Bloomberg — Los jueces brasileños Alexandre de Moraes y Flavio Dino votaron el martes para declarar culpable a Jair Bolsonaro de los cargos de golpe de Estado, lo que coloca a un panel de la Corte Suprema al borde de alcanzar una mayoría para condenar al expresidente.
Moraes y Dino fueron los primeros miembros del panel de cinco jueces en emitir su voto en el histórico juicio, el primero en el que un exmandatario enfrenta cargos por intento de golpe de Estado en la nación más grande de América Latina.
Bolsonaro está acusado de conspirar para aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022, y los fiscales alegan que tenía conocimiento de planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.
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La votación continuará el miércoles, y el juez Luiz Fux será el próximo en emitir su decisión. Se requiere una mayoría para condenar o absolver a Bolsonaro, quien niega haber cometido delitos. Como cada votación puede durar horas, el veredicto podría llegar en cualquier momento antes del viernes, cuando está previsto que concluya el juicio.
“Brasil casi vuelve a una dictadura porque una organización criminal, formada por un grupo político liderado por Jair Bolsonaro, no entiende que la transferencia de poder es un principio democrático y republicano”, dijo Moraes como parte de una votación que le llevó casi cinco horas leer. “Estamos hablando de un intento de permanecer en el poder a toda costa”.
El juez calificó de “hecho indiscutible” que Bolsonaro se reunió con líderes militares brasileños para discutir formas en que podría permanecer en el poder.
“No hay duda”, dijo, “de que hubo un intento de golpe”.
Las autoridades han presentado el caso como un momento histórico para la democracia de Brasil, una nación que ha experimentado más de una docena de intentos de golpe pero que nunca ha procesado a un alto cargo por participar en uno.
Es probable que tenga ramificaciones dentro y fuera del país, remodelando potencialmente el panorama de las elecciones presidenciales de 2026 al tiempo que atrae el escrutinio de Donald Trump. El líder estadounidense ha impuesto fuertes aranceles a muchos productos brasileños y sanciones a Moraes en un esfuerzo por detener el juicio que ha descrito como una “caza de brujas”.
Bolsonaro, un excapitán del Ejército que dirigió Brasil de 2019 a 2022, se enfrenta a cinco cargos relacionados con el supuesto complot. Ha acusado al tribunal de persecución política. Podrá apelar un veredicto de culpabilidad.
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Los presuntos delitos conllevan una pena máxima de 43 años entre rejas. En caso de condena, los cinco magistrados celebrarían una votación posterior para fijar la sentencia. Bolsonaro, de 70 años, se encuentra bajo arresto domiciliario desde principios de agosto.
El caso se deriva de una investigación sobre el intento de insurrección del 8 de enero de 2023 en Brasilia, donde miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron edificios federales mientras instaban a los militares a derrocar a Lula una semana después de que asumiera el cargo.
Los disturbios se produjeron casi dos años después de los ataques al Capitolio estadounidense que siguieron a la derrota electoral de Trump en 2020. Trump se enfrentó más tarde a acusaciones de que había conspirado ilegalmente para obstruir la votación, pero los fiscales las retiraron después de que ganara las elecciones de 2024, citando la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Dino arremetió contra el líder estadounidense durante su votación, sin nombrarle específicamente.
“¿La gente realmente cree que un tuit de un gobierno extranjero cambiará un fallo de la Corte Suprema?”, preguntó.
Bolsonaro, que pasó meses pidiendo ayuda a Trump, ha insistido en que intentará una remontada similar en 2026. El tribunal electoral de Brasil, sin embargo, le prohibió buscar u ocupar cargos públicos durante ocho años por difundir teorías conspirativas sobre la votación de 2022.
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Los inversores y los líderes de los partidos centristas le han presionado para que nombre un sucesor, y muchos se decantan por el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, exministro del gobierno de Bolsonaro.
Los aliados de Bolsonaro han presionado a los líderes del Congreso para que aprueben una legislación que le conceda una amnistía legal. La idea está ganando tracción en la cámara baja pero se enfrenta a la resistencia del Senado, y probablemente estaría sujeta a desafíos constitucionales en el Tribunal Supremo si se aprueba.
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