Bloomberg — El Gobierno de Brasil está estudiando posibles respuestas a nuevas sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump, incluyendo un límite al pago de dividendos por parte de empresas estadounidenses con operaciones en Brasil, según el diario O Estado de S. Paulo.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está intensificando sus deliberaciones sobre posibles medidas después de que el gobierno estadounidense anunciara que revocaba los visados de algunos magistrados del Tribunal Supremo brasileño. La medida se tomó después de que el juez Alexandre de Moraes enviara a la policía a allanar la casa del expresidente Jair Bolsonaro antes de su juicio por acusaciones de intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder.
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El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, negó que Brasil esté considerando límites a los dividendos como represalia contra Estados Unidos, informó Reuters citando una declaración.
El gobierno brasileño también está considerando poner fin a la concesión de licencias de patentes de medicamentos estadounidenses e imponer impuestos a las grandes empresas tecnológicas, según O Estado de S. Paulo y O Globo. Aún no ha tomado una decisión y cualquier medida requerirá la aprobación de Lula, dijeron los periódicos.
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El gobierno pretende continuar las negociaciones diplomáticas con la administración Trump, dijo O Estado de S. Paulo, añadiendo que cualquier medida de represalia puede ser adoptada después del 2 de agosto. El gobierno estadounidense ha anunciado un arancel del 50% sobre Brasil que entrará en vigor el 1 de agosto, que Trump ha vinculado a las acusaciones contra Bolsonaro.
El gobierno está estudiando un impuesto sobre los servicios digitales ofrecidos por las grandes empresas tecnológicas, con diferentes tasas dependiendo de sus ingresos, informó O Globo, diciendo que la medida está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda.
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Lula dijo el sábado que está seguro de que “ningún tipo de intimidación o amenaza de nadie” comprometerá a las instituciones de la nación en su misión de defender el estado de derecho.
“La interferencia de un país en el poder judicial de otro es inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones”, según una declaración publicada por el presidente brasileño en la que ofrece su apoyo a los magistrados del Tribunal Supremo.
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