Bloomberg — Con tácticas que podrían haberle valido un premio de periodismo de investigación, la contralora general de Chile está sacudiendo al sector público del país en su guerra contra el despilfarro.
Cotejando los registros de viajes y los certificados de baja médica, Dorothy Pérez ha descubierto que más de 25.000 empleados estatales han viajado a otros países en los últimos dos años, cuando supuestamente estaban en sus camas enfermos. Algunos se tomaron licencias para dedicarse a sus propios negocios, otros para recorrer Europa, mientras otros completaban sus estudios en el exterior.
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El sistema público de salud, que paga los sueldos de los trabajadores mientras están de licencia por enfermedad, se hizo cargo del costo y su gasto total en licencias ascendió a cerca del 1% del PIB (Producto interno bruto), según Pérez, la primera mujer en ocupar el cargo, que cuenta con 49 años de edad.
“Se trata de un fraude que al final acabamos pagando todos”, asegura Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián. “Cada peso gastado en el pago de licencias es un peso menos destinado a la construcción de hospitales públicos y a reducir las listas de espera”.
Era bien sabido que se abusaba del sistema de bajas por enfermedad. Lo que Pérez demostró fue la magnitud del problema y cómo controlarlo.
Hasta el momento, cientos han renunciado a cargos gubernamentales y de empresas estatales como la gigante cuprífera Codelco y el Metro, incluido su gerente de Recursos Humanos, por la polémica, mientras la información recabada por Pérez está en manos de la Fiscalía.
Perfil bajo
El enfoque discreto de Pérez para erradicar el gasto excesivo contrasta con las tácticas de mano dura en EE.UU., donde DOGE, el departamento de eficiencia gubernamental creado por Elon Musk, ha despedido a miles de trabajadores, a menudo sin previo aviso ni explicación.
Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank, estima que el Estado puede ahorrar un 0,5% del PIB, unos US$1.700 millones, si se acaba con el uso abusivo de las licencias médicas.
Pérez, abogada que desempeñó diversos cargos en la institución durante más de una década antes de asumir oficialmente la Contraloría General hace ocho meses, declinó una solicitud de entrevista. Ha mantenido un perfil bajo y no ha concedido entrevistas a los medios desde que asumió el cargo.
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El total de recursos asignados para financiar licencias médicas, tanto en el sector público como en el privado, representó aproximadamente el 1,2 % del PIB en 2022, duplicándose en los 10 años anteriores, según un estudio del centro de estudios Horizontal y la Universidad San Sebastián. El informe también destaca que la mayoría de las licencias médicas son otorgadas por un pequeño grupo de profesionales de la salud.
Impacto político
Chile es uno de los pocos países que cubre a los trabajadores públicos durante toda la licencia médica, sin tope salarial, límite de tiempo ni deducible.
La falta de límites significa que el gobierno ha destinado alrededor del 7% del presupuesto del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a cubrir licencias médicas. Esto no incluye el costo de contratar reemplazos.
El abuso del sistema ahora está alimentando los debates previos a las elecciones presidenciales de noviembre sobre cómo recortar el gasto fiscal y equilibrar el presupuesto.
“La percepción ciudadana de la corrupción aumenta la probabilidad de votar por candidatos externos, candidatos que no respetan las instituciones estatales”, afirmó María José Naudon, jefa del Departamento de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. “Favorece a los extremos de ambos bandos”.
Encuestas recientes muestran una disminución del apoyo a la candidata de centroizquierda Carolina Tohá, en favor de la candidata comunista Jeannette Jara, antes de las primarias de centroizquierda del 29 de junio.
En la derecha, el ultraconservador José Antonio Kast está ganando terreno, superando a la aspirante de centroderecha Evelyn Matthei.
Matthei ha abordado la cuestión proponiendo ahorrar US$500 millones al año mediante una supervisión más estricta de las licencias médicas.
Mientras tanto, Pérez está centrando su atención en instituciones públicas como los gobiernos regionales y la policía. Intenta localizar US$1.600 millones que podrían haberse malversado en medio del caos en sus cuentas fiscales, según un informe que presentó al Congreso la semana pasada.
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