El impacto económico de los retrasos en la tramitación de permisos ambientales para proyectos de inversión en Chile alcanzó en 2024 un costo superior a los US$2.200 millones, lo que equivale al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo estimó el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), en la segunda edición de su Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP).
Según el informe, los efectos no se limitan a los balances macroeconómicos. La demora en la aprobación ambiental también ha obstaculizado la generación de empleo: de haberse aprobado a tiempo los proyectos retrasados, podrían haberse creado hasta 100.000 puestos de trabajo durante todo su ciclo de vida, incluyendo etapas de construcción, operación y cierre.
“En un momento en que Chile enfrenta una tasa de desempleo del 8,8% con más de 900 mil personas sin trabajo, y un crecimiento económico que no nos alcanza, combatir con decisión la permisología nos permitiría crear una gran cantidad de empleos formales y fortalecer la actividad”, remarcó Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la USS.
Weber señaló, además, que el problema se ha agravado: “dos de cada tres proyectos enfrentaron retrasos más allá de los plazos legales el año pasado, lo que provocó un aumento del perjuicio de la permisología de 0,58% a 0,7% del PIB en tan solo un año”.
En total, el 65% de los proyectos ingresados al sistema de evaluación ambiental en 2024 superaron los plazos establecidos por ley. El informe advierte que el país dispone de una cartera de inversiones en evaluación cercana a los US$100.000 millones y que la agilización del proceso podría cubrir una parte importante de la brecha para alcanzar una meta de crecimiento económico del 4%.
Un sistema con cuellos de botella
La tramitación de proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) mostró una baja relevante: en promedio, se ingresaron solo 111 proyectos por trimestre en 2024, lo que representa una caída del 42% respecto al promedio histórico. Según Cristóbal de la Maza, investigador del Centro de Políticas Públicas de la USS, esta baja refleja el debilitamiento del sistema.
A juicio de De la Maza, “la principal falencia del procedimiento de evaluación es el carácter poco resolutivo del Servicio de Evaluación Ambiental”. Como propuestas de solución, sugiere “eliminar la influencia de servicios sectoriales”, reducir las instancias políticas —como el comité de ministros— y dotar al regulador de mayores atribuciones para aprobar proyectos recurrentes mediante estándares predefinidos.
También plantea la creación de un procedimiento especial para proyectos de infraestructura crítica, con plazos fatales y alcance definido desde el inicio. En esa línea, lamenta que el actual proyecto de reforma del SEIA haya sido removido de las prioridades legislativas: “Es menester perseverar y buscar un acuerdo donde hay consenso”.
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Aprobaciones en alza, tiempos aún largos
Pese a las dificultades del sistema, la inversión aprobada mediante resoluciones ambientales favorables creció. Durante 2024, se visaron proyectos por un total de US$20.700 millones, lo que representa un alza del 66% en comparación con el año anterior. Sin embargo, el tiempo promedio de tramitación sigue siendo elevado.
Los sectores que experimentaron mayores demoras fueron “Saneamiento Ambiental” (530 días en promedio, un 20% más que en 2023), “Infraestructura” (468 días), “Energía” (410 días), “Minería” (363 días) e “Inmobiliario” (351 días). Estas cifras muestran que incluso con resoluciones positivas, los procesos siguen siendo prolongados.
El informe de la USS también detalla que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se aplican a proyectos más complejos, redujeron su tiempo promedio de tramitación en 70 días, pasando de 787 días en 2023 a 717 en 2024. En cambio, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs), dirigidas a iniciativas de menor envergadura, incrementaron su duración en 30 días, alcanzando los 318 días promedio.
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Una oportunidad latente
Desde la Universidad San Sebastián sostienen que la situación actual representa un desafío, pero también una oportunidad concreta para dinamizar la economía del país. Según Weber, si se logra agilizar la tramitación de permisos, “podríamos cubrir un tercio de la brecha que tenemos en el crecimiento de la actividad”. Para eso, advierte, “es necesario actuar de forma inmediata y con una definición clara desde el más alto nivel de gobierno”.
En definitiva, la permisología, entendida como el conjunto de obstáculos administrativos que frenan la inversión, no solo está costando recursos y empleos al país, también representa, en la mirada de los académicos de la USS, un obstáculo evitable que podría corregirse mediante reformas institucionales, voluntad política y una mayor eficiencia regulatoria.
