Bloomberg Línea — La posible inclusión de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero podría tener implicaciones severas para su economía, su acceso al sistema financiero global y su reputación internacional, advierten analistas.
Aunque el país no tiene una participación activa en los mercados financieros internacionales en la actualidad y depende en gran medida de líneas de crédito de segundo piso para su sistema financiero, el problema principal radica en la posible pérdida de capacidad futura para acceder a nuevas fuentes.
La inclusión de Bolivia en la lista gris “comprometería aún más cualquier posibilidad futura de recuperación”, dijo a Bloomberg Línea Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). “En lugar de dejar las puertas abiertas para reconstruir la confianza de los inversores, se cerraría otra vía de acceso a recursos que serán cruciales para quien asuma el próximo gobierno”.
Explica que si bien Bolivia logró salir relativamente rápido de la lista gris en 2013, luego de haber sido incluida en 2011, el contexto actual es considerablemente más desafiante.
En ese entonces, Fortun describe que las condiciones internas y externas “eran más benignas”, puesto que la economía gozaba de mayores reservas internacionales, existía margen fiscal y monetario, y el país aún se beneficiaba de cierto grado de credibilidad institucional.
Además, el entorno político era menos fragmentado y había una ventana clara de coordinación interinstitucional, lo cual facilitó una respuesta técnica relativamente ordenada a los requerimientos del GAFI.
Según información del Gobierno, en 2013 el país andino logró salir de la lista gris del GAFI tras implementar las 40 recomendaciones iniciales que el organismo estableció en 1990, enfocadas principalmente en prevenir el lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
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“Hoy el panorama es distinto. Bolivia enfrenta una presión sostenida sobre su balanza de pagos, con reservas internacionales muy reducidas, restricciones cambiarias y una creciente demanda interna de dólares que refleja la insostenibilidad del tipo de cambio oficial”, dijo Fortun.
El Gobierno boliviano ya ha reconocido que el país corre el riesgo de volver a ingresar a la lista gris de GAFI, aunque señala que ya cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas del Grupo de Acción Financiera Internacional tras la evaluación mutua de 2021.
Precisamente, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, reconoció que la ausencia de una ley sobre técnicas especiales de investigación sigue siendo el principal punto pendiente.
Y “aunque aún no hay un pronunciamiento oficial sobre una eventual inclusión del país en la ‘lista gris’ de este organismo, el Ejecutivo responsabilizó a la oposición si esto ocurriera”, dice un comunicado divulgado por el Ministerio de Economía.
El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, recordó que, si bien el Gobierno asegura haber cumplido con la mayoría de las acciones recomendadas por el GAFI en la cuarta ronda de evaluaciones, el proceso se ha visto afectado también por factores políticos.
“Por un contexto político, de acuerdo a ellos (GAFI), no se pudo implementar plenamente y se ha derogado, por ejemplo, la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, explicó. Esta derogación, dijo, se produjo tras las críticas de sectores económicos que temían que la norma se usara “como un instrumento de persecución discrecional”.
Sin bien dice que aún hay la intención de poner en marcha estas iniciativas, por la coyuntura económica y política actual “habría que descartar plenamente que el actual Gobierno vaya a cumplir el 100% de estas recomendaciones”.
Efectos sobre inversión, comercio y finanzas
Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, advirtió que ingresar a la lista gris del GAFI tendría un impacto negativo significativo sobre la debilitada economía boliviana.
“Incluirse en esa lista hundiría más a la economía boliviana”, respondió Romero a una consulta de Bloomberg Línea.
También advirtió que la inclusión en la lista afectaría directamente la percepción de Bolivia en el exterior, frenando inversiones, créditos internacionales y hasta el turismo. “Creo que sería un golpe muy duro y afectaría a posibles financiamientos, inversiones y la percepción de cualquier persona del mundo de poder llegar, inclusive, a invertir o realizar turismo”, afirmó.
Fortun, del Instituto Internacional de Finanzas, manifiesta que ser parte de la lista gris de GAFI implica que “las instituciones financieras extranjeras aplican controles más estrictos a todas las operaciones relacionadas”.
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Esto podría derivar en el cierre de relaciones de corresponsalía bancaria, el encarecimiento de transferencias internacionales y un deterioro de la reputación país.
A la vez, esto limitaría la atracción de inversión extranjera directa, dificultaría el financiamiento del comercio exterior y desalentarían los capitales de portafolio.
Si bien el impacto operativo podría parecer limitado por el escaso acceso de Bolivia al capital internacional, el riesgo mayor está en comprometer aún más su futuro económico.
Según el economista del Instituto Internacional de Finanzas, “la inclusión en la lista gris debilita la credibilidad del país frente a potenciales prestamistas” y puede conducir a “una reducción progresiva de la disponibilidad de fondos externos, incluso en esquemas de financiamiento multilateral”.
Un momento económico delicado
El posible golpe reputacional ocurre, además, en un contexto de alta fragilidad macroeconómica.
“La presión cambiaria y la fuerte demanda interna de dólares reflejan una fragilidad estructural que ya está tensionando el régimen de tipo de cambio”, advierte Fortun.
Con una caída sostenida de reservas internacionales y escasas fuentes de financiamiento nuevas, considera que el margen de maniobra macroeconómico está severamente restringido, en un entorno político también debilitado por la cercanía de las elecciones presidenciales.
En este contexto, ingresar a la lista gris podría comprometer aún más la capacidad del país para sostener su esquema económico “sin un ajuste abrupto”, de acuerdo al economista.
Un sistema antilavado incompleto
Un factor central para evitar la inclusión es la aprobación de una ley que habilite técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos o interceptación legal de comunicaciones, con miras a desarticular redes criminales complejas y llevar los casos a una instancia penal con resultados efectivos.
Fortun advierte que “sin estas herramientas procesales, los sistemas antilavado quedan debilitados y expuestos a ser calificados como ineficaces”, incluso si existen avances legales en otras áreas.
La falta de esta norma sería vista como una carencia estructural que limita la capacidad operativa de las autoridades.
En este sentido, los analistas consideran que la aprobación de esta ley no debe verse como una medida secundaria, sino como un componente central del proceso de evaluación.
El 90% de cumplimiento técnico no basta
El Gobierno Bolivia dice que ha cumplido técnicamente con el 90% de las recomendaciones del GAFI, pero eso no sería suficiente.
“El enfoque actual del GAFI combina el cumplimiento normativo con la efectividad en la aplicación de las medidas”, indica Fortun. La falta de resultados judiciales concretos y de la ley sobre técnicas especiales podría reforzar la percepción de debilidad institucional.
Además, según Fortun, si persiste la fragmentación política y la narrativa oficial continúa señalando al Congreso como único responsable, esto puede interpretarse como una “evasión de responsabilidades y una falta de voluntad política para abordar de manera integral las deficiencias del sistema antilavado”.
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Lecciones y advertencias para Bolivia
Los casos de Sudáfrica, Filipinas, Líbano y Emiratos Árabes Unidos ofrecen paralelismos y advertencias para el país sudamericano.
Bolivia, según Fortun, “todavía tiene margen para actuar”, pero el tiempo se agota.
De hecho, advierte que puede correr el riesgo de caer en un deterioro institucional más profundo, como ocurrió en Líbano.
De acuerdo al experto del IIF, en el Líbano la ausencia de capacidades institucionales mínimas impidió avanzar en investigaciones y generó una pérdida de credibilidad que profundizó su aislamiento financiero.
Por contraste, Filipinas logró salir de la lista gris luego de implementar una serie de reformas que fortalecieron sus capacidades operativas, entre ellas el uso de técnicas especiales en procesos judiciales clave.
En el caso de Bolivia, salir rápidamente sería más difícil que en 2013, no por falta de capacidad técnica, sino por “ausencia de una señal política clara de que el país está dispuesto a articular una respuesta interinstitucional seria, transparente y creíble”, remató Fortun. La amenaza para Bolivia se mantiene “y sobre todo, porque sería otra bomba de tiempo más que la actual administración estaría dejando a quien resulte electo en agosto”.
