La periodista Fiona Bonati, cuñada del presidente chileno Gabriel Boric, decidió renunciar a su cargo en la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), tras quedar involucrada en una polémica nacional que investiga la utilización indebida de licencias médicas por parte de empleados públicos. Su nombre apareció en un informe que expone a más de 25.000 funcionarios del Estado que, entre 2023 y 2024, salieron del país mientras estaban oficialmente con licencia médica.
Bonati, esposa de Simón Boric —hermano del mandatario—, trabajaba en Segegob desde noviembre de 2020 y percibía un sueldo bruto mensual de poco más de 4 millones de pesos chilenos (CLP$4.046.698), desempeñándose en tareas de monitoreo de prensa y redacción de informes.
Según reveló el canal estatal 24 Horas, presentó su renuncia mediante una carta fechada el miércoles pasado. En ese documento, reconoció los hechos y subrayó que no hubo intención de cometer una falta: “He tomado esta decisión con el firme propósito de contribuir a resguardar el buen funcionamiento y prestigio de la institución”, afirmó en la misiva.
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El caso de Bonati se relaciona con dos salidas del país realizadas durante el año 2023, mientras cursaba una extensión del postnatal, situación que, según indicó, desconocía que estuviera restringida. “Son dos casos que fueron en la extensión de mi postnatal, fue una alergia alimentaria que tenía mi hijo cuando nació. La verdad que yo no sabía que con la extensión del postnatal no podía salir del país”, declaró en diálogo con 24 Horas.
En esa misma línea, enfatizó: “Esto no fue en dolo. No tenía conocimiento. Yo jamás, te lo juro, que jamás pedí una licencia para irme de vacaciones o para irme al exterior”.
El Ejecutivo chileno confirmó que, tras detectarse la situación, la Subsecretaría General de Gobierno abrió un sumario administrativo, actualmente en proceso de investigación. Según informó el propio Gobierno, Bonati presentó su dimisión voluntaria con fecha efectiva del 29 de mayo.
La controversia en torno a Bonati se inscribe en un problema de mucho mayor alcance. La Contraloría General de la República dio a conocer que más de 25.000 trabajadores del sector público salieron del país con licencias médicas activas en el período 2023-2024. En total, se registraron 35.585 licencias médicas asociadas a esos desplazamientos, lo que implica que algunos empleados contaban con más de una. Entre las entidades más afectadas se destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280 licencias, y la Fundación Integra, con 1.934. Muchos de los viajes coincidieron con el inicio de la primavera y el verano en el hemisferio sur, concentrándose entre los meses de septiembre y diciembre.
La Fiscalía Nacional respondió con la apertura de una investigación penal para esclarecer posibles delitos de fraude al fisco. También se está evaluando la actuación de médicos que podrían haber facilitado licencias médicas falsas, así como la de miembros de fuerzas de seguridad, incluidos Carabineros y personal del Ejército, cuyas salidas del país también figuran en los registros.
Ante la magnitud del escándalo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció la conformación de un Comité Nacional de Ausentismo. El organismo tendrá como función principal coordinar medidas para prevenir y sancionar el mal uso de las licencias médicas. Entre las acciones previstas se incluyen sumarios administrativos, recuperación de recursos y el envío de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. “Vamos a trabajar con los organismos fiscalizadores y judiciales para asegurar que estas irregularidades no queden impunes”, afirmó Marcel durante una intervención pública.
Desde la oposición, la exalcaldesa de Providencia y aspirante presidencial por la derecha, Evelyn Matthei, no dudó en calificar la situación como un “fraude”. En declaraciones a la prensa sostuvo que “esto puede ser calificado como un delito de fraude al fisco”. El partido Unión Demócrata Independiente (UDI), por su parte, exigió mediante una carta dirigida al presidente Boric que se remueva a todos los funcionarios implicados en el escándalo. “Este escándalo, calificado con razón como un verdadero fraude masivo al Estado, no puede quedar sin una señal clara de consecuencia y autoridad”, señala la misiva enviada al Ejecutivo.
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La renuncia de Bonati se convierte así en uno de los casos más emblemáticos dentro de una crisis que aún está lejos de resolverse, mientras las instituciones siguen trabajando para delimitar responsabilidades y establecer sanciones
