montos deberán ser devueltos con la producción de carbonato de litio”, dijeron.
Ver +: Litio en Bolivia: por qué el plan del “oro blanco” sigue estancado en el país
Bolivia, que hace parte del denominado Triángulo del Litio que concentra más del 62% de las reservas mundiales de ese mineral, no ha logrado desarrollar el potencial del sector ante una serie de limitaciones técnicas, legales y sociales.
No obstante, uno de los asuntos que más dividen al país con relación al litio es la participación de empresas extranjeras en el negocio, principalmente de China y Rusia, por medio de contratos de los que no se conocen los alcances.
“Es un secreto de Estado qué es lo que se está haciendo, no hay información (…) no queda claro cómo están participando estas empresas chinas, rusas, es un gran secreto, porque si ellos están extrayendo, produciendo, distribuyendo el litio, eso estaría contra la Constitución”, dijo el economista boliviano Jaime Dunn en el marco de un especial sobre el tema publicado por Bloomberg Línea.
Bolivia nacionalizó la producción de litio en 2008 con miras a que sus beneficios impactaran en la población y el país pudiera servir a la industria mundial de baterías y de carros eléctricos, pero hasta ahora su población no percibe los beneficios.
Ver +: Bolivia intensifica operaciones de explotación de litio pese a la creciente oposición
Además, la Ley de Minería en Bolivia ha sido criticada por presuntamente no respetar los derechos de las comunidades locales y los estándares ambientales internacionales.
En la carta, las instituciones bolivianas señalan que “los contratos no contemplan salvaguardas ante impactos socioambientales, tales como la afectación a por lo menos 20 comunidades en sus actividades productivas y turísticas, y la utilización/contaminación de grandes cantidades de agua, en una de las regiones más secas del país”.
En los últimos tiempos, Bolivia ha firmado convenios millonarios para la explotación del litio y uno de los más recientes fue el que concretó la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos con el consorcio chino CBC, que planea invertir cerca de US$90 millones con ese fin.
Asimismo, cerró a finales del 2023 un acuerdo por US$450 millones con la estatal rusa Uranium One Group para la explotación de litio.
Bloomberg Línea ha solicitado en múltiples ocasiones un espacio con Yacimientos de Litio Bolivianos, pero la compañía no se ha pronunciado hasta ahora frente a la carta radicada con la solicitud por uno de los miembros del equipo de prensa de la entidad.
