Recursos naturales no alcanzan para dar liquidez inmediata a Bolivia, advierte S&P

La consultora internacional considera que el país necesitará asistencia financiera de organismos multilaterales para garantizar la estabilidad económica de mediano plazo

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Indústria gás Bolívia
20 de noviembre, 2025 | 12:10 PM

Bloomberg Línea — S&P Global Market Intelligence advirtió que es poco probable que los recursos naturales de Bolivia puedan generar liquidez inmediata para aliviar la necesidad de importaciones, combustible y dólares, ni mejorar la estabilidad económica en un horizonte de 6 a 12 meses.

En particular, los analistas se enfocan en un reporte en los problemas que está teniendo el país en relación con el gas y al litio, este último sin alcanzar aún escala comercial.

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Es probable que el gobierno también requiera asistencia financiera de organismos multilaterales para este propósito", señala el documento publicado por la firma de análisis financiero.

El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, asumió el cargo precisamente con el reto de estabilizar la economía y paliar la falta de reservas en divisa, que genera escasez de combustible, dólares y alimentos.

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Necesidad de asistencia

El reporte indica que los recursos naturales de Bolivia son abundantes, pero aclara que “el tiempo requerido para desarrollar hidrocarburos y litio implica que no podrán generar liquidez inmediata para aliviar escasez ni mejorar la estabilidad económica de aquí a un año".

De esta forma, los analistas de S&P Global proyectan que el nuevo gobierno probablemente necesitará asistencia financiera del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, particularmente, del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cuanto a un posible acuerdo con el FMI, S&P Global supone que podría ser mediante un programa del tipo Extended Fund Facility, como el recientemente cerrado con Argentina por aproximadamente US$20.000 millones. “Anuncios de este tipo de apoyo serían un indicador positivo para reducir interrupciones en la cadena de suministro y operaciones y recuperar la estabilidad económica a mediano plazo", indica el documento.

La delicada situación del gas boliviano

Las perspectivas para el sector del gas natural muestran una caída fuerte de la producción desde 2014: pasó de 22.400 millones de metros cúbicos a 12.000 millones en 2024.

El informe atribuye esta baja a “la falta de inversión en nuevos proyectos de exploración”, lo que dejó reservas insuficientes para reemplazar la declinación de campos como Margarita, Sábalo, Incahuasi y San Alberto.

S&P Global señala también que Bolivia perdió a Argentina como mercado de exportación en 2024 por el aumento de la oferta interna argentina.

Bajo esa lectura del informe, el gobierno tiene ahora la urgencia de elevar la producción para generar divisas por exportación y asegurar el abastecimiento interno, incluida la electricidad.

Las propuestas de Paz incluyen, según el estudio, una nueva certificación de reservas para dar transparencia, un proyecto de ley con incentivos “legales y fiscales” a la inversión —sin detalles aún— y una nueva Ley de Hidrocarburos que abriría más espacio a privados y mejoraría la seguridad jurídica. Los autores del informe interpretan que el objetivo es modificar los roles de YPFB y la ANH para facilitar nuevos proyectos de exploración y producción.

En este contexto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, planteó usar asociaciones público-privadas para ampliar la infraestructura energética.

Según la lectura de la consultora internacional, estas iniciativas tendrían apoyo en el Congreso, aunque podrían enfrentar resistencia social por la participación extranjera en el gas.

Los analistas de S&P Global recuerdan como antecedente el conflicto del gas de 2003, cuando las protestas contra los planes de exportación derivaron en 67 muertes, la salida del presidente Sánchez de Lozada y, más tarde, la nacionalización del sector bajo el MAS.

El gobierno prevé auditorías a empresas estatales para reducir gasto y mejorar eficiencia. YPFB será prioritaria, con posibles recortes y mayor rol privado, incluida la opción de permitir importaciones de combustible. El estudio también advierte un riesgo elevado de revisiones o renegociaciones de contratos si se detectan irregularidades.

La industria del litio sigue sin desarrollarse

Pese a ser el país con mayor potencial de recursos de litio, Bolivia está estancado en la materia: este mineral aún no alcanza producción a escala comercial en territorio boliviano, a pesar de los compromisos gubernamentales de desarrollar las vastas reservas en los departamentos de Potosí y Oruro.

El nuevo gobierno planea nuevas leyes para hidrocarburos, minería y litio, con el objetivo de reducir la regulación e incrementar la protección legal y la rentabilidad para los inversores.

De todas maneras, el informe señala, como proyección propia, que los ingresos por litio podrían ser relevantes en el futuro y complementar los del gas, pero su desarrollo tomará tiempo.

Calcula un horizonte de 3 a 5 años para legislación, licitación, certificación de recursos, obras de infraestructura y producción comercial, por lo que —según la lectura del reporte— no resolverá las necesidades inmediatas de divisas ni de abastecimiento de combustibles.

En el documento también se estima que Bolivia enfrenta hoy una competencia más exigente que en el ciclo anterior, con Argentina, Chile y Australia avanzando con marcos regulatorios e inversiones más competitivas.

El sector minero, más estable

A diferencia del gas, las exportaciones de metales en Bolivia se han mantenido relativamente estables, con ingresos mayormente provenientes de zinc, plata y plomo. Aun así, Paz planea aumentar significativamente la producción minera.

Sus propuestas incluyen:

  • Una nueva Ley de Minería para fortalecer el marco legal para la inversión, reducir impuestos y otorgar concesiones a empresas privadas, aunque no se han dado más detalles.
  • También busca formalizar las cooperativas mineras (como parte de un esfuerzo más amplio de formalización de la economía informal, que representa el 85% del país) y aumentar la transparencia en la cadena de suministro minera.
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