Bloomberg Línea — Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación crediticia de Bolivia a largo plazo de ‘CCC+’ a ‘CCC-’, con perspectiva negativa, debido al aumento del servicio de la deuda, lo que podría dificultar aún más el acceso del país andino a financiamiento.
La agencia de calificación de riesgo señaló que la perspectiva negativa refleja “el deterioro del perfil externo de Bolivia, lo que podría afectar la capacidad del gobierno para pagar su deuda en los próximos seis a doce meses”.
Según S&P, “el estancamiento político y el acceso limitado a los mercados externos de bonos siguen limitando la capacidad del país para revertir la erosión de su liquidez externa y su posición fiscal, lo que plantea riesgos para la estabilidad económica y monetaria”.
La firma también advirtió que “las disputas políticas en medio de las próximas elecciones limitarán la capacidad del gobierno para abordar los desequilibrios macroeconómicos, como la creciente brecha en el tipo de cambio paralelo y la creciente inflación”.
La rebaja de la calificación refuerza la percepción de un deterioro en la capacidad de Bolivia para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que complica aún más su acceso a fuentes de financiamiento externas.
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El escenario para Bolivia tiene una agravante: el país fue incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aislándolo posiblemente aún más del sistema financiero global en medio de las presiones que actualmente enfrenta.
En su previsión más negativa, S&P dijo que podría rebajar nuevamente la calificación crediticia de Bolivia en los próximos seis a doce meses si se evidencia un mayor riesgo para el cumplimiento del servicio de la deuda.
La agencia incluso señaló que “podríamos considerar un intercambio o reestructuración de deuda como una situación de riesgo y equivalente a un impago con una calificación tan baja”.
En un escenario más optimista, S&P señaló que podría elevar la calificación en el mismo plazo si el gobierno implementa “políticas decisivas” que fortalezcan la liquidez externa del país y contribuyan a un perfil fiscal más sostenible.
“Abordar el deterioro de los desequilibrios macroeconómicos sería un primer paso para mejorar la confianza de los inversionistas y obtener un mejor acceso a los mercados de deuda externa”, añadió.
En abril, Moody’s también rebajó la calificación de Bolivia desde Caa3 a Ca, situándose en el grado especulativo. Fitch Ratings ya había recortado la calificación crediticia de Bolivia a CCC- desde CCC en enero.
Las agencias coinciden en que persisten riesgos de un default y de una crisis de balanza de pagos debido a indicadores económicos negativos, en un escenario con mucha incertidumbre y volatilidad tanto política y social, según Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
Romero explicó a Bloomberg Línea que el escenario se ve agravado por desequilibrios fiscales persistentes, presiones sobre el tipo de cambio y una creciente brecha entre el dólar oficial y el paralelo. “La situación se vuelve más crónica o aguda por la incertidumbre política, los bloqueos y la conflictividad social, que debilitan la capacidad de gobernanza del país”, explicó.
Aunque se plantea que las soluciones podrían pasar por medidas estructurales de ajuste, “los tiempos apremian” y la falta de consensos políticos podría limitar la posibilidad de una respuesta eficaz en el corto plazo. “Esas calificaciones nos apuntan a un riesgo muy real”, dijo el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
Las causas de la rebaja de calificación crediticia de Bolivia
Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), había explicado en el marco de la rebaja de calificación de Moody’s que el trasfondo estructural que justifica estas medidas tiene que ver con la combinación de déficits persistentes, reservas líquidas muy limitadas y una caída abrupta de los ingresos por exportaciones energéticas.
Consideró además que la rebaja de la calificación no solo es un juicio técnico, sino “también un marcador político que anticipa una crisis de gobernabilidad si el país no redefine urgentemente su régimen fiscal y su inserción financiera”.
De acuerdo con datos aportados por el economista del IIF, Bolivia mantiene un déficit fiscal persistente que se aproxima al 10,5% del PIB, según estimaciones más recientes.
Aunque considera que este podría ser mayor si se incorporan los balances negativos de las empresas públicas, en especial Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En ese caso, el déficit consolidado del sector público superaría el 15% del PIB.
“El desafío, por tanto, no es el tamaño del stock de deuda, sino la falta de mecanismos sostenibles para financiar ese desequilibrio estructural”, según Fortun.
Sumado a todo lo anterior, el país enfrenta un deterioro en su capacidad de generación de divisas.
De un lado, las exportaciones de hidrocarburos han colapsado, los contratos con Argentina ya no existen y el flujo hacia Brasil es cada vez más marginal. Para Fortun, “esto ha llevado a una situación donde el Estado ya no gana dólares, sino que los gasta”.
De otra parte, el Banco Central ha informado que las reservas brutas alcanzaron los US$2.300 millones en marzo de 2025, pero se trata en gran parte de activos no líquidos.
El componente en efectivo continúa siendo extremadamente bajo.
A efectos prácticos, “Bolivia carece de un colchón externo para responder a cualquier tipo de choque, sea financiero, comercial o energético”, remató Fortun.
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