Bloomberg Línea — La inclusión de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) supone un nuevo golpe para la economía y la reputación del país andino, aislándolo posiblemente aún más del sistema financiero global en medio de las presiones que actualmente enfrenta.
Bolivia fue incluida la semana pasada a la lista gris de GAFI a pesar de que el Gobierno boliviano había dicho que ya se había cumplido con más del 90% de las acciones recomendadas por esa entidad tras la evaluación mutua de 2021.
La inclusión en la lista gris del GAFI tiene consecuencias directas sobre el perfil de riesgo del país y su vinculación con el sistema financiero internacional.
El país andino regresa a la lista gris de GAFI más de una década después, ya que en 2011 había sido incluido y consiguió salir solo en 2013, aunque el contexto actual parece más desafiante por la crisis económica que actualmente enfrenta.
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En Bolivia, de cara a las elecciones de agosto, preocupa el financiamiento ilícito por su rol como productor de hoja de coca, su ubicación en rutas de narcotráfico y un gran sector informal con alto uso de efectivo difícil de rastrear, según informó Bloomberg.
“Es una mala noticia que hayamos entrado a la lista gris de GAFI porque esto supone conflictos, problemas y aspectos negativos tanto en lo político como en lo económico”, dijo a Bloomberg Línea Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
Recordó que en los últimos años las agencias calificadoras Fitch Ratings y Moody’s han rebajado la calificación crediticia de Bolivia, lo que refleja un mayor riesgo para los inversionistas.
“Quiere decir que no somos un país atractivo para invertir, hay riesgo para otorgarnos créditos y además hay inseguridad de que podamos cumplir con nuestras obligaciones externas por una posible crisis de balance de pagos y default”, explicó Romero.
Según Romero, la inclusión en la lista gris agrava la percepción de riesgo sobre Bolivia, ya que “te pone en la mira como un país que no está haciendo lo necesario para luchar contra el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito y el financiamiento al terrorismo”.
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Esto, agregó, puede limitar aún más el acceso a créditos e inversiones, tanto de organismos multilaterales como bilaterales, públicos y privados. “En un contexto donde una economía como la boliviana está pasando una situación crítica, pues requiere en todo caso más apoyo financiero a nivel internacional”, advirtió.
Según el analista, algunos de los obstáculos para cumplir con las recomendaciones del GAFI fueron de índole política.
Mencionó que la Ley 386, destinada a combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el terrorismo, fue frenada por temores de que pudiera ser usada de forma coercitiva contra el sector privado y con fines políticos.
Además, recordó que en el presupuesto de 2025 se incluía una disposición para combatir el contrabando y la especulación mediante decomisos, pero “también fue eliminada por el temor de que se utilice de manera política, en contra —digamos, entre comillas— de los enemigos del Estado”.
En su opinión, la inclusión en la lista gris es una herencia que el próximo gobierno deberá afrontar tras las elecciones a Presidencia de 2025. “Este gobierno poco y nada va a poder hacer para subsanar eso. Será tarea del nuevo gobierno estabilizar la economía, corregir las observaciones e implementar la normativa suficiente para ya no ser parte de esa lista”, puntualizó.
Finalmente, subrayó la importancia de avanzar en la lucha contra la legitimación de activos, el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, para mejorar la posición de Bolivia en el sistema financiero internacional.
Lecciones de otros países con inclusión a GAFI
Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), explicó a Bloomberg Línea que en el caso de Filipinas, por ejemplo, la inclusión en 2021 en la lista fue seguida por una reducción significativa en flujos netos de capital y un endurecimiento de las condiciones de financiamiento externo.
“Aunque posteriormente logró revertir esta situación, el episodio confirmó que la reacción de los mercados ante una inclusión es inmediata y tangible”, dijo Fortun.
En el caso de Sudáfrica, la inclusión en la lista gris generó presión sobre activos financieros locales y afectó la disposición de actores institucionales a ampliar líneas de crédito, incluso a pesar de avances legislativos previos.
Fortun manifestó que el país continúa enfrentando escrutinio, y los costos reputacionales han persistido más allá del impacto inmediato.
En “un extremo aún más complejo”, Líbano ilustra cómo la pérdida de credibilidad institucional, sumada a la debilidad del Estado de derecho y la falta de cooperación efectiva con organismos multilaterales, puede traducirse en aislamiento financiero virtual. “Si bien el caso libanés responde a múltiples factores, la desconfianza sistémica en sus instituciones ha sido clave para su exclusión de flujos internacionales”.
Para el caso de Bolivia explicó que la inclusión en la lista gris debilita la credibilidad del país frente a potenciales prestamistas, encarece la estructuración de nuevos programas de crédito y puede llevar a una reducción progresiva de la disponibilidad de fondos externos, incluso en esquemas de financiamiento multilateral.
Según el economista del IIF, el deterioro reputacional ocurre en un momento particularmente delicado para Bolivia.
“La presión cambiaria y la fuerte demanda interna de dólares reflejan una fragilidad estructural que ya está tensionando el régimen de tipo de cambio. La falta de nuevas fuentes de financiamiento, sumada a una caída sostenida de reservas internacionales, restringe severamente el margen de maniobra macroeconómico”, dijo Fortun.
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