Bloomberg Línea — El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, renunció este jueves a su cargo de forma “irrevocable” en medio del pulso del Gobierno de Luis Arce con el exmandatario Evo Morales, quien ha emprendido marchas contra su Administración y ha pedido el cambio de funcionarios de su gabinete, incluyendo el jefe de cartera saliente.
“Tres años y 10 meses después de haber asumido el compromiso de acompañar la gestión del presidente Luis Arce, he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Justicia y Transparencia Institucional”, dijo el funcionario en una carta divulgada este jueves 26 de septiembre en sus redes sociales.
“Ha sido un tiempo intenso en el que dediqué mi más grande esfuerzo a lograr que los bolivianos tengan un acceso más ecuánime y equilibrado a la justicia y para generarles más y mejores oportunidades en el marco del derecho y de la democracia”, agregó.
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En días pasados, el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, advirtió sobre un proceso judicial contra Evo Morales en medio de las marchas en el país contra el Gobierno de Luis Arce.
“Hoy, de su propia boca, ha dejado de ser el líder histórico y ha pasado a ser un golpista. Como golpista tiene que ser procesado en la vía legal correspondiente (...). Él ahora es un ciudadano que va a tener que ser sometido al debido proceso que pueda ser iniciado por las acciones que se están llevando adelante”, afirmó.
“Le pedimos que deje de sentir que es una persona inmune”, agregó.
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Morales emprendió la denominada “Marcha para salvar a Bolivia”, que partió de Oruro y llegó el lunes 23 de septiembre a La Paz, en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país por cuenta de la caída de las exportaciones de gas.
“Nuestra marcha es para decir basta de corrupción, de un gobierno de familias, de encubrimiento al narcotráfico, de destrucción de la economía del pueblo y de ataque a nuestras organizaciones sociales”, dijo Evo Morales en sus redes sociales sobre las manifestaciones.
La “Marcha para salvar a Bolivia”, liderada por Morales, ha sido considerada por el Gobierno boliviano como un intento de desestabilización y acortar el mandato del actual presidente, por lo que la ministra de Relaciones Exteriores del país, Celinda Sosa Lunda, ya ha enviado una carta al secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, para exponer la situación.
