Bloomberg Línea — El presidente chileno, Gabriel Boric, ordenó sumarios “sin excepciones” por el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público en Chile, burlando las normativas laborales.
El Gobierno chileno reaccionó al escándalo de licencias médicas que habrían sido utilizadas de manera fraudulenta por parte de empleados públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que, entre 2023 y 2024, un total de 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero tras haber solicitado licencias médicas.
“Todos quienes hayan hecho mal uso de licencias (o exista una sospecha fundada de ello) en el gobierno central deberán enfrentar un sumario", expresó el mandatario chileno en su cuenta de X. Y aclaró: “Sin excepciones".
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Además, el presidente Boric manifestó que el Estado tiene el derecho de “exigir renuncia inmediata a cargos de exclusiva confianza".
El caso generó un rechazo generalizado en el país.
Desde la oposición anunciaron que acudirán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público para perseguir y sancionar a los responsables.
Por su parte, el Gobierno ya informó que iniciará una serie de sumarios e investigaciones internas en las 788 reparticiones involucradas.
Certificados objetados
El ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel, comunicó este miércoles que alrededor de un tercio de los cerca de 36.000 certificados objetados por la Contraloría General de la República —que involucran a unos 25.000 trabajadores— corresponde al Gobierno Central, lo que equivale aproximadamente a 8.000 casos.
La discrepancia entre los 6.000 sumarios administrativos abiertos y los 8.000 funcionarios identificados se debe a que 1.102 de ellos ya no forman parte de sus instituciones.
En diálogo con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, subrayó que, de comprobarse un uso indebido de licencias, se estaría frente a una falta de probidad. “Y si hay falta de probidad, la sanción corresponde que sea la destitución”, afirmó.
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El sumario en cuestión requiere responder tres preguntas: el motivo de la licencia, el viaje realizado y su justificación. Además, no se necesitan testigos, lo que acelera los procedimientos.
Al mismo tiempo, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial iniciaron investigaciones internas con el objetivo de establecer si sus respectivos funcionarios incurrieron en irregularidades similares.
Las sanciones contempladas van desde la invalidación de la licencia hasta la expulsión del cargo.
No obstante, en aquellos casos donde no se detecten irregularidades, los involucrados podrían ser absueltos.
