Bloomberg — El Gobierno de Chile llegó a un acuerdo con los legisladores de la oposición sobre el principal escollo de una propuesta para aumentar los impuestos a las mineras de cobre en el mayor productor del mundo.
En busca de una victoria luego de una serie de derrotas electorales y legislativas, el Gobierno acordó enmendar su proyecto de royalty minero para limitar la tasa impositiva máxima efectiva al 46,5% de la ganancia operativa, desde el 47% anterior. Es la concesión más reciente mientras el proyecto de ley pasa a través de una comisión de Hacienda del Senado antes de una votación en el pleno a finales de esta semana.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, está intentando aumentar la participación del Gobierno en las ganancias del cobre para financiar un mayor gasto social sin socavar la competitividad de la nación como destino de inversión. Están en juego decenas de miles de millones de dólares en proyectos necesarios para ayudar a satisfacer la creciente demanda de metal para cables en la transición hacia la energía limpia.
El límite superior ligeramente más bajo reduciría la tasa impositiva efectiva promedio para los grandes productores a alrededor del 45%, según Juan Carlos Guajardo, quien dirige la consultora Plusmining. Los principales competidores de Chile tienen una carga tributaria del 41% al 44%.
“Chile no quedaría en la mejor parte de la tabla de competitividad con esto, quedaría sobre varios de sus competidores”, dijo Guajardo. “Pero finalmente, la competitividad es el resultado de otros factores y si Chile se ordena en temas como la situación política y los permisos, creo que seguirá siendo un destino de inversión en minería, aunque probablemente con mucha más competencia que antes”.
El lunes, los senadores de la comisión de Hacienda aprobaron una sección del proyecto de ley que introduciría un impuesto ad valorem del 1%. La comisión continuará el martes votando artículo por artículo.
El fin de semana, los partidos de oposición se aseguraron más de la mayoría de tres quintos necesaria para aprobar artículos a voluntad en el Consejo Constitucional que estará encargado de redactar una nueva Carta Magna, en un golpe al Gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso siguió a las derrotas de una propuesta constitucional previa respaldada por Boric y a una amplia propuesta de reforma tributaria.
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