Bloomberg — Bolivia está repleta del metal para baterías más codiciado del mundo: el litio. Pero casi todos sus recursos se encuentran atrapados bajo tierra.
El presidente electo Rodrigo Paz, que asumirá el sábado, promete finalmente convertir a Bolivia en un exportador de litio para aliviar la grave crisis económica del país. Su equipo planea empezar revisando los contratos opacos firmados con empresas chinas y rusas, certificar las reservas y redactar una nueva legislación. Sin embargo, ante un mercado saturado y desafíos logísticos, el país sin salida al mar no tiene tiempo que perder, advierten expertos y funcionarios salientes.
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“Empezar de cero significaría un gran costo”, señaló el presidente saliente, Luis Arce, en una entrevista. “Podemos perder el tren”.
Paz, un centrista que derrotó al conservador Jorge Quiroga en la segunda vuelta del mes pasado, enfrenta la presión de resolver rápidamente la escasez de dólares y combustibles, y de controlar una inflación desbordada que puso fin a dos décadas de gobiernos socialistas. La promesa de su administración de revisar los contratos de litio con China y Rusia coincide con su plan de recomponer las relaciones con Estados Unidos.
Los gobiernos de izquierda anteriores en Bolivia intentaron en repetidas ocasiones extraer litio a gran escala, principalmente a través de una empresa minera estatal. En juego está una vasta extensión de salares —que apenas han sido tocados—, la cual podría ayudar a impulsar la transición global hacia los vehículos eléctricos.
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Bolivia posee el doble de recursos que su vecino Chile, pero aún no se consideran comercialmente viables según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los depósitos suspendidos en salmuera contienen altos niveles de magnesio, lo que encarece la producción de litio, y el puerto más cercano, ubicado en Chile, está a más de 480 kilómetros de distancia.
El gobierno de Arce apostó por nuevas técnicas de extracción directa para sortear los problemas de pureza y acelerar la producción. El año pasado, la empresa estatal de litio YLB firmó acuerdos con una filial de la china Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) y la rusa Uranium One para desarrollar proyectos utilizando ese método. Ninguno de los dos está cerca de la producción comercial y ambos se enfrentan al escrutinio del Congreso.
Un alto asesor económico de Paz prometió una revisión. “Si hubiera algo positivo que retomar, se va a retomar. Pero nosotros creemos que esos contratos de litio han sido hechos a espaldas de las regiones y el país”, dijo José Luis Lupo a Bloomberg News.
“No hay certificación de litio, no hay nueva ley del litio. Hay mucho por hacer antes, pero obviamente no vamos a actuar fundamentalistamente”, añadió. “Vamos a ir a revisar qué es lo que se tiene con estas empresas y ver qué se puede rescatar”.
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El embajador ruso en Bolivia, Dmitry Verchenko, declaró a medios locales en febrero que Moscú esperaba la pronta aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia del contrato que firmó Uranium One. La embajada de China no ha hecho comentarios al respecto.
Los analistas coinciden en que Bolivia no puede darse el lujo de empezar de cero, ya que cada vez hay más suministro de litio en el mundo en un mercado que ya está saturado y cambia rápidamente.
Los precios del metal han caído más de 80% desde su récord de fines de 2022. A futuro, los avances tecnológicos con baterías que usan materiales alternativos podrían reducir la demanda.
Pero, en lugar de empezar de cero, el nuevo gobierno debería aprovechar los avances existentes, afirma Andrés Brockmann, exejecutivo de la industria y fundador de la consultora AquaLitos.
De igual modo, cualquier cambio regulatorio debería realizarse con rapidez, utilizando contratos de servicios, en lugar de intentar introducir nuevos modelos como concesiones que podrían estancarse en el Congreso, agregó. El gobierno de Paz también podría reconsiderar las empresas que ya precalificaron en licitaciones previas.
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Con un enfoque pragmático, Bolivia podría comenzar a producir mediante extracción directa en tres o cuatro años, estimó Brockmann.
“La ventana de oportunidad que estamos viendo está por cerrarse”, advirtió. “Si no actuamos rápido, es probable que tengamos una ley muy buena en un tiempo muy malo —de aquí a cinco años— y ya no sea aplicable”.
Por ahora, la contribución de Bolivia al mercado global es insignificante. YLB espera producir unas 3.500 toneladas este año mediante evaporación convencional, muy por debajo de una capacidad de 15.000 toneladas. Chile produce unas 300.000 toneladas anuales.
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Incluso si Paz logra crear un entorno regulatorio aceptable para los inversionistas, los políticos y las comunidades, será difícil convertir a Bolivia en un productor relevante en el corto plazo, señaló Federico Gay, analista de Benchmark Mineral Intelligence. El historial de inestabilidad política y social y de cancelaciones de contratos del país, poco favorable para los inversionistas, tardará tiempo en repararse, mientras que la ampliación de las operaciones de extracción directa llevará años.
“La realidad es que Bolivia tiene una larga historia de mala reputación en materia de inversión extranjera, lo que exige mayores garantías del gobierno”, dijo Gay. “No veo una producción significativa de Bolivia antes de que termine la década”.
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