Bloomberg — La Corte Suprema de Brasil confirmó gran parte del decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que aumentó los impuestos a las transacciones financieras, proporcionando al izquierdista un impulso fiscal antes de las elecciones del próximo año.
La decisión, dictada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes a última hora del miércoles, restablece la mayor parte del llamado impuesto IOF, cuyos aumentos el Congreso votó para anular en junio. Moraes anuló solo una medida relacionada con el gravamen de las operaciones de financiación de la cadena de suministro conocidas como “forfait”.
El Ministerio de Finanzas de Brasil había previsto inicialmente unos ingresos de 12.000 millones de reales (US$2.200 millones) este año y de 31.000 millones de reales en 2026 por el aumento del impuesto IOF. Ahora calcula que la sentencia del tribunal reducirá esas cantidades en 450 millones de reales en 2025 y en 3.500 millones en 2026.
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Aún así, la decisión del tribunal fue vista inmediatamente como una victoria por el gobierno de Lula. Contribuye “al restablecimiento de la armonía entre los poderes del Estado y pone de relieve cómo el diálogo es esencial para el retorno a la normalidad institucional en el país”, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Durante meses, Lula y el Congreso han mantenido un duelo sobre el plan IOF, que se ha convertido en clave para los esfuerzos del ministro de Finanzas, Fernando Haddad, por lograr un presupuesto equilibrado este año.
A principios de julio, Moraes suspendió tanto el decreto de la administración como la orden del Congreso que lo anulaba. Posteriormente, el gobierno recurrió al Tribunal Supremo para preservar la legislación, alegando que el intento de los legisladores de bloquearla era inconstitucional.
Una audiencia conciliatoria entre ambas partes terminó sin resolución el martes, dejando la decisión en manos del juez Moraes.
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El gobierno ha advertido que, sin los ingresos generados por el decreto, se vería obligado a paralizar desembolsos adicionales a los miles de millones de dólares de financiación que ya había congelado para equilibrar sus cuentas.
Lula, antiguo sindicalista, aprovechó la disputa sobre la subida de impuestos para afirmar que su gobierno trabajaba para proteger a los trabajadores brasileños, mientras que sus oponentes en el Congreso trabajaban en nombre de los intereses de los ricos.
Con la colaboración de Andrew Rosati.
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