Bloomberg — El estado brasileño de Rondônia ignoró el consejo de su equipo jurídico ambiental y revocó una multa contra JBS NV, la mayor procesadora de carne del mundo, impuesta por la compra de ganado criado en una devastada reserva en la selva tropical.
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El fiscal general del Estado determinó el mes pasado que la multa era inapropiada porque JBS había adquirido las reses antes de 2022, cuando la legislación fue modificada para prohibir la compra de ganado proveniente de áreas de conservación deforestadas ilegalmente, según registros administrativos estatales a los que tuvo acceso Bloomberg News.
La decisión pone en riesgo cuatro años de trabajo de inspectores y fiscales estatales, que habían multado y demandado a mataderos por adquirir miles de reses de haciendas dentro de la reserva Jaci-Paraná. Creada en 1996 para el uso sostenible de recolectores de caucho y castaña de Brasil, Jaci-Paraná pasó de estar cubierta por selva a tener hoy una extensión de pastizales equivalente al área del Gran Londres, donde pastan más de 200.000 cabezas de ganado.
“Responsabilizar a los eslabones de la cadena de suministro por la deforestación ilegal es esencial para detener la destrucción”, dijo Jair Schmitt, jefe de protección ambiental del Insdtituto Brasileño del Medio Ambiente, Ibama, que también ha multado a procesadoras de carne, en una entrevista en la que habló de forma general sobre el tema.
La Fiscalía General de Rondônia ha presentado unas 50 demandas contra frigoríficos, entre ellos los gigantes JBS, MBRF Global Foods SA y Minerva SA, por supuestamente adquirir miles de reses de haciendas dentro de la reserva entre 2017 y 2021. Las acciones judiciales buscan un total combinado de US$130 millones para restaurar parte de las 150.000 hectáreas (370.000 acres) de selva talada y reforzar la aplicación de las leyes ambientales, según documentos judiciales.
En el caso de JBS, la empresa argumentó que no podía ser responsabilizada por la compra de 55 reses en 2017 porque ocurrió cinco años antes de la enmienda legislativa, entre otros factores.
Los argumentos de JBS fueron inicialmente rechazados por Aparício Paixão Ribeiro Júnior, director ambiental de la Fiscalía General de Rondônia. En una presentación del 7 de agosto, coincidió con el criterio de sus colegas que impulsaron las demandas, al sostener que la legislación anterior a 2022 seguía siendo aplicable y que la ley brasileña responsabiliza no solo a quienes causan daño ambiental, sino también a quienes se benefician de él.
Sin embargo, tres semanas después, una segunda opinión firmada por su superior, el fiscal general Thiago Alencar, afirmó lo contrario y dio la razón a JBS. En su dictamen, señaló que antes de 2022 la legislación solo sancionaba las acciones directas contra la vegetación, no conductas indirectas como la compra de ganado.
La oficina ambiental decidió el 8 de septiembre anular la multa impuesta a JBS, que ascendía a US$388.000.
JBS declaró que el ganadero que le vendió las 55 reses dentro de la reserva proporcionó coordenadas geográficas falsas y agregó que desde entonces ha bloqueado al proveedor para impedir futuras ventas a sus plantas. Según los registros judiciales, JBS aún enfrenta cinco demandas por supuestas compras de ganado criado en Jaci-Paraná, donde también ha sido multada 11 veces.
La reciente decisión sobre JBS pone de relieve la dificultad de aplicar sanciones en la industria cárnica, el principal motor de la deforestación.
Cada multa presentada por Rondônia tras las investigaciones de 2021 a 2023 usa un formato estándar, lo que significa que el fallo en favor de JBS podría sentar un precedente para liberar a otras empresas de sanciones similares, explicó el fiscal estatal Pablo Viscardi, coordinador interino de la sección ambiental del Ministerio Público. La oficina de Viscardi actúa de manera independiente de la Fiscalía General del Estado.
“El fallo también debilita las demandas, ya que todas se basan en los autos de infracción, aunque no es suficiente para desestimarlas, pues existen otros argumentos que las sustentan”, señaló.
El Ministerio Público del Estado de Rondônia, un organismo independiente que representa al público en causas legales, no puede apelar la decisión administrativa que anuló la multa de JBS. No obstante, informó que continuará apoyando a la fiscalía estatal en las demandas en curso contra mataderos y ganaderos.
MBRF Global Foods y Minerva declinaron comentar sobre los procesos, pero afirmaron mantener prácticas estrictas de rastreo de ganado.
En total, diez mataderos han sido multados y demandados por comprar ganado de Jaci-Paraná. Los mayores compradores, Distriboi y Frigorífico Irmãos Gonçalves (Frigon), ya fueron hallados culpables por un tribunal de primera instancia. Ninguno respondió a las solicitudes de comentario.
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